El Ministerio de Hacienda se encuentra detrás del Proyecto de Ley de Rescate Fiscal con el que buscan recaudar y mejorar los recursos de la Nación. La cartera incluyó entre las propuestas de esta reforma la optimización y monetización de activos del Estado. En el resumen ejecutivo que reposa en la gaceta del Congreso, Minhacienda indica que "la eficiencia en la gestión del patrimonio público constituye un instrumento para fortalecer las finanzas del Estado, racionalizar el uso de los recursos públicos y liberar capacidades institucionales para el cumplimiento de sus funciones prioritarias".
La cartera aseguró que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos para la movilización de activos estatales y la enajenación de la propiedad accionaria pública, pero agregó que "la experiencia en la aplicación de estos instrumentos evidencia oportunidades de mejora relacionadas con los tiempos de ejecución, la actualización de valoraciones, la contratación de servicios especializados y la coordinación entre las entidades titulares de los activos. Estas dificultades pueden prolongar los procesos de monetización, incrementar los costos de transacción y administración, y limitar la capacidad del Estado para aprovechar oportunamente las condiciones del mercado".
De ahí parte la propuesta de establecer "obligaciones de identificación y reporte periódico de los activos que las entidades públicas del orden nacional no requieran para el ejercicio de sus funciones". Con eso se busca ampliar las "categorías de activos susceptibles de movilización e incorpora plazos para su reporte y transferencia a la Central de Inversiones S. A. (CISA)". A través de esta entidad, que ofrece venta y arriendo de bienes inmuebles, el Ministerio de Hacienda pretende una fuenta de ingresos para destinar al servicio de la deuda pública.
"Durante las cuatro vigencias fiscales siguientes a la entrada en vigor de la ley, al menos el 50% de los recursos netos obtenidos por CISA se destinará al servicio de la deuda pública, contribuyendo a atender las necesidades de financiamiento del Gobierno nacional", aseguraron en el resumen ejecutivo. En el texto de la Ley presentada por la cartera, en el artículo 11, indica que se creará el programa de movilización, enajenación y optimización de activos del Estado.
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"Las entidades públicas del orden nacional, incluidas las entidades financieras de carácter estatal, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, deberán identificar los bienes inmuebles, bienes muebles, participaciones accionarias o en el capital social, derechos fiduciarios, derechos económicos, derechos de propiedad intelectual y derechos o posiciones jurídicas a favor de una entidad pública, en cumplimiento de una disposición legal o de una decisión de autoridad competente, y demás activos de su propiedad que no requieran para el ejercicio de sus funciones para efectos de reportarlos al Sistema de Información para la Gestión de Activos (SIGA) administrado por la Central de Inversiones S.A. (CISA)", se lee en el proyecto.
Si se aprueba la Ley con este artículo los activos identificados se transferirán a CISA a título gratuito y mediante acto administrativo. "CISA deberá gestionarlos, administrarlos, sanearlos, valorizarlos y realizar todas las gestiones que conlleven a su monetización. Las operaciones onerosas se realizarán con base en el modelo de valoración de CISA y con mecanismos que garanticen publicidad y libre concurrencia (...) Los recursos netos obtenidos por CISA, descontados los costos de valorización, estructuración, comercialización y la remuneración de la comisión de CISA cuando a ello haya lugar se girarán a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional dentro del mes siguiente a su recaudo, y serán incorporados como recursos de capital del Presupuesto General de la Nación".
MATEO MEDINA ESCOBAR
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