El departamento de Sucre se sumió en el dolor y la indignación tras confirmarse el trágico destino de Armando Luis Rivero Manjarrés, un reconocido rector de colegio, gestor cultural, periodista y locutor de radio de 44 años. La desaparición del líder social, reportada el 12 de julio de 2024, activó una intensa búsqueda que develó un escalofriante entramado familiar. Séptimo Día conoció detalles de la investigación y habló con algunos de los señalados.James Chamorro Manjarrés, hermano del profesor, describió el profundo vacío que dejó su pérdida: "Fue prácticamente mi padre de crianza, a pesar de que él no tuvo hijo biológico. Él crio a mis hermanos, a otro primo y a mí". Asimismo, su sobrina Miriam Toscano Rivera resaltó sus valores: "Él es una persona demasiado educada, fue una persona muy recta en sus cosas y siempre quería que fuéramos así rectos y que estudiáramos".La última imagen con vida de Rivero se registró en Sincelejo, cuando salía en su camioneta gris acompañado de su hijastro, Yofran Orozco Perea, de 26 años.Al día siguiente de su desaparición, el 13 de julio la camioneta apareció incinerada en zona rural de Tuchín, Córdoba, un hallazgo que descompensó a Juana Perea, su pareja y mamá de Yofran Orozco: "Una experiencia muy horrible porque, o sea, yo nunca llegué a pensar que lo iba a encontrar así o que yo lo iba a ver así nunca mi vida".El rastreo telefónico que rompió la coartadaEl 17 de julio de 2024, cinco días después de su desaparición, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor bajo un puente en el corregimiento de San Luis, Sampués. La necropsia confirmó que el docente murió tras recibir varios impactos de bala en el costado izquierdo.Entonces, la clave para resolver el crimen estuvo en el rastreo técnico de las empresas de telefonía celular. Los investigadores de la Sijín descubrieron que, a pesar de asegurar que se encontraba en su casa, el teléfono celular de Yofran Orozco arrojó actividad en el punto exacto y a la hora en que se abandonó el cadáver. Adicionalmente, el rastreo probó que el joven ya coordinaba llamadas para planificar la repartición de los bienes de su padrastro antes de confirmarse su hallazgo.Tanto el joven como su madre fueron capturados el 1 de octubre de 2024.La cruda confesión tras las rejasAunque inicialmente no aceptó los cargos ante los juzgados, Yofran Orozco terminó por confesar su autoría en una audiencia judicial: "Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle perdón público a mi madre, a Dios; que todas las personas que participaron para su ejecución, incluyéndome, pagaremos el precio de nuestro error".Recientemente, desde la cárcel de Sincelejo, Orozco rompió el silencio ante las cámaras de Séptimo Día y detalló las motivaciones de su crimen, atribuyéndolo a supuestos abusos pasados y celos: "Es un cúmulo que se puede dar de celos, no de celos de amor, sino un cúmulo de celos, de traición, de esa situación que fue lo que ocasionó la maximización de querer matarlo".El proceso continúa en etapa de juicio y mientras él está recluido en una cárcel, su mamá quedó en libertad por vencimiento de términos, al igual que otros tres posibles implicados. Entre tanto, la familia de la víctima clama para que el caso no quede impune.
Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 y provocó el derrumbe de un área del Hospital Universitario del Valle, en Cali. En medio de la emergencia, Karen Tamayo, una auxiliar de enfermería de 24 años que realizaba allí su práctica, protagonizó una asombrosa historia de supervivencia.Su valentía para evacuar a varios recién nacidos y su ingenio para utilizar el asistente de voz de su celular, que había quedado destruido bajo los escombros, fueron clave para salvarle la vida. Los Informantes habló con ella y recorrió el lugar donde ocurrió la tragedia.El sismo que dejó profundas heridasEl 10 de agosto de 2026, Karen iniciaba su turno en el sexto piso del centro médico, en el área de ginecología y obstetricia. Según relató, en esa sala había alrededor de 20 pacientes, cada una con su bebé.A las 7:34 de la mañana comenzó el fuerte movimiento telúrico. Al principio, Karen y su equipo decidieron esperar, pero la intensidad del terremoto aumentó drásticamente y los obligó a evacuar hacia los pasillos exteriores.Sin embargo, ella regresó por dos pacientes que permanecían en un cubículo y también auxilió a otra mujer que había quedado atrapada, pero justo en ese momento la estructura empezó a colapsar y vino lo peor.Karen cayó al vacío dos pisos y terminó atrapada en el cuarto nivel del hospital. "Cuando yo voy a correr, yo ya vi que el paso que yo daba fue falso y ya colapsó el edificio conmigo", recordó sobre esos segundos de angustia.Debajo de los escombros su celular fue claveCuenta que estuvo inconsciente durante 3 o 4 horas por un golpe en la cabeza y, cuando logró despertar, notó que estaba en “una especie de triángulo de la vida”, lo que vino después es inimaginable: le dolía todo el cuerpo y le hasta costaba respirar.Había perdido su celular en medio de la tragedia. Estaba incomunicada, no sabía exactamente qué hora era, no escuchaba nada y en medio de ese silencio empezó a sentir una vibración en alguna parte entre los escombros, por lo que como pudo logró desenterrar su teléfono, pero lo encontró totalmente destruido.“Entonces yo me acordé de que yo le tenía activado el Siri y lo primero que yo hice fue llamar a la Policía. Yo le dije, ‘Oye, Siri, llamar al 1 2 3’, entonces de una me salió la llamada. Yo hablé con la Policía, le dije dónde me encontraba y les colgué”, relata. Aunque se logró comunicar con las autoridades, aún no se sentía tan esperanzada, luego llamó a sus padres, pero no se pudo comunicar con ellos, después a dos de sus mejores amigos y al final a unos colegas lograron ponerla en contacto con los rescatistas que estaba afuera para que la ubicaran. 8 horas y media después del terremoto finalmente fue rescatada de los escombros.Karen tuvo una fisura en su columna vertebral que, por fortuna, sanará sin intervención quirúrgica, laceraciones en todo el cuerpo, una fractura múltiple en la nariz, de la que aún no se ha recuperado esperando que se desinflame, y una herida en su cabeza con exposición de cráneo.Pero la herida más profunda fue ver la destrucción que causó el terremoto en el país, de la que se enteró la noche siguiente a su rescate cuando vio las noticias en el hospital. A pesar de los esfuerzos de médicos y enfermeras del Hospital del Valle, seis personas murieron allí, entre ellos cuatro pacientes y dos acompañantes.
Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta de denuncia para casos de maltrato animal en Colombia y el mundo. Videos sin censura han dejado en evidencia a maltratadores de animales que, en el peor de los casos, son dueños o trabajadores de guarderías o fundaciones caninas que deberían velar por el bienestar de estos animales.Según la ley colombiana, el maltrato animal está tipificado como un delito y puede dar penas de prisión de 12 a 36 meses a quien cause la muerte o lesiones a animales. Séptimo Día conoció las denuncias de varias personas contra lugares que supuestamente velan por el bienestar de mascotas y animales rescatados, pero cuyas condiciones supondrían realmente maltrato para estos.Denuncian maltrato en fundación de animalesA través de videos, animalistas y voluntarios han denunciado a la fundación Rufo Salvando Vidas, la cual tiene sede en Suba, en el norte de Bogotá, y asegura ser un espacio en el que se rescatan perros y se promueve el apadrinamiento y adopción de estos, por el aparente mal estado en el que viven los animales dentro de su predio. Uno de los videos más llamativo en las plataformas digitales muestra el momento en el que, aparentemente, un perro se está "comiendo" a otro que murió en el lugar.El video en cuestión fue publicado por Julio Triviño, un hombre que aseguró haber evidenciado el mal estado en el que viven los perros que están en la fundación. "El video se realizó porque acompañé a mi hijo a unas de las canchas de fútbol que está ubicada cerca a esta fundación y lo graba un papá que estuvo ahí en un partido. Cuando lo publiqué la señora trata de explicarme por qué el perro se comió al otro perro. Dice que colgaron un perro porque se había muerto una noche antes y el otro lo alcanzó. Entonces sí hay un problema administrativo", explicó.La señora a la que se refiere Triviño es Andrea Clavijo, quien es la representante de la fundación y, según datos de los denunciantes y de las redes sociales del lugar, tiene en su poder a más de 100 caninos, entre ellos algunos con discapacidades. La mujer, ante las cámaras de Séptimo Día, negó las acusaciones que surgieron por el video de Triviño y las que surgieron hace un año cuando varios voluntarios acudieron al lugar en medio de una inundación que sufrieron en sus instalaciones, ubicadas cerca de un complejo deportivo.Las otras denuncias las realizaron Camilo Jaramillo, Paola Andrea Pinzón y Sandra Silvera Ortíz, quienes acudieron como voluntarios y aseguraron encontrarse con un panorama desolador. Los voluntarios aseguraron que al llegar notaron que muchos de los caninos estaban "desnutridos y deshidratados" y otros que al parecer pasaban "encadenados las 24 horas del día". Sandra Silvera detalló que "como era un terreno fangoso, llevamos materiales para meter tubería y estibas para que los animales no estuvieran en el barro, pero lo que nos encontramos fue animales tomando agua de sus heces, animales cuyas uñas estaban destruidas por los hongos. Vimos que no había alimento, pese a que la semana anterior habíamos llevado dos toneladas".También señalaron que vieron a Andrea Clavijo golpear a uno de los caninos mientras estaba allí. "Esas son mentiras, ellos hicieron un video y se dan cuenta que los perros se iban a agarrar, yo me agaché y le di [una palmada] en la boca a la perra, no le hice más", señaló la representante de la fundación y agregó que en el lugar tampoco hay espacio para almacenar tanta comida, por lo que en esa ocasión decidieron llevarla hasta la casa de otro voluntario.Por su parte, la voluntaria Paola Andrea Pinzón señaló que ese día se conmovió particularmente por el estado de desnutrición en el que encontró a Valeria, una perra criolla a la que decidió adoptar y Sandra Silvera agregó que otros perros en mal estado fueron trasladados a otros hogares y recibieron atención veterinaria. Pero Clavijo negó que los voluntarios hayan sacado animales en mal estado de su fundación. "Lo que se llevaron fue perros de raza porque los vieron bonitos, gordos y en buen estado", aseguró.¿Qué hacen las autoridades con estos casos?En Bogotá, la autoridad para estos casos es el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Séptimo Día llevó ante el director Antonio Hernández las denuncias contra la fundación Rufo Salvando Vidas para establecer si tenían conocimiento sobre esta situación. Hernández indicó que las quejas que han recibido al respecto "tienen que ver con el espacio no es el más adecuado, son muchos animales y muchos presentan un estado de salud que no es el mejor".El director del IDPYBA detalló que tras las denuncias fueron a la fundación para verificar la situación y, en ese momento, "encontramos seis animales que ella entregó porque se dio cuenta que no tenía las condiciones ni las capacidades para brindarles protección. [Esto] puede representarse como maltrato". A pesar de esto, la fundación sigue operando y manteniendo a decenas de perros en su poder en condiciones que no son las más apropiadas para garantizar su bienestar.Andrea Padilla, senadora reconocida por su activismo animal explicó que "maltrato animal es toda conducta que vulnere el bienestar de un ser sintiente, no solamente es el golpe, es el maltrato por acción, también por negligencia, el hacinamiento también es maltrato". Agregó que, en este tipo de situaciones, lo que se debe hacer es "intervenir con una oferta social y apoyar a esta persona. La Alcaldía debería hacerse responsable".Sin embargo, Antonio Hernández explicó que el motivo por el que como autoridades no le han quitado los animales a la fundación Rufo Salvando Vidas es "porque nosotros consideramos que de nada sirve quitar animales cuando están en un lugar en el cual tienen resguardo, alimentación y cuidado. Lo que hay que buscar es mejorar las condiciones de este tipo de lugares. Si una persona de estas maltrata, no genera condiciones seguras para el animal, tenemos que intervenir".Los voluntarios y animalistas siguen esperando que sus denuncian tengan un efecto definitivo para garantizar la mejora de condiciones de los animales que permanecen en la fundación Rufo Salvando Vidas, mientras esta sigue operando y recibiendo donaciones.
El propósito de vida de Jaqueline Rivera, diseñadora y madre de dos hijos, cambió en febrero de 2018, cuando Camilo Rodríguez acabó con la vida de su hija Tamara Rivera, de tan solo 18 años, y escapó de las autoridades. Jaqueline le prometió a su hija, el mismo día que se llevó a cabo su funeral, que no descansaría hasta encontrar a su feminicida y llevarlo a responder por su crimen, además le aseguro que lo haría en menos de un año.La tarea no era sencilla, al hombre parecía que se lo había tragado la tierra. Pero aunque ella desconocía su paradero, no se rindió y pasó meses siguiéndole el rastro con publicaciones en redes sociales, hablando con personas que lo habían visto y recopilando información sobre su nuevo estilo de vida. Y lo logró, en enero de 2019, gracias a toda la labor de inteligencia que ella realizó sin conocimiento alguno, pero con el poder del amor maternal, llevó a las autoridades a detenerlo en otro país.Jaqueline Rivera no confiaba en el novio de su hija"Ella era muy alegre, súper espontánea, de esas personas que todo lo resuelve, decía 'yo puedo, yo lo hago'. Esa niña llena de energía soñaba con aprender muchos idiomas y viajar por el mundo". Así recuerda Jaqueline a su hija Tamara o 'Tammy', una joven a la que se le acabaron los sueños con sus 18 años recién cumplidos, luego de que el hombre con el que había sostenido una tormentosa relación la asesinara en su casa en Cali.El responsable fue Camilo Rodríguez, un hombre seis años mayor que Tamara que se dedicaba a manejar Uber en la ciudad y se había ganado la confianza de la joven hasta el punto de empezar una relación amorosa. Cuando Tamara se lo presentó a su mamá, ella le dijo que no le daba confianza, algo extraño porque Jaqueline asegura que "a mí no me cae mal nadie". Sin embargo, sus dudas no hicieron mayor peso y el noviazgo continuó, pero a los cuatro meses notó que algo estaba mal con su hija. Jaqueline Rivera confirmó sus sospechas, Camilo maltrataba a Tamara, y por eso la llevó a interponer una denuncia. A pesar del proceso legal iniciado, Tamara decidió volver con él y con el tiempo también regresaron los golpes, en total lo demandaron por agresión y violencia de género tres veces. Camilo no solo maltrataba y manipulaba a Tamara, quien sentía que no podía salir de esa relación, sino que también llamaba a Jaqueline para amenazarla por haberlo denunciado.Así ocurrió hasta que, finalmente, Tammy decidió dar por terminada definitivamente su relación con Camilo. Ante el temor de que el hombre regresara a la vida de su hija, Jaqueline tomó la decisión de cambiarse de casa y, en medio de eso, recibieron una noticia que les dio alivio. Camilo llamó a su hija para despedirse. "Le dice: 'Me voy para Bogotá, lo siento, la embarré contigo y no puedo estar acá', y se fue en enero"; pero todo era una farsa.Unas semanas después, el 22 de febrero de 2018, cuando se suponía que Camilo Rodríguez ya no estaba viviendo en Cali, Tamara le avisó a su mamá que saldría a la calle a hacer una diligencia, pero nunca más regreso. "Yo sentí que se me oprimía el pecho, había algo que me decía que algo pasó", recordó Jaqueline Rivera ese día, cuando salió corriendo en busca de su hija presintiendo que lo peor había pasado."Cuando llegué metí la llave y esa reja se abrió, miré al piso y encontré la pulsera de ella. Corrí al patio, miré por la ventana y la vi en el suelo. La toqué y estaba fría, eso es duro porque usted queda como en una burbuja, yo salí corriendo a un CAI cerca y les grité: 'mi hija está muerta, Camilo la mató'", detalló.Así fue la cacería del feminicida de su hijaLa muerte de Tamara Rivera en Cali empezó a ser investigada por las autoridades en Cali, con Camilo Rodríguez como principal sospechoso ante los señalamientos de la madre de la víctima. Sin embargo, se desconocía el paradero del sujeto que semanas atrás les había dicho que se mudaría a Bogotá. Días más tarde se llevó a cabo el funeral de la joven y su mamá decidió convertirse en una especie de investigadora judicial, para honrar la vida de su hija. "Le hice una promesa y le dije que se la iba a cumplir. Que yo iba a encontrar a Camilo y que lo iba a encontrar antes de un año, costara