Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fueron trasladados a la cárcel La Picota en Bogotá tras el pedido hecho por el presidente Abelardo de la Espriella. "¡Se acabó la guachafita y se acabaron los privilegios! Di la orden y hoy se cumplió: Olmedo López y Sneyder Pinilla fueron trasladados a La Picota", aseguró el mandatario.
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López, exdirector de esa entidad, y Pinilla, exsubdirector, enfrentan cargos por haber desviado recursos destinados a atender emergencias, llevar agua a comunidades sin acceso en La Guajira, en el marco de un entramado de corrupción, que incluso puso al descubierto el giro de recursos de esa entidad a congresistas para favorecer el trámite de proyecto de ley del gobierno anterior en el Legislativo.
Pinilla cumple una condena de cinco años y ocho meses por peculado agravado y concierto para delinquir, mientras López, quien negoció acuerdos con la Fiscalía, está señalado de los delitos de peculado, falsedad documental e interés ilícito en contratos, entre otros. Ambos estaban recluidos en la Escuela de Artillería.
¿Qué dijo el abogado de Olmedo López?
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A propósito del traslado de los exdirectivos, el abogado José Moreno, defensor de Olmedo López, habló con Noticias Caracol sobre la situación en la que se encuentra el señalado en este caso de corrupción y mostró su preocupación por la seguridad de su cliente. “En Colombia ya asesinaron dentro de La Picota a un testigo clave que había sido trasladado de un lugar de mayor seguridad, y hoy pretenden llevar allí a ese mismo lugar a Olmedo López, cuya colaboración compromete a más de 20 personas, a altos funcionarios del gobierno. Esto no es una discusión sobre privilegios, sino una alerta urgente para impedir que la historia se repita”, detalló.
Desde la perspectiva de Moreno, no se está solicitando que López tenga privilegios o comodidades especiales, pues se encontraba en un centro de reclusión militar, no en un casino del Ejército ni en un lugar de esparcimiento. “Exigimos algo muy elemental: que el Estado proteja la vida de un testigo bajo su completa custodia y que se respete la decisión judicial que determinó expresamente el centro de reclusión”.
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El defensor de López también mencionó que en el cantón militar “no existe privilegio alguno, ni spa, ni casino, es una cárcel en la cual se encuentran militares”. Insistió en los casos de corrupción en el Inpec y los asesinatos a testigos que han colaborado con la Fiscalía. “El Estado no puede recibir una colaboración con una mano y retirar la protección con la otra. Un privilegio es una ventaja injustificada, mientras que una medida de protección responde a un riesgo particular acreditado que previamente ha valorado un juez”, anotó.
Para el abogado Moreno, se está vulnerando el debido proceso porque existe una orden judicial del Juzgado 35 del 31 de agosto de 2024, que estableció el centro de reclusión militar tras valorar los riesgos y las pruebas.
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