La visa H-1B es un permiso de trabajo temporal de Estados Unidos dirigido a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas. Este instrumento permite a empresas y organizaciones contratar personal con formación académica específica cuando la vacante requiere conocimientos técnicos o profesionales que no se cubren con la oferta local. El programa fue establecido en 1990 como parte de la legislación migratoria. Su objetivo es facilitar la contratación de profesionales en áreas como tecnología, ingeniería, salud, educación y ciencias.
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Para acceder a esta visa, el proceso debe ser iniciado por un empleador en Estados Unidos, quien presenta la solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. El trabajador no puede pedirla de forma independiente. La duración inicial es de tres años, con posibilidad de extensión hasta un total de seis años. Durante ese periodo, el titular puede trabajar únicamente para el empleador que lo patrocinó, salvo que tramite un cambio autorizado.
El sistema tiene un límite anual. La ley establece 65.000 visas en el cupo general y 20.000 adicionales para personas con estudios de posgrado en instituciones estadounidenses. Cuando el número de solicitudes supera estos cupos, se aplica un proceso de selección aleatoria. Este mecanismo se conoce como lotería y define qué solicitudes continúan con el trámite. Las empresas del sector tecnológico, universidades, hospitales y centros de investigación se encuentran entre los principales usuarios del programa. En estos sectores, la visa se utiliza para cubrir posiciones que requieren formación especializada.
La tarifa impuesta por la administración Trump
El 19 de septiembre de 2025, el gobierno de Donald Trump emitió una proclamación que introdujo un cambio en el programa H-1B. La medida exigía un pago adicional de 100.000 dólares para nuevas solicitudes de visa presentadas a partir del 21 de septiembre de ese año. Antes de esa decisión, los costos de tramitación de una solicitud H-1B se ubicaban en rangos de entre 2.000 y 5.000 dólares, según el tipo de proceso y el tamaño del empleador.
La administración planteó que el cobro tenía como finalidad limitar la contratación de trabajadores extranjeros y promover la vinculación de ciudadanos estadounidenses. El argumento se centró en el impacto del programa sobre el mercado laboral interno. El requisito aplicaba a nuevas peticiones asociadas a trabajadores en el exterior y se sumaba a otras medidas orientadas a modificar el funcionamiento del sistema migratorio laboral. Tras su adopción, una coalición de 20 estados presentó una demanda judicial. Los demandantes cuestionaron la legalidad de la tarifa y señalaron efectos en sectores como educación, salud e investigación.
¿Por qué un tribunal revocó la tarifa de la visa H-1B?
El 8 de junio de 2026, un tribunal federal en Boston anuló la tarifa de 100.000 dólares. La decisión fue emitida por el juez de distrito Leo Sorokin en el marco de una demanda contra el gobierno federal. El tribunal concluyó que el cobro tenía características de impuesto y no de tarifa administrativa. Según el fallo, la naturaleza del pago no correspondía a una sanción ni a un servicio prestado por el Estado, sino a un mecanismo de recaudación.
En el sistema constitucional de Estados Unidos, la facultad de crear impuestos corresponde al Congreso. El juez determinó que el poder ejecutivo no tenía autorización para establecer ese tipo de cobro mediante una proclamación presidencial. El fallo también indicó que la normativa invocada por el gobierno, relacionada con facultades migratorias, no incluye la potestad de imponer tributos. Por esta razón, la medida se consideró contraria a la Constitución.
El tribunal señaló además que la implementación de la tarifa vulneró la Ley de Procedimiento Administrativo. Según la decisión, las agencias federales no cumplieron con los requisitos exigidos para la adopción de regulaciones de este tipo. La sentencia anuló la política en todo el territorio nacional. Como resultado, el pago adicional dejó de ser exigible para nuevas solicitudes de visa H-1B mientras se mantenga la decisión judicial.
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ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL
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