lo que me costara. Y se volvió mi obsesión. Aprendí a saber cómo escribía, a saber cómo se expresaba. Empecé a analizarlo cuadro a cuadro".En medio de su dolor, y mientras pensaba cómo iniciar su búsqueda, Camilo Rodríguez tuvo la sangre fría de llamarla y hacerle parecer que él no estaba enterado de la muerte de Tamara. Por recomendación de los investigadores, Jaqueline tuvo que hacer de tripas corazón y hablar con él como si nada hubiera pasado. "Me dice: 'Hace rato no hablo con Tammy ¿ella dónde estará? Tammy no me contesta y me parece muy raro, y yo estoy preocupado porque ella ha estado saliendo con un tipo que es medio raro y a mí me da miedo que le haga algo'".Indignada y destrozada, la madre de Tamara decidió acudir a las redes sociales para pedir ayuda para dar con el paradero de Camilo. Como pudo consiguió fotos recientes de él y de cada uno de sus tatuajes, sus datos personales y detalló en una publicación que ese hombre era el asesino de su hija. Como sucede con este tipo de denuncias en plataformas digitales, rápidamente se hizo viral y algunas personas le aseguraron haberlo visto en Bogotá. El mismo Camilo volvió a comunicarse con ella ante la viralidad de la publicación. "Yo publiqué su foto, sus datos, le explicaba a la gente que ese sujeto asesinó a mi hija. Me llamó y me dijo: 'me voy a entregar a la Fiscalía de Bogotá, yo cometí un error y pienso pagarlo'. Luego empieza a insultarme". Pero Camilo nunca se entregó y desapareció del panorama otra vez; sin embargo, la voluntad, terquedad y el amor de Jaqueline por su hija era más perseverante.Jaqueline no paraba de publicar la información de Camilo y enviársela a personas en Bogotá, último lugar en el que lo habían visto. Por varios meses su búsqueda no daba resultados, pero nunca desfalleció. "En la noche hacía redes sociales, en el día trabajaba. No bajé la guardia en ningún momento" y para ese entonces sufrió un accidente en su moto, lo que la incapacitó un tiempo en su casa con "todo el tiempo del mundo" para continuar con su cacería."Un día de la nada llegó el mensaje que estaba esperando. Alguien me escribe que él salió hacia Ecuador con unos migrantes venezolanos". Al darse cuenta que Camilo ya había salido del país, Jaqueline no se detuvo, trasladó su búsqueda y empezó a enviar la información a personas en ese país, específicamente en las ciudades más cercanas a la frontera. Tras algunas semanas de silencio, finalmente recibió un nuevo mensaje de una persona que le aseguró haberlo visto en un parque en Lago Agrio, en la frontera ecuatoriana, pero no sabía si Camilo seguía allí o había cruzado la frontera hacia Perú.En medio de su labor de persecución a través de las redes sociales, en varias ocasiones la publicación de Jaqueline llamó tanto la atención que el mismo Camilo se comunicaba con ella a través de perfiles falsos. "Varias veces me encontré con que hizo perfiles con otros nombres y me escribía para sacarme información de cómo iba el proceso. Yo aprendí a ver él cómo se expresa, cómo habla, cómo escribe y yo lo identificaba. Yo le decía: 'Camilo, ya no le dé más vueltas a esto, o usted se entrega o yo lo encuentro'".Fue por eso que cuando recibió en su buzón de mensajes una foto en primer plano de Camilo Rodríguez, preguntándole si ese era el hombre que ella buscaba, sospechó de inmediato. Por fortuna, en esta ocasión quien estaba del otro lado del chat era un policía peruano que le confirmó sus sospechas, Camilo solo había estado de paso en Lago Agrio, Ecuador, y ahora estaba en Chiclayo, Perú. Para que ella confiara en él, le explicó cómo había conseguido esa foto del colombiano. "Me dijo: 'Yo soy policía aquí en Perú, mi tía tiene un restaurante y él viene a desayunar acá'. Entonces lo que él dejó su celular en la vitrina y cuando Camilo se sentó a pedir, él le tomó la foto".Jaqueline, que se había convertido en la sombra de Camilo, ahora tenía unos ojos en el Perú que estaban atentos a los movimientos de Rodríguez. De esta manera se enteró que Camilo se había establecido en el Perú con otra identidad, la de Johan Sebastián Mena Gutiérrez, y que, además, ya tenía una nueva pareja, mujer a la que también estaba maltratando y cuya familia ya lo había denunciado. "Logré averiguar dónde vivía, dónde trabajaba, a qué hora entraba a trabajar, dónde desayunaba, dónde almorzaba, dónde cenaba, me convertí en su sombra".Entonces la mujer se comunicó con la estación de Policía en Chiclayo y le envió al capitán Saavedra toda la información que tenía de Camilo, pero se encontró con un problema cuando el oficial le preguntó si el sujeto tenía circular roja de Interpol. Esto significó un nuevo retraso para su plan, pues a Camilo solo lo estaban buscando en Colombia. Jaqueline no había llegado tan lejos para nada, por lo que gracias a un investigador privado, consiguió que en diciembre de ese año se emitiera la circular roja contra Camilo, tuvo que esperar 45 días.Así las cosas, el 18 de enero recibió la mejor noticia: el operativo se había llevado a cabo y Camilo Rodríguez había sido capturado en Chiclayo. En ese momento lo detuvieron por falsedad en documento público y le informaron que la justicia colombiana lo exigía para que pagara por el feminicidio de Tamara Rivera. Jaqueline le había cumplido a su hija la promesa que le había hecho en su tumba, pero todavía no podía cantar victoria, pues faltaba el proceso de extradición.Debido a la burocracia entre ambos países, tardaron 10 meses en enviar a Camilo Rodríguez de Perú a Colombia. Pero una vez estuvo en territorio nacional, la justicia colombiana lo condenó a 375 meses en prisión, 35 años que actualmente apaga en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.Aunque el dolor por la pérdida de su hija sigue intacto y nada podría ayudarla a recuperarla, hoy en día Jaqueline Rivera vive tranquila por haberle cumplido a su hija de 18 años la promesa que le hizo el día de su funeral y haber conseguido justicia para que ella no se convirtiera en una cifra más de impunidad.
Las autoridades informaron este sábado 29 de agosto que David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG y con la que estafó a miles de colombianos, fue trasladado desde la cárcel de La Picota en Bogotá a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander.Murcia Guzmán llegó a Girón después de las 5:00 de la tarde y lo recibió una junta conformada por médico, responsable de tratamiento, psicólogo y más profesionales, los cuales determinarán en dónde lo ubicarán. Noticias Caracol conoció que lo más probable es que el delincuente sea dejado en los pabellones 7,8 o 9, que son los más estrictos de esta cárcel de máxima seguridad.¿Qué fue DMG?DMG fue una pirámide creada por David Murcia Guzmán, que operó principalmente entre los años 2005 y 2008. La empresa ofrecía tarjetas prepago y prometía altos rendimientos económicos a sus clientes mediante un sistema que, según las autoridades, funcionaba como una captadora ilegal de dinero y una estructura piramidal. Miles de personas invirtieron sus ahorros en DMG, que llegó a expandirse por varias regiones de Colombia e incluso a otros países.En 2008, el Gobierno intervino la empresa y la Fiscalía inició investigaciones que concluyeron que DMG había captado recursos del público sin autorización legal. El escándalo se convirtió en uno de los mayores casos financieros de la historia reciente de Colombia y afectó a miles de inversionistas.Las autoridades colombianas procesaron a David Murcia Guzmán principalmente por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero sin autorización. Además, Murcia fue extraditado a Estados Unidos, donde aceptó cargos relacionados con lavado de dinero y cumplió una condena de varios años antes de regresar a Colombia.¿Cuántos años de cárcel está pagando David Murcia Guzmán?David Murcia Guzmán cumple una condena de 22 años, 10 meses y 15 días de prisión por los delitos de lavado de activos y captación masiva de dinero. Su defensa ha solicitado que se le reconozca el tiempo de prisión que cumplió en Estados Unidos, argumentando que ya ha permanecido privado de la libertad durante más de 17 años y que no debería ser sancionado dos veces por los mismos hechos.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Tras la investidura del presidente Abelardo de la Espriella, se ordenó el traslado masivo de 117 reclusos de alta peligrosidad a diversos centros penitenciarios del país, marcando un endurecimiento en la política de seguridad nacional. Esta medida busca desmantelar las estructuras criminales que, según las investigaciones, continuaban delinquiendo desde centros de reclusión como la cárcel de Itagüí.La decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella, de acuerdo con un comunicado, obedece a recuperar el control en las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales. Incluso, durante su discurso de posesión, el nuevo mandatario informó que “no habrá impunidad, los encontraré y los llevaré con determinación ante la justicia". También mencionó que no habrá diálogos.Uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló que el presidente De la Espriella se puso del lado de la fuerza pública y que se les acabó la fiesta a los criminales.Este sábado, De la Espriella manifestó que "en la era del 'Tigre' habrá mano de hierro para todos los bandidos. No voy a permitir que los delincuentes sigan desde los establecimientos carcelarios delinquiendo, extorsionando y haciendo lo que les da la gana".¿Quiénes son los jefes de organizaciones criminales trasladados?La mayoría de los traslados involucran a cabecillas que participaban en mesas de diálogo con el gobierno anterior y que están vinculados a delitos de extorsión, homicidio y narcotráfico. Entre los perfiles más destacados se encuentran:Alias Douglas: jefe histórico de "La Terraza" y uno de los cabecillas de la "Oficina de Envigado", quien purga una condena de 32 años.Freyner Ramírez García (alias Carlos Pesebre): cabecilla de la estructura "Los Pesebreros" y la "Oficina de Envigado", condenado a 36 años de prisión.Juan Carlos Mesa (alias Tom): jefe de la organización delictiva "Los Chatas", sentenciado a 16 años por delitos que incluyen concierto para delinquir y tráfico de armas.Alias El Indio: uno de los principales cabecillas del grupo "Trianón", señalado por venta de estupefacientes y asesinatos.Alias Lindolfo y Poncho: criminales que fueron reubicados en las cárceles de Valledupar y La Dorada.Muchos de estos cabecillas estuvieron involucrados en una reciente y polémica "parranda vallenata" dentro de la cárcel de Itagüí, lo que precipitó la decisión del nuevo gobierno de acabar con los beneficios carcelarios.Los casos de Epa Colombia y Margaret ChacónDentro de los operativos realizados por el Inpec también se ejecutaron traslados de mujeres con casos de alta relevancia mediática. Uno de ellos es el de Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia. La influencer, condenada por actos de vandalismo contra Transmilenio durante las protestas de 2019, fue trasladada a la cárcel de Ibagué, en el departamento del Tolima. El gobierno justificó su movimiento como parte de las operaciones de control de seguridad nacional.En tanto, Margaret Chacón, quien fue condenada por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, fue trasladada desde la Escuela de Carabineros hacia la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.El presidente De la Espriella, en su discurso, fue enfático en que su administración construirá "megacárceles" y que los grupos criminales solo tienen dos opciones: someterse a la ley o enfrentar la fuerza del Estado. Con estos traslados a prisiones en ciudades como Palmira, Girón, Valledupar y La Dorada, se busca eliminar la influencia que estos delincuentes mantenían en sus zonas de origen.NOTICIAS CARACOL
Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, libra una condena de cinco años y dos meses de prisión por los actos de vandalismo que protagonizó en 2019 contra el sistema de transporte TransMilenio. A pesar de los constantes esfuerzos de su equipo legal, la justicia colombiana le ha negado en repetidas ocasiones las solicitudes de casa por cárcel o extinción de la pena.Y este viernes 7 de agosto del 2026 se conoció que Barrera, quien estaba en la Escuela de Carabineros, fue trasladada a la cárcel de mujeres de Ibagué, donde continuará su pena. Cabe resaltar que la empresaria de productos de belleza inició su condena en la cárcel El Buen pastor, en Bogotá. La decisión del traslado habría sido orden presidencial.Este mismo año, en enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia ratificó su condena tras negar un beneficio basado en la ley de justicia restaurativa. Actualmente, su defensa, liderada por la abogada cartagenera Wendy Herrera, busca una conciliación con TransMilenio para que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá acceda a mecanismos que le permitan recuperar su libertad.Esta decisión se suma al fuerte despliegue operativo que la Policía y el Inpec adelantaron para el traslado de 103 reclusos de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, hacia otras prisiones de máxima seguridad en otros territorios del país. Esta operación fue sorprendente pues simultáneamente el presidente Abelardo de la Espriella, durante su posesión, anunciaba su ofensiva contra los grupos armados ilegales.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue quien confirmó que fue informado sobre el traslado de 103 peligrosos criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país.Su última aparición: un cambio radicalIncluso, hace solo un día, se conoció una fotografía de Barrera durante el pago de su condena a través de una foto que publicó su abogada en redes sociales. La imagen causó un gran impacto entre sus seguidores debido a un cambio radical en la apariencia de su rostro, lo que generó rumores sobre posibles procedimientos estéticos realizados durante su reclusión.En dicha publicación, la abogada Herrera envió un mensaje de esperanza, asegurando que están trabajando "maratónicamente" y ajustados a derecho para lograr la libertad de la empresaria en los próximos días. Por su parte, Epa Colombia aprovechó el encuentro para enviar un mensaje a los colombianos, manifestando su deseo de "seguir construyendo país" y brindando oportunidades una vez salga de prisión.NOTICIAS CARACOL
En un fuerte despliegue operativo, la Policía y el Inpec adelantaron -en la tarde de este 7 de agosto del 2026- el traslado de 103 reclusos de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, hacia otras prisiones de máxima seguridad en otros territorios del país. Esta operación fue sorprendente pues simultáneamente el presidente Abelardo de la Espriella, durante su posesión, anunciaba su ofensiva contra los grupos armados ilegales.De hecho, De la Espriella anunció que, en las próximas horas, su gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas. De esta manera, dotará a la fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. Añadió que “la opción del diálogo está completamente agotada”.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue quien confirmó que fue informado sobre el traslado de 103 peligrosos criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país.“Han sido los jefes de estructuras criminales que delinquen en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, entre ellos alias Carlos Pesebre, ‘Douglas’ y ‘El Indio’”, señaló Rendón.Las polémicas en la cárcel de ItagüíLa cárcel de Itagüí estaba en el ojo del huracán e incluso fue llamada "resort criminal" tras revelarse una ostentosa "fiesta vallenata" organizada por cabecillas de bandas delincuenciales recluidos allí. El evento contó con la participación del cantante Nelson Velázquez, a quien presuntamente se le habrían pagado 100 millones de pesos en efectivo.Aunque los informes del INPEC reportaron "sin novedad especial", los registros de seguridad y denuncias confirmaron el ingreso de licores, tarimas y 138 invitados, incluyendo 80 mujeres. Este escándalo resaltó los privilegios en el penal, donde los internos remodelaron sus celdas a su gusto y jefes como alias Douglas habitaban espacios tipo apartamento.A esto se sumó el polémico "tarimazo" en Medellín, donde el presidente Gustavo Petro compartió escenario con figuras de la Oficina de Envigado como alias Douglas, ‘Pesebre’ y ‘Lindolfo’. En dicho evento, los procesados lucieron gorras de "Paz Urbana" y se ubicaron junto a la cúpula ministerial y militar.Ambos sucesos provocaron fuertes críticas hacia la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, cuestionando si se estaba legitimando a delincuentes que mantienen el control social y económico en las comunas. El Inpec todavía no ha informado la identidad de los 103 delincuentes que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí a otros penales.NOTICIAS CARACOL
Entre los pilares del nuevo Gobierno está el de la seguridad. De hecho, el presidente Abelardo de la Espriella -durante su primer discurso tras la investidura- manifestó que “la era del ‘tigre’ será contundente y certero contra el crimen”. Desde el batallón Pichincha de Cali, esbozó los principales retos y políticas para estos cuatro años.De la Espriella hizo especial énfasis en recuperar la seguridad del país y tardó varios minutos ahondando en lo que serán algunas de sus políticas. “La autoridad, queridos compatriotas, tampoco termina con la captura de los delincuentes”, mencionó el mandatario, quien prosiguió mencionando que “se construirán megacárceles”.Sobre estos nuevos espacios de detención, De la Espriella señaló que esas construcciones estarán “destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo”.En otro punto, les envió un mensaje a los militares y policías colombianos, a quienes les manifestó que “tengan la certeza de que este gobierno los protegerá como se debe hacer con los héroes de Colombia; se les brindarán todas las garantías jurídicas para que no sean perseguidos por cuenta del cumplimiento de su deber”. Agregó que como comandante supremo de las Fuerzas Armadas “tendrán a un defensor de todas las horas. En sus manos está una parte esencial de la construcción de la ‘Patria Milagro’”.De la Espriella anunció fumigación con herbicidas de última generaciónEl mandatario, que durante la campaña prometió una política de mano dura contra las organizaciones armadas y criminales, aseveró que "la opción del diálogo está completamente agotada", en referencia a las negociaciones de paz con grupos guerrilleros y bandas criminales de varios de sus antecesores."El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado bajo el régimen que ha terminado fue suficientemente cómplice", continuó en su discurso frente a un centenar de uniformados.En esa línea, De la Espriella aseguró que durante su mandato volverán las fumigaciones contra los cultivos ilícitos y defendió el uso de herbicidas que, según dijo, no afectarán la salud humana ni el medio ambiente."Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente", dijo, e insistió en que "la coca ha traído muerte, corrupción y destrucción" y ha destrozado las selvas, desplazado a los campesinos y ha sido "el combustible para el narcoterrorismo" en Colombia.NOTICIAS CARACOL
La tarde de este viernes, 7 de agosto, se presentó un ataque a bala contra un funcionario del Inpec en el barrio Castilla, occidente de Bogotá. De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, la víctima, comandante de auxiliares en la cárcel La Picota, fue atacada cuando llegaba a su casa tras cumplir su servicio.El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que “según registros preliminares e imágenes de cámaras de seguridad del sector, el funcionario sostuvo un diálogo de aproximadamente cuatro minutos con un sujeto desconocido, quien posteriormente le disparó en el abdomen”.Tras el ataque, el inspector fue remitido de urgencia a la Clínica de Occidente, donde ingresó a reanimación y su estado de salud es reservado.En el lugar se habría encontrado un panfleto con amenazas dirigidas al personal de custodia penitenciaria y, además, investigan si el ataque iba dirigido contra otro inspector que tendría una apariencia física similar a la del funcionario lesionado.Por su parte, la Policía Nacional adelanta la recolección de material probatorio, análisis de trazabilidad de cámaras y despliegue operativo para la captura de los responsables, según informó el Inpec.Es de recordar que el jueves, 6 de agosto, en Girón, Santander, otro funcionario del Inpec fue atacado por desconocidos cuando se dirigía a recibir turno. Hombres en moto interceptaron a Efraín Quesada Urrego, que llevaba más de 10 años al servicio de la institución, y acabaron con su vida.
