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Mientras que el autoproclamado presidente Nicolás Maduro anunció este lunes un "proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior", que consideró una medida para proteger al pueblo, la paz y la estabilidad "si Venezuela fuera agredida" por Estados Unidos, The New York Times publicó este martes una investigación en la que asegura que en los últimos días se ha intensificado la presión de funcionarios cercanos a Donald Trump para destituir al líder chavista.
El prestigioso medio de comunicación señala, citando a "funcionarios estadounidenses", que se trata "una amplia campaña que intensificaría la presión militar para tratar de forzar" la salida de Maduro del poder en Venezuela. "Esa iniciativa la está liderando Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional. Rubio sostiene que Maduro es un dirigente ilegítimo que supervisa la exportación de drogas a Estados Unidos lo que, según él, implica una "amenaza inminente"", añade el reportaje, al tiempo que señala que "Rubio está perfilando una estrategia más agresiva, utilizando información proporcionada por la CIA".
La investigación periodística anota que tanto el director de la agencia de inteligencia, John Ratcliffe, así como Stephen Miller, principal asesor de política interior de Trump, apoyan el enfoque de Rubio y que incluso "dos altos miembros de la oposición venezolana afirman que su movimiento ha estado planeando qué hacer si cae Maduro y han tenido conversaciones con el gobierno de Trump sobre esa posibilidad".
Estas versiones se conocen después de que el viernes de la semana pasada la cadena NBC News, citando a dos funcionarios estadounidenses anónimos cercanos al asunto, señaló que el Ejército de Estados Unidos está preparando una operación para atacar a narcotraficantes sobre territorio venezolano dentro de unas semanas, una acción que supondría una escalada en un panorama ya de por sí muy tenso ante el nutrido despliegue militar de Washington en el sur del Caribe.
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Aunque los ataques podrían suceder en pocas semanas, Trump aún no ha aprobado ninguna decisión, declararon las fuentes de NBC News, que apuntaron a que lo que se está planeando son ofensivas y bombardeos con drones contra individuos concretos y laboratorios de drogas, sin que se hayan sugerido o conocido nombres puntuales.
El gobierno Trump ha dicho que el contingente estadounidense -compuesto por destructores, buques de transporte anfibio, un submarino de propulsión nuclear o aviones de combate y alrededor de 6.500 soldados- ha destruido a la fecha cuatro narcolanchas en aguas del Caribe que partieron supuestamente de Venezuela con drogas a bordo. Washington acusa al régimen de Maduro de integrar la cúpula del Cartel de los Soles, una organización de la que apenas existe documentación y que según la Casa Blanca envía cargamentos de droga a Estados Unidos. Y, por su parte, Venezuela considera que el operativo militar en el Caribe solo busca ejercer presión para apartar al chavismo del poder.
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El Times cita este martes una entrevista que le hizo Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, para su reportaje. "Maduro no es el dirigente legítimo de Venezuela; es un prófugo de la justicia estadounidense que socava la seguridad regional y envenena a los estadounidenses, y queremos que comparezca ante la justicia", le comentó Pigott a ese medio, y agregó que, en ese sentido, "Estados Unidos participa en una operación contra un cartel de la droga, y cualquier afirmación de que estamos coordinándonos con alguien en algo que no sea este esfuerzo específico es completamente falsa".
Lo que señalan fuentes enteradas, en todo caso, es que la reciente escalada militar estadounidense en aguas del Caribe responde en parte a que el gobierno del líder republicano considera que Maduro no está haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de drogas desde su país. "Solo un pequeño número de funcionarios participa en las conversaciones de planificación de la Casa Blanca sobre Venezuela. Algunas personas informadas de las conversaciones sugirieron que Rubio y sus aliados estaban buscando formas de derrocar a Maduro sin tener que recurrir a la acción militar directa de Estados Unidos", señala el Times en su investigación.
La gran pregunta es qué alcance tendrían los planes de la administración de Trump. El régimen de Maduro ha denunciado en reiteradas oportunidades la presencia estadounidense en el Caribe como una "amenaza", pero Estados Unidos defiende esas acciones como parte de un plan para desmantelar las redes criminales en esa zona. A eso se suma que Trump en días pasados rechazó la invitación al diálogo que le hizo Maduro, según informó la Casa Blanca, que explicó que el mandatario estadounidense "ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas provenientes del régimen".
Como bien explica Times en su artículo, el derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza en otro país sin su consentimiento o sin el permiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero aclara que Washington, bajo el gobierno del expresidente Joe Biden, reconoció a Edmundo González como legítimo vencedor de las elecciones de 2024. "Si González anuncia que aprueba una intervención, el gobierno de Trump podría afirmar que eso significa consentimiento", señala ese medio.
Por lo pronto, Maduro informó que arrancó un proceso de consultas sobre el decreto de conmoción externa para "proteger" a Venezuela, que -aseguró- ha sido agredido económica, psicológica y políticamente. De acuerdo con la carta magna, el decreto "será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional (Parlamento) o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad".
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Si bien entra en vigor una vez dictado por el mandatario, el Poder Legislativo y el Judicial tienen la potestad, en caso de que lo consideren, de frenar el decreto, según explicó la ONG Acceso a la Justicia.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
NOTICIAS CARACOL