Siete exfuncionarios de la Fundación Peces Vivos, en Ibagué, que brindaba atención a personas con discapacidad mental o psicosocial que eran remitidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), fueron condenados a penas de entre 15 y 17 años de prisión por los vejámenes a los que sometieron a los menores de edad que se encontraban internados en el lugar. Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017 y conmocionaron a Colombia tras conocerse las imágenes de los maltratos. (Lea también: Sopa caliente en la cara, una de las torturas a las que sometían a niños de fundación en Ibagué)
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los imputados fueron responsables de causar sufrimientos físicos y psicológicos a nueve menores de edad. Incluso, vecinos de la fundación habían denunciado los maltratos y aseguraron que “entre varios empleados cada uno los cogía de un brazo, de una pierna y los metían como si fueran un saco de papas”.
Así fueron los malos tratos que dieron a los menores de edad
El fiscal de la Seccional Tolima demostró que “estas personas realizaron prácticas sistemáticas de contención física y psicológica a los pacientes, las cuales perdieron cualquier finalidad terapéutica y fueron utilizadas como mecanismos de castigo, intimidación y sometimiento. La investigación probó que las contenciones eran realizadas de manera reiterada y por motivos que no obedecían a verdaderas emergencias médicas o psiquiátricas. Las inmovilizaciones se aplicaban por conductas como llorar, negarse a comer, discutir, incumplir instrucciones o presentar comportamientos derivados de sus condiciones”, indicó el ente acusador.
Uno de los extrabajadores de la fundación en Ibagué, que decidió trabajar durante unos meses en el sitio para recaudar pruebas y denunciar lo que allí sucedía, aseguró en esa época a Noticias Caracol que a los menores los amarraban “a una silla y ahí los niños se quedaban dormidos o ellos mismos de la misma impotencia se caían y se reventaban la boca y los labios. No eran capaces de llevarlos a un sitio para que los curaran”. Dijo además que “era aterrador porque ver a un niño gritar, suplicarme ayuda, decirme que lo ayudara, que estaba sufriendo. Muchas veces un niño que fue muy allegado a mí me decía ‘tío me quiero morir, acá no me alimentan, acá me maltratan’. Mantenía llorando, mantenía triste, para mí fue demasiado doloroso verlo sufrir tanto”.
Uno de los castigos, según reveló la Fiscalía en 2017, consistía en hacerles mascarilla echándoles sopa caliente en la cara “y luego quitárselas mientras ellos estaban amarrados de pies y manos”. Una vecina sostuvo que, como madre, “uno sabe cuándo un hijo se está quejando por lamento, y es algo muy dentro de ellos que ya no es un quejadito de ‘ay, me dolió un dedo o algo’, no, es un maltrato”. (Lea también: “Los metían como un saco de papas”: crece indignación por tortura a niños en Ibagué)
¿Quiénes son los exfuncionarios condenados?
La directora de la fundación, Johanna Dignore Rodríguez Olaya; la psicóloga Yenifer Stefany Salcedo Cartagena; los auxiliares de enfermería Edison Jaber Calderón Espitia, Paola Andrea Tique Vera, Claudia Maritza Flórez Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao y Paula Andrea Patiño Buitrago. Fueron hallados culpables de los delitos de concierto para delinquir y tortura agravada.
Además de la prisión, quedaron inhabilitados para el ejercicio de derechos y funciones públicas, así como la inhabilitación para el ejercicio de sus profesiones por el mismo lapso de la pena principal en cada caso. No obstante, una de las sentenciadas pagará su pena en prisión domiciliaria y los demás en centros penitenciarios. La decisión es de primera instancia.
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