La Comisión de Reino Unido planteada para visitar el lugar donde se pretende ubicar a Zulma Guzmán Castro en Colombia, no llegó para la cita programada para este 30 de marzo. Así lo confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) este lunes tras no tener novedades en este importante proceso de extradición. Zulma Guzmán se encuentra detenida en el centro carcelario HMP Bronzefield, en Reino Unido.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)Guzmán es señalada por la justicia colombiana por ser una de las responsables por el caso de envenenamiento de unas frambuesas con talio, que causó la muerte de dos menores de edad. Sin embargo, han salido a la luz más detalles que darían cuenta de que habría más casos similares, también vinculados con la colombiana.Al parecer, no hay una fecha reprogramada para realizar la inspección. Originalmente estaba planteado que la comisión británica visitara la cárcel El Buen Pastor y, eventualmente, La Picota. Según detalló la fiscal general Luz Adriana Camargo, la justicia colombiana inicialmente planteó que Guzmán fuera recluida en El Buen Pastor, pero finalmente consideraron más adecuado que la empresaria sea asegurada en el pabellón de funcionarios de La Picota. “La extradición de la señora Zulma viene surtiéndose dentro de los pasos acordados con el gobierno de Gran Bretaña. Ellos son cuidadosos en el examen de las condiciones”, aseguró Camargo en ese entonces.Cuñada de Zulma Guzmán sería otra víctima del talio; empresaria es perfilada como “asesina serial”"Asesina serial"Cabe recordar que Zulma Guzmán Castro ahora sería catalogada en Colombia como una asesina serial, según declaraciones que dio la fiscal general a mediados de marzo de 2026. Y es que un grupo de investigación del ente acusador acumuló evidencias que señalarían que dos mujeres, allegadas a Guzmán, habrían sido envenenadas de la misma forma, lo que demostraría un comportamiento sistemático. Una de las afectadas sería una familiar suya: Elvira Restrepo, una cuñada de la empresaria convicta.Ministro de Justicia pide acelerar la extradición de Zulma Guzmán: ¿qué ha ocurrido con el caso?El caso de Restrepo ocurrió en enero de 2025, cuando la mujer recibió un paquete de chocolates en su casa. Los dulces habrían sido envenenados precisamente con talio, un elemento químico inodoro e insaboro. La mujer se trasladó a la Fundación Santa Fe cuando empezó a presentar complicaciones en su salud. Al día de hoy, la cuñada de Guzmán está en Estados Unidos recibiendo tratamiento para contrarrestar los efectos del químico. Según dijo el doctor Camilo Uribe a Los Informantes, el talio es difícil de eliminar en el cuerpo, ya que este se adhiere al tejido graso.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
Hace cuatro años, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló imágenes que provocaron la destitución del director general del Inpec y del director de la cárcel La Picota. Durante varias semanas de seguimiento, se documentó cómo el empresario Carlos Mattos, detenido por sobornar a un juez, se desplazaba por Bogotá con la libertad de un ciudadano común.En estas salidas, Mattos atendía a familiares, socios y abogados, mientras los guardianes del Inpec encargados de su custodia actuaban como sus mensajeros y conductores personales. A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas en su momento, la Fiscalía General de la Nación no imputó delitos por estos hechos durante cuatro años.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La situación cambió recientemente cuando se conoció una solicitud de principio de oportunidad en favor de Mattos y los guardianes involucrados. Durante la audiencia virtual, realizada mientras Mattos cumple casa por cárcel, la fiscal del caso admitió que, durante las salidas de la prisión, el empresario se desviaba a oficinas privadas y que, en ocasiones, su paradero fue desconocido por varias horas tras salir de dichas reuniones.La Fiscalía señaló que las conductas de Mattos y los custodios configuran los delitos de peculado por uso (con penas de 16 a 72 meses) y prevaricato por omisión (de 32 a 90 meses). Según la fiscal, por la gravedad de estas acciones, los implicados podrían enfrentar condenas de hasta siete años de cárcel de no prosperar el acuerdo.No obstante, el fundamento central de la Fiscalía para cesar la acción penal es una oferta de reparación basada en la entrega de vehículos. En una exposición que recordó a una "feria automotriz" e incluso la fiscal detalló las especificaciones técnicas o "virtudes" de los bienes ofrecidos:Dos camionetas Hyundai Staria: Equipadas con motor Turbo Diesel de 2.2 litros, 177 caballos de potencia y sistemas de seguridad como alerta de colisión frontal y sujeción infantil ISOFIX. Una sería para la Fiscalía y otra para el Inpec, con un valor de 182 millones de pesos cada una.Una motocicleta KTM 250 Adventure (Modelo 2025): con inyección Bosch y suspensión diseñada para terrenos difíciles, valorada en 25 millones de pesos para el Inpec.Preocupación de juristasDurante la audiencia, a la cual tuvo acceso Noticias Caracol, la fiscal defendió la solicitud de principio de oportunidad, considerando que “se muestra como idónea, necesaria y proporcional en favor de los postulantes", quienes conocen cuál ha sido la modalidad de la conducta. No obstante, hay inquietudes de juristas y expertos quienes han manifestado su rechazo a este acuerdo por diversas razones. Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que una de las preocupaciones es que se otorgue solo por reconocer el delito sin aportar información nueva sobre la red de corrupción que permitió estas irregularidades. También les resulta cuestionable que el Inpec sea resarcido como víctima cuando sus propios funcionarios participaron en los hechos.Los expertos, además, advierten sobre un precedente peligroso donde los delitos adquieren un valor comercial, sugiriendo que salir ilegalmente de la cárcel puede compensarse con bienes materiales en lugar de penas de prisión.“Creo que el mensaje es el peor posible por muchas razones, por una parte, las explicaciones que se dieron a las circunstancias en virtud de las cuales el señor Mattos salía de la cárcel a adelantar una serie de reuniones o diligencias pues nunca fueron claras, eran unas explicaciones medio gaseosas que nadie entendía, pero que además tampoco se justificaban porque estaba privado de la libertad, precisamente. Lo segundo es que si el resarcimiento lo que busca es que la verdad se sepa, pues la verdad brilla por su ausencia”, indicó Pérez.En su análisis, Pérez señaló que es un grave precedente y además evidencia una tasación del delito con un mecanismo extraño. “Si a la conducta cometida aparentemente de forma reiterada por el señor Mattos, con la complicidad de personal del Inpec, se le tasa en dos vehículos y una moto, que entiendo es lo que está siendo objeto de negociación por parte de la Fiscalía, pues en el terreno al que vamos a terminar arribando pues es que los delitos adquieren como una suerte de tasa de cambio”, explicó.En otro punto, reiteró que “este precedente es no solamente lamentable sino también preocupante”. El aspecto más irónico del caso es que Carlos Mattos pretende evitar una nueva condena entregando camionetas de la marca Hyundai. Esta es la misma marca que representó durante décadas en Colombia y cuyo litigio jurídico lo llevó inicialmente a prisión por sobornar a un juez para obtener un fallo favorable.UNIDAD INVESTIGATIVANOTICIAS CARACOL
David Nieves Mosquera es buscado en todo el país tras su misteriosa evasión de la cárcel La Picota, en Bogotá. El fugitivo habría recurrido a una vieja y conocida modalidad de escape: el 'cambiazo'. Nieves intercambió roles y se hizo pasar por un civil que ingresaba para estar un tiempo con sus seres queridos, logrando salir posteriormente del recinto como familiar visitante. Por otro lado, la persona con quien se intercambió ingresó simulando ser un recluso y, más tarde, aclaró que solo era un visitante y exigió su liberación.En diálogo con Noticias Caracol, el mayor retirado Horacio Bustamante, director de la cárcel La Picota de la capital, ofreció detalles sobre este peculiar incidente. Según el entrevistado, Mosquera posee un prontuario criminal variado y una condena de 28 años de cárcel por el delito de extorsión. Anteriormente, el reo ya había estado privado de su libertad por haber cometido infracciones similares y pagó una pena en la Cárcel Modelo durante cerca de diez años.Lo más destacable del suceso fue la artimaña que empleó el delincuente evadido. Este tradicional 'cambiazo', afirma Bustamante, no se había registrado en el INPEC desde hace más de dos décadas. La principal investigada en el caso es la perito encargada de realizar la correspondiente reseña de identificación del recluso; la mujer habría validado como positiva la huella dactilar del falso prisionero, lo que impidió que se notificara la respectiva novedad. "Todo se dio porque nuestra perito en reseña de identificación, vimos en los videos, hizo el cotejo dactiloscópico y le dio positivo. (...) Le presumimos su inocencia y que no se prestó para tal fin", sostuvo el director.Todo comenzó cuando el hombre, hoy prófugo, recibió la visita de un supuesto tío, un pariente que simuló ser familiar suyo para ingresar como visitante. Sin embargo, tras reunirse con Mosquera y efectuar el intercambio, el visitante fingió no conocer al recluso que se escapó. "Él nos manifiesta, posterior a la novedad, que no tiene ningún parentesco con él. (...) Luego de que se dio la evasión el señor fue el que nos dijo que faltaba por salir, que era un visitante", añadió el director, enfatizando en que el presunto colaborador del delincuente ya se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes y podría responder por el delito de favorecimiento de fuga.Modo de escape inédito en décadasBustamante, quien dirige una prisión con más de 8.000 privados de la libertad, explicó a Noticias Caracol que esta modalidad no se presentaba hace más de dos décadas y que pudo llevarse a cabo por la similitud existente entre los dactilogramas del reo y el visitante. "Hace dos años hubo una fuga en La Picota, pero hace más de dos décadas no se daba una fuga bajo esta estrategia", agregó.Al respecto, Bustamante señaló que se requiere una nueva inversión en tecnología para la cárcel, pues la implementación de dispositivos de reconocimiento biométrico, por ejemplo, sería clave para evitar que sucesos de este tipo ocurran.JULIÁN CAMILO SANDOVALNOTICIAS CARACOL DIGITALJSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO
Quienes escuchan a Saúl Zárate creen que están ante una gran injusticia de la ley colombiana. Este hombre de 64 años lleva 17 privado de la libertad por un crimen que él y todo un pueblo aseguran que no cometió. Gracias a un trabajo de la Fundación Acción Interna, de Johana Bahamón, su caso podría ser revisado próximamente por la Corte Suprema de Justicia. El campesino fue condenado a 47 años de prisión en la cárcel La Picota por una masacre en la que asesinaron a cuatro personas. Lo llamativo del caso es que Saúl no estaba en el lugar de los hechos en ese momento y tiene a todo un pueblo de testigo. A pesar de eso fue condenado y ha pasado 17 años tras las rejas, esperando que alguien lo escuche."Esta situación no se la deseo ni a mi peor enemigo, porque esto es un cementerio pequeño. En los cementerios fallece la persona y la visitan por ahí los primeros meses, así pasa acá, una persona es privada de la libertad y los primeros meses tiene uno atención, después se van olvidando", señaló Zárate en diálogo con Los Informantes.Saúl habla con tranquilidad y con profundo agradecimiento porque, después de 17 años, por fin su historia se está escuchando. Primero por Johana Bahamón y su Fundación Acción Interna, que se han apropiado de su caso, y ahora por los medios. Tampoco ha perdido la fe en Dios, a quien eventualmente le hace algunos reclamos por la injusticia que vive. “Yo le digo a mi Dios, 'pero si usted es el testigo presencial de que yo no fui. Está como demorado, ¿qué pasa, cuál es la demora?’”.Los hechos por los que fue condenado Saúl ZárateSaúl recuerda con muchos detalles ese fatídico 16 de agosto del 2007, lleva 17 años recordándolo y contándolo para demostrar su inocencia. Es específico con las horas, los lugares y las personas con las que estuvo.“Ese día se celebraba la feria en La Palma, que la celebran todos los meses de agosto. Yo estoy en la finca, me levantó a las 5:00 de la mañana, voy al potrero y saco un macho que tenía para la feria, salgo a la carretera y venían unos muchachos con un viaje de ganado. Eran Genaro Quijano, José Fabián Quijano (Lucas), Enrique Guzmán y don Armando Vega. Yo le digo a Lucas que me haga el favor de llevarme el macho mientras yo voy a la casa me baño y me cambio, les caigo en La Palma las 8:00 o 8:30 de la mañana". Recuerda que a lo largo del día hizo negocios en la feria, en la que estaba todo el pueblo, y se vio con amigos de toda la vida como "Arteodoro León, Enrique Guzmán, el doctor Bernardo Neira, don Alfonso Bolaños, don Alberto, estaban todos". En la tarde, detalla, se encontró con "don Amadeo Vega, la señora Blanca y la niña Valentina" en los toldos donde estaba buscando algo de comer y más tarde Alberto Bolaños lo buscó para venderle una yegua.“A eso de las 5:00 o 5:30 de la tarde viene don Alberto Bolaños y me dice: ‘Saulito, camine que le tengo un ejemplar allí’. Era una yegua, y yo se la compro. En ese momento estaban ocurriendo los hechos, estaban matando a esa gente por allá, porque en el proceso dice que entre las 5:00 o 6:00 de la tarde entraron los tipos a matarlos”.Efectivamente, lo que dice el expediente de la masacre es que ese 16 de agosto del 2007 varios hombres armados con armas de fuego llegaron a la Finca Mari, ubicada en la vereda Otumbe, jurisdicción del municipio de Caparrapí, Cundinamarca, y asesinaron a sangre fría a cuatro personas. "Yo no tengo nada que ver porque yo no podía estar en dos lugares al mismo tiempo y hay una distancia de tres horas desde el sitio de donde yo estaba".Los testimonios que lo respaldanLa historia de Saúl Zárate se escuchó por primera vez en el podcast Cárceles de la Fundación Acción Interna. Al escuchar ese capítulo, Johana Bahamón aseguró sentir "una conexión especial" con el campesino y decidió ayudarlo. "Yo sí creo en su inocencia, hemos hecho toda una investigación, hemos estado con su abogado, todo el equipo de la fundación, hemos ido al sitio de los hechos y confiamos en que es inocente y queremos que se haga justicia".Junto a Juan Pablo Uribe, el abogado de Saúl, el equipo de la Fundación ha realizado lo que hace 17 años no hicieron las autoridades: ir a La Palma y a Caparrapí para escuchar los testimonios de quienes estuvieron ese día con Saúl Zárate."Él tiene una coartada respaldada por un pueblo entero”, señaló el abogado que ha escuchado las voces de las personas mencionadas por Zárate en su relato quebrarse cuando les preguntan por el campesino, pues consideran que está viviendo una fatal injusticia. "Yo los escucho y ellos se quiebran”. Pero eso no es todo, Saúl no solo tiene a su favor los testimonios de las personas que aseguran haberlo visto todo el día en la feria de La Palma. Incluso familiares de las personas asesinadas en Caparrapí le han dicho al abogado: "A mi mamá me la mataron, pero Saúl no fue porque él y yo estábamos en la feria". De la misma forma, otro hombre privado de la libertad por la misma masacre le aseguró a la Fundación que Zárate no participó en el crimen. “Yo sé toda la verdad, yo lo puedo afirmar, eso es así”, les dijo.La búsqueda de justiciaLa pretensión del abogado Juan Pablo Uribe y la Fundación Acción Interna es apelar a la Corte Suprema de Justicia para que revise el caso. En diciembre el equipo presentará la solicitud de revisión y esperan tener buenos resultados.“Saúl desde el primer instante te da esa energía de esos valores del campo, la honradez, la bondad. Saúl no puede haber hecho eso, mira la edad que tiene Saúl, mira los años que le faltan, ese señor se va a morir en prisión, si no pasa nada ese señor se va a morir en prisión”, agregó el abogado.Por su parte, a pesar de los 17 años privado de la libertad, Saúl no pierde la esperanza y la acción de este equipo se ha convertido en esa pequeña luz que lo ilumina. “Ante la ley de Dios no pierdo la esperanza, con toda esta oportunidad que me están dando no la pierdo, yo tengo mi conciencia limpia, no pierdo las esperanzas porque yo no soy el del problema”.También ha aprovechado el tiempo, aunque no pudo ver crecer a sus tres hijos, en la cárcel La Picota ha buscado oportunidades.”Cuando yo caí en la cárcel tenía hasta tercero de primaria, pero con la ayuda de Dios y del Inpec aquí terminé mi bachillerato, he aprendido mucho, esto para mí ha sido una universidad. Aquí hay dos caminos, el bueno y el malo, aquí ve uno cosas feas, gente con costumbres que no deben ser, pero yo no, yo sigo el camino de Dios”.
En Bogotá, una familia libra una lucha para mejorar la calidad de vida de Ángel Thomas Jiménez, un niño de 7 años que padece una enfermedad huérfana y para quien poder caminar es el mayor sueño de su vida. Sin embargo, para hacerlo realidad “necesito una cirugía en mis piernas”, cuenta el pequeño, que ya consiguió esa oportunidad en Estados Unidos, aunque no tiene el dinero suficiente para llevar a cabo el viaje, programado para enero de 2027.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAÁngel Thomas cursa segundo de primaria, dice que le gusta el arroz con pollo, el agua y la gaseosa, pero lo que más desea que se haga realidad es “poder caminar y conocer el mar. Voy a ir con mi mamá para hacer castillos de arena, para conocer el mar y para meterme al agua”. Su mamá, Laura Beltrán, también afirma que “él quiere caminar para jugar con sus amigos; acompañarme, porque en la condición de él es muy pesado, entonces se me dificulta llevarlo a ciertos lugares. Él dice ‘mami, apenas camine, pues te quiero acompañar’, y yo sería muy feliz, te lo juro”. (Lea también: “Es estar muerto en vida”: duro relato de joven que padece la 'enfermedad más dolorosa del mundo')¿Qué enfermedad padece Ángel Thomas?El niño nació con artrogriposis múltiple congénita, una condición que le produjo malformaciones en diferentes articulaciones del cuerpo como “en sus manos, en sus codos, en sus hombros, en sus rodillas y en sus piernas”, detalla su mamá, quien agrega que “él no camina, entonces él depende 100 % de uno, nos toca paladearlo, usa pañal”. Además, desde bebé ha requerido tratamientos y cirugías y su soporte constante es Laura. Detalla que “estuvo enyesado varios meses, varios años, y lo operaron en el talón de Aquiles para corregir su piecito porque era pie equinovaro, entonces le fueron arreglando sus piecitos”. Además, fue sometido a otro procedimiento “para que pudiera hablar y medio pudiera comer bien”.Pero Laura no se rinde para ver recuperado al amor de su vida, su hijo, por eso, a sus 26 años, cuando vio “que no había respuesta acá por en Colombia, que no me daban esperanza de que el niño iba a caminar, pues yo dije, tengo que buscar, entonces busqué por chat GPT clínicas que trataran enfermedades huérfanas”. Fue así como encontró el hospital Shriners Children’s, una red de hospitales infantiles con atención pediátrica especializada sin fines de lucro y experta en ortopedia, entre otras especialidades, a la que le envió una carta hace más de un año, con la historia clínica de Ángel Thomas y finalmente recibió una respuesta: “El segundo paso fue hacer una teleconsulta, lo vieron y me dijeron que él podría ser apto. Me llegó un correo diciendo que ya es oficialmente aceptado, ya ahoritica en enero ya le programaron las cirugías”.Según la comunicación del hospital, la atención sería en una sede en Honolulu, Hawái, y no deben preocuparse por ningún gasto médico, pero sí enfrentan otro desafío: “Necesitamos tiquetes, los vuelos, dinero para la manutención, estadías y demás, mientras que estemos allá” para un tratamiento que podría tardar entre 4 y 6 meses, por lo que la tarea de recolectar recursos para visas y residencia temporal ya empezó. Laura comenta que “trabajo en eventos, en lo que me salga. También vendo combos, he hecho rifas para poder reunir dinero, para para podernos ir, pero es muy difícil conseguir tanto dinero”.Ambos saben que solos no podrán cumplir esta meta y por eso Ángel Thomas y su mamá necesitan de alguien que los ayude a llegar hasta allá. Si usted quiere hacer alguna donación, puede hacerlo a la cuenta ahorros de Bancolombia No. 912-038336-31. También puede contactarse al teléfono 350 572 4856. (Lea también: Lucha de paciente postrasplante tras meses de espera por un medicamento vital para su tratamiento)NOTICIAS CARACOL
La sequía y el desabastecimiento de agua mantienen en alerta a varios municipios del sur del Cauca por cuenta del Fenómeno de El Niño. En Balboa, por ejemplo, cerca de 7.000 habitantes ya padecen las consecuencias de la emergencia, debido a que las fuentes hídricas que abastecen a la población registran niveles mínimos. La situación también afecta a otras comunidades de la región y profundiza una crisis social cada vez más preocupante.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEn municipios como Patía, Mercaderes y Balboa, la falta de agua ya no solo se refleja en la disminución del caudal de los ríos, sino también en los hogares donde las llaves permanecen abiertas durante horas a la espera de una gota. Aunque el acueducto regional suministra agua a estas tres localidades, las fuentes que lo alimentan muestran una reducción significativa. En las zonas rurales, el agua disponible apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas.“Me quejo porque me duele. Yo tengo a mi cargo 84 familias de esta vereda donde tengo a niños, ancianos. En este momento tengo una epidemia de dengue”, manifestó María Alexandra Mosquera, líder social en Patía.La problemática, sin embargo, trasciende el ámbito comunitario y compromete la capacidad operativa del acueducto regional. La fuente encargada de almacenar y distribuir el recurso hídrico también registra una disminución considerable, lo que repercute directamente en el suministro para Patía, Balboa y Mercaderes. Neftalí Mogrovedo, gerente del Acueducto Regional Patía, señaló en Noticias Caracol que “el caudal ya está muy mínimo, ya casi no tenemos agua. La bocatoma que tenemos que nos suministra el tanque de almacenamiento ya está muy disminuido”.Habitantes de Balboa están recolectando agua contaminadaEn Balboa, el panorama es igualmente crítico. La quebrada La Luna abastece a la cabecera municipal, mientras que la fuente San Fernando suministra agua al corregimiento de La Lomita. Fabio Andrés Rodríguez, alcalde del municipio, explicó que sus habitantes “ya tienen que recurrir a traer el agua del río Patía, que es pues muy cerca, pasa muy cerca, pero que todos sabemos que el río Patía pues está muy contaminado por el tema de la minería ilegal. No hemos tenido respuesta alguna sobre el tema de los carrotanques. Nosotros hicimos solicitud al gobierno nacional eh para poder tener unos carrotanques eh para el abastecimiento, para solventar un poco el problema, pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta”.Ante este escenario, las autoridades insisten en la necesidad de buscar soluciones urgentes y sostenibles. El llamado ya no es únicamente a esperar la llegada de las lluvias, sino a implementar alternativas que permitan garantizar el acceso al agua antes de que las reservas disponibles resulten insuficientes para atender la demanda de la población.ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE MAYRA TENORIO, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL
El Gobierno nacional no podrá iniciar por ahora el plan piloto de fumigación aérea de cultivos ilícitos con glufosinato de amonio, luego de que el juzgado tercero promiscuo del circuito de Puerto Asís, en Putumayo, ordenara su suspensión y pidiera mayor información sobre las zonas donde se realizaría la prueba, las comunidades que estarían involucradas e información sobre los estudios técnicos. Dicho plan se llevaría a cabo en ese departamento, donde, según su gobernador, Jhon Gabriel Molina, hay 46.000 hectáreas de hoja de coca, un 23 % del total de la población; de sus ingresos dependen más de 22.000 familias, una cifra que a nivel nacional, según Naciones Unidas, llega a 261.000 hectáreas y 200.000 familias.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAAdicional a los reparos judiciales, expertos como Daniel Rico, especialista en criminología, cuestionan “cómo se va a financiar esto, ¿vamos a contar con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos como se hizo durante el Plan Colombia o no? Eso no está claro. Lo segundo es el componente jurídico detrás de esto. Vamos a encontrar y el gobierno va a enfrentar permanentemente, como ya lo estamos viendo, tutelas que pueden bloquear el proceso, la disponibilidad de aeronaves y el componente de seguridad, y frente a esto vamos a encontrar seguramente acciones de drones, acciones de francotiradores, acciones de bloqueo”. Jorge Mantilla, analista en seguridad y conflicto, agrega que “esta estrategia, que demuestra que ha tenido unos porcentajes importantes de resiembra, entre 35 y 60 %, debe ir acompañada de otros elementos muy importantes: por ejemplo, una estrategia enfocada en precursores químicos como lo ha dicho Naciones Unidas; por ejemplo, una estrategia importante de seguridad y de intervención territorial; y asimismo, unos programas importantes también en materia de desarrollo alternativo”. (Lea también: Así será plan piloto de aspersión aérea contra cultivos ilícitos, pero no usarán glifosato)Diferencias del glufosinato y el glifosatoLa fumigación aérea contra los cultivos ilícitos se hacía antes con glifosato, pero el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió cambiar el herbicida. Camilo Prieto, profesor e investigador de la Universidad Javeriana, explicó que en el caso del glifosato “se ha expresado que es probablemente carcinogénico, esto no quiere decir que seguro va a producir cáncer, pero en determinadas dosis esa probabilidad puede acontecer. Para el glufosinato de amonio no, pero esto no quiere decir que sea absolutamente seguro, sino que existen riesgos para la salud reproductiva y además neurológica. Por eso, en algunos países de Europa ya perdió el registro para utilizarse; y lo otro es que la aprobación en muchos países del mundo está específicamente para control de pastos con metodologías a nivel de tierra, no por aspersiones aéreas que pueden tener un efecto deriva en el cual se disipe esta sustancia y terminen impactando indeseadamente otros ecosistemas y también poblaciones humanas”. (Lea también: Gobierno deroga la resolución que prohibía la aspersión aérea con glifosato de cultivos ilícitos)Insiste en que “los diferentes estudios que se han realizado demuestran un importante riesgo a nivel neurológico y reproductivo, tanto para los humanos como para los animales, y no existe evidencia de eficacia en el control de cultivos de uso ilícito en ningún país del mundo. Y lo otro es que los protocolos de aspersión de esta sustancia se han hecho a nivel terrestre y a unas concentraciones muy claras para el control de pastos; es decir, existe una gran incertidumbre para asperjar esta sustancia a nivel del vuelo de una aeronave”. Por eso, asegura que cuando se revisan las fichas metodológicas del plan que pretende iniciar el Gobierno “no hay claridad de las concentraciones a las cuales se va a realizar este piloto, no hay una claridad metodológica de las variables que se van a analizar y cuáles van a ser esas banderas rojas que nos van a permitir tomar decisiones informadas en el país. La sugerencia para el Gobierno nacional es que, si van a iniciar un piloto como estos, se asuman todas las estrategias de control de variables posibles y que haya un rigor metodológico para que la información que se obtenga de este primer piloto sea información que reduzca esa incertidumbre que existe alrededor de esta sustancia, no solamente en Colombia, sino en el mundo para el control de cultivos de uso ilícito”.Las dudas sobre la efectividad del glufosinato y sus riesgosLucas Marín Llanes, director de la Red de Estudios sobre drogas en América Latina, indica que, según estudios, “el glufosinato es incluso menos eficiente que el glifosato para reducir los cultivos de uso ilícito en el país”. Citó como ejemplo que, para erradicar una hectárea de cultivos de coca con glifosato “es necesario asperjarla más de 33 veces, lo que implica que el costo de erradicar una hectárea de coca se encuentra entre 80.000 y 110.000 dólares; y adicionalmente, también hay evidencia de cómo la aspersión aérea con glifosato desplaza los cultivos a otras zonas. Lo que conocemos de evidencia hasta el momento es que el glufosinato de amonio es una sustancia que genera más daños para la salud humana y que es menos eficiente para la reducción de cultivos de uso ilícito que el glifosato, siendo el glifosato bastante perjudicial para la salud humana y poco efectivo para reducir los cultivos de uso ilícito en el país”.Precisamente, el gobernador de Putumayo dijo que “la preocupación viene de lo que se presentó en el pasado. El departamento del Putumayo ya fue fumigado a través de la aspersión aérea, donde causó muchos daños e impactos negativos sobre el medio ambiente, sobre la fauna, sobre la flora, sobre la salud de las personas, la contaminación de fuentes hídricas, también afectó cultivos lícitos”.NOTICIAS CARACOL
La Policía en Bogotá informó sobre la captura de un hombre de 31 años de edad, quien fue señalado de lesionar con un arma cortopunzante a un ciudadano de 61 años, en el barrio Galerías, localidad de Teusaquillo. De acuerdo con la información de las autoridades, el hecho se habría presentado en medio de una situación de intolerancia. Después de ser resultar herida, la víctima fue trasladada a un centro asistencial.El capturado, quien sería hincha de un equipo de fútbol colombiano, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa teniente coronel Gerly Yamile Mesa, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, así informó lo sucedido: “La Policía Nacional en Bogotá capturó a una persona de 31 años de edad en la localidad de Teusaquillo, barrio Galerías, quien momentos antes habrían lesionado con arma cortopunzante a un ciudadano de 61 años de edad. Invitamos a toda la ciudadanía a resolver sus conflictos a través del diálogo, la tolerancia y a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a través de la línea #123 o el CAI más cercano”.En videos de cámaras de seguridad se alcanza a apreciar como un hombre, que sería el capturado, perseguía al adulto de 63 años para apuñalarlo y luego escapó del lugar junto a un grupo de barristas.Capturan a hombre que agredió con una piedra a un vigilanteEsta misma semana, las autoridades en Bogotá informaron sobre la captura de Randy Jhonso Bozo Molina, el hombre que aceptó haber atacado con una piedra en la cabeza a Ricardo Rodríguez, vigilante de 63 años que continúa hospitalizado en el Hospital de Kennedy tras recibir dos fuertes golpes por parte del detenido, quien, además de causarle graves heridas a la víctima, le robó sus pertenencias, incluida una bicicleta.A través de un comunicado, la Fiscalía señaló que judicializó a Bozo “como presunto responsable de agredir con un objeto contundente a un adulto mayor que se desempeñaba como vigilante en el sector de Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, el pasado 5 de septiembre”.De acuerdo con la investigación del ente acusador, la víctima se encontraba a las afueras de una caseta cuando el hoy capturado la habría atacado con una piedra, ocasionándole lesiones de gravedad.En videos de cámaras de seguridad quedó registrado cómo Randy Bozo, aprovechando el estado de indefensión de la víctima, quien estaba de espaldas mirando su teléfono celular, la golpeó en la cabeza en dos oportunidades. Incluso, continuó la agresión cuando el vigilante ya se encontraba en el suelo, sin posibilidad de defenderse.La Fiscalía indicó que, por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó al señalado agresor el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cargo que fue aceptado por el procesado.Bozo permanece privado de la libertad por otro hecho ocurrido dos días después de esta agresión. “Este último caso se presentó en el barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, donde habría amenazado a otro ciudadano con un arma cortopunzante. Por esta conducta fue judicializado por el delito de intimidación o amenaza con arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas, y arma blanca”, especificó la Fiscalía.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Se robaron más de 500 millones de pesos de 200 familias que tenían la esperanza de comprar vivienda de interés social. Una pareja en Antioquia fue condenada por liderar un falso proyecto de en Bello y otros del Valle de Aburrá. Las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación permitieron establecer que la pareja de esposos Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio promovieron dicho proyecto y obtuvieron la millonaria suma de los compradores.El juez penal de conocimiento, indicó el ente acusador, condenó a la pareja a 9 años y 5 meses de prisión por el delito de estafa agravada en modalidad masa por estos hechos ocurridos entre los años 2015 y 2018.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAPedían 13 millones de pesos a las víctimasEn el curso de la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Medellín, las autoridades establecieron que los hoy sentenciados promocionaron un supuesto proyecto de vivienda de interés social en el barrio Pachelly de Bello, en el cual prometían los delincuentes la construcción de 804 unidades habitacionales. A los ciudadanos víctimas que mostraban interés por sicho proyecto, Parra y Montoya les aseguraban que la iniciativa contaba con el respaldo de un programa del Gobierno Nacional y que recibirían un subsidio superior a 13 millones de pesos para la compra de su vivienda.Según las investigaciones, los dos condenados recurrieron a una empresa constructora legalmente constituida para captar de manera reiterada los recursos de las personas que pretendían acceder a los inmuebles. Además, indicó la Fiscalía, ambos utilizaron los nombres de otros proyectos urbanísticos de la compañía y los presentaron como respaldo para así ganarse la confianza de los ciudadanos.Sin embargo, el proyecto prometido por la pareja de estafadores nunca fue aprobado por las autoridades locales, a través de las curadurías o de la oficina de planeación municipal, y no era viable para su ejecución. A pesar de esta situación, indicaron las autoridades, las víctimas suscribieron contratos de compraventa y realizaron pagos y anticipos que terminaron consignados en cuentas de la constructora y en cuentas personales de Parra y Montoya. De esta manera, los estafadores condenados se robaron una suma de dinero superior a los 500 millones de pesos.Según la Fiscalía, la decisión del juez en contra de los estafadores “es de primera instancia y frente a ella proceden los recursos de ley”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias