La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Marelbys Meza pasó de niñera de Laura Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro, a ser testigo protegido. Cuenta cómo llegó a la casa de la Entonces jefe de gabinete, por recomendación de Armando Benedetti y su esposa y del escándalo en el que terminó por la supuesta pérdida de una alta suma de dinero.
Deisy Guanaro nació hace 39 años en una vereda campesina del departamento de Casanare y, lamentablemente, su infancia quedó marcada por el conflicto armado en Colombia. Un año antes de su secuestro, grupos armados se llevaron a sus dos hermanos, quienes en ese momento tenían 13 y 14 años, y posteriormente supo que fueron asesinados. "A mí no me gusta esa palabra reclutamiento, me gusta es como es: secuestro", subrayó en entrevista con Los Informantes.Deisy Guanaro recuerda, como si hubiera sido ayer, la noche en la que fue secuestrada cuando apenas tenía 10 años: alrededor de las 9:00 p.m., una camioneta blanca de platón llegó a su vivienda y, pese a las desesperadas súplicas de su madre, los guerrilleros la subieron al vehículo a la fuerza. Las palabras de su mamá, así como la imagen de ella de rodillas en la carretera en medio de la oscuridad, se le quedaron para siempre: "No, esto es increíble. Ella no es una mujer adulta, ella es una niña, tiene 10 años, va a cumplir 11. Por Dios santísimo, no se lleven mi hija. Vióleme a mí, por favor. Vióleme a mí, yo entrego mi cuerpo, pero no se lleve mi bebé", les decía a los sujetos, que hicieron caso omiso y se la llevaron.Los horrores que vivióTras ser trasladada en un recorrido que duró varios días junto a un grupo de aproximadamente 40 niños y niñas reclutados en diversas veredas, fue llevada al campamento general del Frente 28 de las Farc. Allí le asignaron el alias de ‘Yira’ y hasta le prohibieron llorar.Antes de cumplir los 11 años y sin haberse desarrollado físicamente, fue sometida a un procedimiento médico forzado para la colocación de un anticonceptivo intrauterino conocido como la T de cobre. La agresión fue ejecutada en la montaña por dos hombres y una mujer: “Yo perdí el conocimiento, yo sentía que no podía respirar porque el dolor era en la cadera. Ella me dice: 'Colóquese los pantalones, no va a llorar y se va para su caleta'. Me desgarraron, yo siempre digo que me desgarraron no solo el útero, sino me desgarraron el alma".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAApenas ocho días después del procedimiento, padeciendo una severa hemorragia, fue víctima de abuso sexual por parte de un combatiente de aproximadamente 50 años. Ese día, el agresor la abordó indicándole "a partir de esta noche usted va a ser mi socia" y hacia las 7:00 p.m. la llevó a su cambuche y la violentó. Además, el sujeto le tatuó su nombre en la piel para marcar la agresión: “todos los días veía ese nombre y me recordaba el daño que me habían hecho”.De los abusos al ICBF Cuenta, además, que Griselda Lobo, más conocida con el alias de Sandra Ramírez y quien luego de la firma de la paz se convirtió en senadora de la República, preparaba a las niñas para que guerrilleros cometieran todo tipo de vejámenes. Un día, “en brasier y calzones, nos dice esa señora ‘empiecen a desfilar por el lado’ donde estaban todos los borrachos drogados de los comandantes de los bloques y del secretariado en ese entonces de las Farc y, desafortunadamente, ese día me escoge a mí Pablo Catatumbo, el que ahora lo vemos como honorable congresista”, reveló agregando que no fue una sola vez, sino que este tipo de violaciones “asquerosas y humillantes” ocurrieron en varias ocasiones. Por ello, años después denunció ante la JEP a la congresista.Deisy Guanaro estuvo en las garras de las Farc desde el año 1996 hasta el 2001 y en un enfrentamiento en el que la mandaron, junto a otros niños que lamentablemente murieron, como ‘carne de cañón’ finalmente fue rescatada por el Ejército y, posteriormente, enviada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde le ayudaron a sanar sus heridas físicas y emocionales.Hoy, tiene tres hijos, logró reencontrase con su madre y su padre muchos años después, pero no pudo quedarse en el pueblo en el que ellos viven porque, de nuevo, la amenazaron para salir de allí. Armada de valor para enfrentarse a su pasado, su historia es la voz de mujeres que se ven reflejada en ella. 24 años después, regresó al ICBF, el lugar que fue su casa cuando logró salir de la selva, y ahora es asesora de la dirección general: “yo no quiero ver más niños reclutados, porque yo fui una niña de esas”.“Aquí el que debe sentir vergüenza es el abusador, porque ese es el secreto de los victimarios, la vergüenza de sus víctimas. Cuando uno siente vergüenza, no denuncia”, puntualizó.
El departamento de Sucre se sumió en el dolor y la indignación tras confirmarse el trágico destino de Armando Luis Rivero Manjarrés, un reconocido rector de colegio, gestor cultural, periodista y locutor de radio de 44 años. La desaparición del líder social, reportada el 12 de julio de 2024, activó una intensa búsqueda que develó un escalofriante entramado familiar. Séptimo Día conoció detalles de la investigación y habló con algunos de los señalados.James Chamorro Manjarrés, hermano del profesor, describió el profundo vacío que dejó su pérdida: "Fue prácticamente mi padre de crianza, a pesar de que él no tuvo hijo biológico. Él crio a mis hermanos, a otro primo y a mí". Asimismo, su sobrina Miriam Toscano Rivera resaltó sus valores: "Él es una persona demasiado educada, fue una persona muy recta en sus cosas y siempre quería que fuéramos así rectos y que estudiáramos".La última imagen con vida de Rivero se registró en Sincelejo, cuando salía en su camioneta gris acompañado de su hijastro, Yofran Orozco Perea, de 26 años.Al día siguiente de su desaparición, el 13 de julio la camioneta apareció incinerada en zona rural de Tuchín, Córdoba, un hallazgo que descompensó a Juana Perea, su pareja y mamá de Yofran Orozco: "Una experiencia muy horrible porque, o sea, yo nunca llegué a pensar que lo iba a encontrar así o que yo lo iba a ver así nunca mi vida".El rastreo telefónico que rompió la coartadaEl 17 de julio de 2024, cinco días después de su desaparición, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del profesor bajo un puente en el corregimiento de San Luis, Sampués. La necropsia confirmó que el docente murió tras recibir varios impactos de bala en el costado izquierdo.Entonces, la clave para resolver el crimen estuvo en el rastreo técnico de las empresas de telefonía celular. Los investigadores de la Sijín descubrieron que, a pesar de asegurar que se encontraba en su casa, el teléfono celular de Yofran Orozco arrojó actividad en el punto exacto y a la hora en que se abandonó el cadáver. Adicionalmente, el rastreo probó que el joven ya coordinaba llamadas para planificar la repartición de los bienes de su padrastro antes de confirmarse su hallazgo.Tanto el joven como su madre fueron capturados el 1 de octubre de 2024.La cruda confesión tras las rejasAunque inicialmente no aceptó los cargos ante los juzgados, Yofran Orozco terminó por confesar su autoría en una audiencia judicial: "Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle perdón público a mi madre, a Dios; que todas las personas que participaron para su ejecución, incluyéndome, pagaremos el precio de nuestro error".Recientemente, desde la cárcel de Sincelejo, Orozco rompió el silencio ante las cámaras de Séptimo Día y detalló las motivaciones de su crimen, atribuyéndolo a supuestos abusos pasados y celos: "Es un cúmulo que se puede dar de celos, no de celos de amor, sino un cúmulo de celos, de traición, de esa situación que fue lo que ocasionó la maximización de querer matarlo".El proceso continúa en etapa de juicio y mientras él está recluido en una cárcel, su mamá quedó en libertad por vencimiento de términos, al igual que otros tres posibles implicados. Entre tanto, la familia de la víctima clama para que el caso no quede impune.
Las autoridades informaron este sábado 29 de agosto que David Murcia Guzmán, creador de la pirámide DMG y con la que estafó a miles de colombianos, fue trasladado desde la cárcel de La Picota en Bogotá a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander.Murcia Guzmán llegó a Girón después de las 5:00 de la tarde y lo recibió una junta conformada por médico, responsable de tratamiento, psicólogo y más profesionales, los cuales determinarán en dónde lo ubicarán. Noticias Caracol conoció que lo más probable es que el delincuente sea dejado en los pabellones 7,8 o 9, que son los más estrictos de esta cárcel de máxima seguridad.¿Qué fue DMG?DMG fue una pirámide creada por David Murcia Guzmán, que operó principalmente entre los años 2005 y 2008. La empresa ofrecía tarjetas prepago y prometía altos rendimientos económicos a sus clientes mediante un sistema que, según las autoridades, funcionaba como una captadora ilegal de dinero y una estructura piramidal. Miles de personas invirtieron sus ahorros en DMG, que llegó a expandirse por varias regiones de Colombia e incluso a otros países.En 2008, el Gobierno intervino la empresa y la Fiscalía inició investigaciones que concluyeron que DMG había captado recursos del público sin autorización legal. El escándalo se convirtió en uno de los mayores casos financieros de la historia reciente de Colombia y afectó a miles de inversionistas.Las autoridades colombianas procesaron a David Murcia Guzmán principalmente por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero sin autorización. Además, Murcia fue extraditado a Estados Unidos, donde aceptó cargos relacionados con lavado de dinero y cumplió una condena de varios años antes de regresar a Colombia.¿Cuántos años de cárcel está pagando David Murcia Guzmán?David Murcia Guzmán cumple una condena de 22 años, 10 meses y 15 días de prisión por los delitos de lavado de activos y captación masiva de dinero. Su defensa ha solicitado que se le reconozca el tiempo de prisión que cumplió en Estados Unidos, argumentando que ya ha permanecido privado de la libertad durante más de 17 años y que no debería ser sancionado dos veces por los mismos hechos.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
Tras la investidura del presidente Abelardo de la Espriella, se ordenó el traslado masivo de 117 reclusos de alta peligrosidad a diversos centros penitenciarios del país, marcando un endurecimiento en la política de seguridad nacional. Esta medida busca desmantelar las estructuras criminales que, según las investigaciones, continuaban delinquiendo desde centros de reclusión como la cárcel de Itagüí.La decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella, de acuerdo con un comunicado, obedece a recuperar el control en las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales. Incluso, durante su discurso de posesión, el nuevo mandatario informó que “no habrá impunidad, los encontraré y los llevaré con determinación ante la justicia". También mencionó que no habrá diálogos.Uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló que el presidente De la Espriella se puso del lado de la fuerza pública y que se les acabó la fiesta a los criminales.Este sábado, De la Espriella manifestó que "en la era del 'Tigre' habrá mano de hierro para todos los bandidos. No voy a permitir que los delincuentes sigan desde los establecimientos carcelarios delinquiendo, extorsionando y haciendo lo que les da la gana".¿Quiénes son los jefes de organizaciones criminales trasladados?La mayoría de los traslados involucran a cabecillas que participaban en mesas de diálogo con el gobierno anterior y que están vinculados a delitos de extorsión, homicidio y narcotráfico. Entre los perfiles más destacados se encuentran:Alias Douglas: jefe histórico de "La Terraza" y uno de los cabecillas de la "Oficina de Envigado", quien purga una condena de 32 años.Freyner Ramírez García (alias Carlos Pesebre): cabecilla de la estructura "Los Pesebreros" y la "Oficina de Envigado", condenado a 36 años de prisión.Juan Carlos Mesa (alias Tom): jefe de la organización delictiva "Los Chatas", sentenciado a 16 años por delitos que incluyen concierto para delinquir y tráfico de armas.Alias El Indio: uno de los principales cabecillas del grupo "Trianón", señalado por venta de estupefacientes y asesinatos.Alias Lindolfo y Poncho: criminales que fueron reubicados en las cárceles de Valledupar y La Dorada.Muchos de estos cabecillas estuvieron involucrados en una reciente y polémica "parranda vallenata" dentro de la cárcel de Itagüí, lo que precipitó la decisión del nuevo gobierno de acabar con los beneficios carcelarios.Los casos de Epa Colombia y Margaret ChacónDentro de los operativos realizados por el Inpec también se ejecutaron traslados de mujeres con casos de alta relevancia mediática. Uno de ellos es el de Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia. La influencer, condenada por actos de vandalismo contra Transmilenio durante las protestas de 2019, fue trasladada a la cárcel de Ibagué, en el departamento del Tolima. El gobierno justificó su movimiento como parte de las operaciones de control de seguridad nacional.En tanto, Margaret Chacón, quien fue condenada por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, fue trasladada desde la Escuela de Carabineros hacia la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.El presidente De la Espriella, en su discurso, fue enfático en que su administración construirá "megacárceles" y que los grupos criminales solo tienen dos opciones: someterse a la ley o enfrentar la fuerza del Estado. Con estos traslados a prisiones en ciudades como Palmira, Girón, Valledupar y La Dorada, se busca eliminar la influencia que estos delincuentes mantenían en sus zonas de origen.NOTICIAS CARACOL
Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, libra una condena de cinco años y dos meses de prisión por los actos de vandalismo que protagonizó en 2019 contra el sistema de transporte TransMilenio. A pesar de los constantes esfuerzos de su equipo legal, la justicia colombiana le ha negado en repetidas ocasiones las solicitudes de casa por cárcel o extinción de la pena.Y este viernes 7 de agosto del 2026 se conoció que Barrera, quien estaba en la Escuela de Carabineros, fue trasladada a la cárcel de mujeres de Ibagué, donde continuará su pena. Cabe resaltar que la empresaria de productos de belleza inició su condena en la cárcel El Buen pastor, en Bogotá. La decisión del traslado habría sido orden presidencial.Este mismo año, en enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia ratificó su condena tras negar un beneficio basado en la ley de justicia restaurativa. Actualmente, su defensa, liderada por la abogada cartagenera Wendy Herrera, busca una conciliación con TransMilenio para que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá acceda a mecanismos que le permitan recuperar su libertad.Esta decisión se suma al fuerte despliegue operativo que la Policía y el Inpec adelantaron para el traslado de 103 reclusos de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, hacia otras prisiones de máxima seguridad en otros territorios del país. Esta operación fue sorprendente pues simultáneamente el presidente Abelardo de la Espriella, durante su posesión, anunciaba su ofensiva contra los grupos armados ilegales.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue quien confirmó que fue informado sobre el traslado de 103 peligrosos criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país.Su última aparición: un cambio radicalIncluso, hace solo un día, se conoció una fotografía de Barrera durante el pago de su condena a través de una foto que publicó su abogada en redes sociales. La imagen causó un gran impacto entre sus seguidores debido a un cambio radical en la apariencia de su rostro, lo que generó rumores sobre posibles procedimientos estéticos realizados durante su reclusión.En dicha publicación, la abogada Herrera envió un mensaje de esperanza, asegurando que están trabajando "maratónicamente" y ajustados a derecho para lograr la libertad de la empresaria en los próximos días. Por su parte, Epa Colombia aprovechó el encuentro para enviar un mensaje a los colombianos, manifestando su deseo de "seguir construyendo país" y brindando oportunidades una vez salga de prisión.NOTICIAS CARACOL
En un fuerte despliegue operativo, la Policía y el Inpec adelantaron -en la tarde de este 7 de agosto del 2026- el traslado de 103 reclusos de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, hacia otras prisiones de máxima seguridad en otros territorios del país. Esta operación fue sorprendente pues simultáneamente el presidente Abelardo de la Espriella, durante su posesión, anunciaba su ofensiva contra los grupos armados ilegales.De hecho, De la Espriella anunció que, en las próximas horas, su gobierno expedirá el listado de grupos narcoterroristas. De esta manera, dotará a la fuerza pública de instrumentos eficaces para el combate frontal del crimen. Añadió que “la opción del diálogo está completamente agotada”.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue quien confirmó que fue informado sobre el traslado de 103 peligrosos criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país.“Han sido los jefes de estructuras criminales que delinquen en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, entre ellos alias Carlos Pesebre, ‘Douglas’ y ‘El Indio’”, señaló Rendón.Las polémicas en la cárcel de ItagüíLa cárcel de Itagüí estaba en el ojo del huracán e incluso fue llamada "resort criminal" tras revelarse una ostentosa "fiesta vallenata" organizada por cabecillas de bandas delincuenciales recluidos allí. El evento contó con la participación del cantante Nelson Velázquez, a quien presuntamente se le habrían pagado 100 millones de pesos en efectivo.Aunque los informes del INPEC reportaron "sin novedad especial", los registros de seguridad y denuncias confirmaron el ingreso de licores, tarimas y 138 invitados, incluyendo 80 mujeres. Este escándalo resaltó los privilegios en el penal, donde los internos remodelaron sus celdas a su gusto y jefes como alias Douglas habitaban espacios tipo apartamento.A esto se sumó el polémico "tarimazo" en Medellín, donde el presidente Gustavo Petro compartió escenario con figuras de la Oficina de Envigado como alias Douglas, ‘Pesebre’ y ‘Lindolfo’. En dicho evento, los procesados lucieron gorras de "Paz Urbana" y se ubicaron junto a la cúpula ministerial y militar.Ambos sucesos provocaron fuertes críticas hacia la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, cuestionando si se estaba legitimando a delincuentes que mantienen el control social y económico en las comunas. El Inpec todavía no ha informado la identidad de los 103 delincuentes que fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí a otros penales.NOTICIAS CARACOL
Entre los pilares del nuevo Gobierno está el de la seguridad. De hecho, el presidente Abelardo de la Espriella -durante su primer discurso tras la investidura- manifestó que “la era del ‘tigre’ será contundente y certero contra el crimen”. Desde el batallón Pichincha de Cali, esbozó los principales retos y políticas para estos cuatro años.De la Espriella hizo especial énfasis en recuperar la seguridad del país y tardó varios minutos ahondando en lo que serán algunas de sus políticas. “La autoridad, queridos compatriotas, tampoco termina con la captura de los delincuentes”, mencionó el mandatario, quien prosiguió mencionando que “se construirán megacárceles”.Sobre estos nuevos espacios de detención, De la Espriella señaló que esas construcciones estarán “destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo”.En otro punto, les envió un mensaje a los militares y policías colombianos, a quienes les manifestó que “tengan la certeza de que este gobierno los protegerá como se debe hacer con los héroes de Colombia; se les brindarán todas las garantías jurídicas para que no sean perseguidos por cuenta del cumplimiento de su deber”. Agregó que como comandante supremo de las Fuerzas Armadas “tendrán a un defensor de todas las horas. En sus manos está una parte esencial de la construcción de la ‘Patria Milagro’”.De la Espriella anunció fumigación con herbicidas de última generaciónEl mandatario, que durante la campaña prometió una política de mano dura contra las organizaciones armadas y criminales, aseveró que "la opción del diálogo está completamente agotada", en referencia a las negociaciones de paz con grupos guerrilleros y bandas criminales de varios de sus antecesores."El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado bajo el régimen que ha terminado fue suficientemente cómplice", continuó en su discurso frente a un centenar de uniformados.En esa línea, De la Espriella aseguró que durante su mandato volverán las fumigaciones contra los cultivos ilícitos y defendió el uso de herbicidas que, según dijo, no afectarán la salud humana ni el medio ambiente."Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente", dijo, e insistió en que "la coca ha traído muerte, corrupción y destrucción" y ha destrozado las selvas, desplazado a los campesinos y ha sido "el combustible para el narcoterrorismo" en Colombia.NOTICIAS CARACOL
La tarde de este viernes, 7 de agosto, se presentó un ataque a bala contra un funcionario del Inpec en el barrio Castilla, occidente de Bogotá. De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, la víctima, comandante de auxiliares en la cárcel La Picota, fue atacada cuando llegaba a su casa tras cumplir su servicio.El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que “según registros preliminares e imágenes de cámaras de seguridad del sector, el funcionario sostuvo un diálogo de aproximadamente cuatro minutos con un sujeto desconocido, quien posteriormente le disparó en el abdomen”.Tras el ataque, el inspector fue remitido de urgencia a la Clínica de Occidente, donde ingresó a reanimación y su estado de salud es reservado.En el lugar se habría encontrado un panfleto con amenazas dirigidas al personal de custodia penitenciaria y, además, investigan si el ataque iba dirigido contra otro inspector que tendría una apariencia física similar a la del funcionario lesionado.Por su parte, la Policía Nacional adelanta la recolección de material probatorio, análisis de trazabilidad de cámaras y despliegue operativo para la captura de los responsables, según informó el Inpec.Es de recordar que el jueves, 6 de agosto, en Girón, Santander, otro funcionario del Inpec fue atacado por desconocidos cuando se dirigía a recibir turno. Hombres en moto interceptaron a Efraín Quesada Urrego, que llevaba más de 10 años al servicio de la institución, y acabaron con su vida.
La Comisión de Reino Unido planteada para visitar el lugar donde se pretende ubicar a Zulma Guzmán Castro en Colombia, no llegó para la cita programada para este 30 de marzo. Así lo confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) este lunes tras no tener novedades en este importante proceso de extradición. Zulma Guzmán se encuentra detenida en el centro carcelario HMP Bronzefield, en Reino Unido.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)Guzmán es señalada por la justicia colombiana por ser una de las responsables por el caso de envenenamiento de unas frambuesas con talio, que causó la muerte de dos menores de edad. Sin embargo, han salido a la luz más detalles que darían cuenta de que habría más casos similares, también vinculados con la colombiana.Al parecer, no hay una fecha reprogramada para realizar la inspección. Originalmente estaba planteado que la comisión británica visitara la cárcel El Buen Pastor y, eventualmente, La Picota. Según detalló la fiscal general Luz Adriana Camargo, la justicia colombiana inicialmente planteó que Guzmán fuera recluida en El Buen Pastor, pero finalmente consideraron más adecuado que la empresaria sea asegurada en el pabellón de funcionarios de La Picota. “La extradición de la señora Zulma viene surtiéndose dentro de los pasos acordados con el gobierno de Gran Bretaña. Ellos son cuidadosos en el examen de las condiciones”, aseguró Camargo en ese entonces.Cuñada de Zulma Guzmán sería otra víctima del talio; empresaria es perfilada como “asesina serial”"Asesina serial"Cabe recordar que Zulma Guzmán Castro ahora sería catalogada en Colombia como una asesina serial, según declaraciones que dio la fiscal general a mediados de marzo de 2026. Y es que un grupo de investigación del ente acusador acumuló evidencias que señalarían que dos mujeres, allegadas a Guzmán, habrían sido envenenadas de la misma forma, lo que demostraría un comportamiento sistemático. Una de las afectadas sería una familiar suya: Elvira Restrepo, una cuñada de la empresaria convicta.Ministro de Justicia pide acelerar la extradición de Zulma Guzmán: ¿qué ha ocurrido con el caso?El caso de Restrepo ocurrió en enero de 2025, cuando la mujer recibió un paquete de chocolates en su casa. Los dulces habrían sido envenenados precisamente con talio, un elemento químico inodoro e insaboro. La mujer se trasladó a la Fundación Santa Fe cuando empezó a presentar complicaciones en su salud. Al día de hoy, la cuñada de Guzmán está en Estados Unidos recibiendo tratamiento para contrarrestar los efectos del químico. Según dijo el doctor Camilo Uribe a Los Informantes, el talio es difícil de eliminar en el cuerpo, ya que este se adhiere al tejido graso.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
Hace cuatro años, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló imágenes que provocaron la destitución del director general del Inpec y del director de la cárcel La Picota. Durante varias semanas de seguimiento, se documentó cómo el empresario Carlos Mattos, detenido por sobornar a un juez, se desplazaba por Bogotá con la libertad de un ciudadano común.En estas salidas, Mattos atendía a familiares, socios y abogados, mientras los guardianes del Inpec encargados de su custodia actuaban como sus mensajeros y conductores personales. A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas en su momento, la Fiscalía General de la Nación no imputó delitos por estos hechos durante cuatro años.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La situación cambió recientemente cuando se conoció una solicitud de principio de oportunidad en favor de Mattos y los guardianes involucrados. Durante la audiencia virtual, realizada mientras Mattos cumple casa por cárcel, la fiscal del caso admitió que, durante las salidas de la prisión, el empresario se desviaba a oficinas privadas y que, en ocasiones, su paradero fue desconocido por varias horas tras salir de dichas reuniones.La Fiscalía señaló que las conductas de Mattos y los custodios configuran los delitos de peculado por uso (con penas de 16 a 72 meses) y prevaricato por omisión (de 32 a 90 meses). Según la fiscal, por la gravedad de estas acciones, los implicados podrían enfrentar condenas de hasta siete años de cárcel de no prosperar el acuerdo.No obstante, el fundamento central de la Fiscalía para cesar la acción penal es una oferta de reparación basada en la entrega de vehículos. En una exposición que recordó a una "feria automotriz" e incluso la fiscal detalló las especificaciones técnicas o "virtudes" de los bienes ofrecidos:Dos camionetas Hyundai Staria: Equipadas con motor Turbo Diesel de 2.2 litros, 177 caballos de potencia y sistemas de seguridad como alerta de colisión frontal y sujeción infantil ISOFIX. Una sería para la Fiscalía y otra para el Inpec, con un valor de 182 millones de pesos cada una.Una motocicleta KTM 250 Adventure (Modelo 2025): con inyección Bosch y suspensión diseñada para terrenos difíciles, valorada en 25 millones de pesos para el Inpec.Preocupación de juristasDurante la audiencia, a la cual tuvo acceso Noticias Caracol, la fiscal defendió la solicitud de principio de oportunidad, considerando que “se muestra como idónea, necesaria y proporcional en favor de los postulantes", quienes conocen cuál ha sido la modalidad de la conducta. No obstante, hay inquietudes de juristas y expertos quienes han manifestado su rechazo a este acuerdo por diversas razones. Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que una de las preocupaciones es que se otorgue solo por reconocer el delito sin aportar información nueva sobre la red de corrupción que permitió estas irregularidades. También les resulta cuestionable que el Inpec sea resarcido como víctima cuando sus propios funcionarios participaron en los hechos.Los expertos, además, advierten sobre un precedente peligroso donde los delitos adquieren un valor comercial, sugiriendo que salir ilegalmente de la cárcel puede compensarse con bienes materiales en lugar de penas de prisión.“Creo que el mensaje es el peor posible por muchas razones, por una parte, las explicaciones que se dieron a las circunstancias en virtud de las cuales el señor Mattos salía de la cárcel a adelantar una serie de reuniones o diligencias pues nunca fueron claras, eran unas explicaciones medio gaseosas que nadie entendía, pero que además tampoco se justificaban porque estaba privado de la libertad, precisamente. Lo segundo es que si el resarcimiento lo que busca es que la verdad se sepa, pues la verdad brilla por su ausencia”, indicó Pérez.En su análisis, Pérez señaló que es un grave precedente y además evidencia una tasación del delito con un mecanismo extraño. “Si a la conducta cometida aparentemente de forma reiterada por el señor Mattos, con la complicidad de personal del Inpec, se le tasa en dos vehículos y una moto, que entiendo es lo que está siendo objeto de negociación por parte de la Fiscalía, pues en el terreno al que vamos a terminar arribando pues es que los delitos adquieren como una suerte de tasa de cambio”, explicó.En otro punto, reiteró que “este precedente es no solamente lamentable sino también preocupante”. El aspecto más irónico del caso es que Carlos Mattos pretende evitar una nueva condena entregando camionetas de la marca Hyundai. Esta es la misma marca que representó durante décadas en Colombia y cuyo litigio jurídico lo llevó inicialmente a prisión por sobornar a un juez para obtener un fallo favorable.UNIDAD INVESTIGATIVANOTICIAS CARACOL
David Nieves Mosquera es buscado en todo el país tras su misteriosa evasión de la cárcel La Picota, en Bogotá. El fugitivo habría recurrido a una vieja y conocida modalidad de escape: el 'cambiazo'. Nieves intercambió roles y se hizo pasar por un civil que ingresaba para estar un tiempo con sus seres queridos, logrando salir posteriormente del recinto como familiar visitante. Por otro lado, la persona con quien se intercambió ingresó simulando ser un recluso y, más tarde, aclaró que solo era un visitante y exigió su liberación.En diálogo con Noticias Caracol, el mayor retirado Horacio Bustamante, director de la cárcel La Picota de la capital, ofreció detalles sobre este peculiar incidente. Según el entrevistado, Mosquera posee un prontuario criminal variado y una condena de 28 años de cárcel por el delito de extorsión. Anteriormente, el reo ya había estado privado de su libertad por haber cometido infracciones similares y pagó una pena en la Cárcel Modelo durante cerca de diez años.Lo más destacable del suceso fue la artimaña que empleó el delincuente evadido. Este tradicional 'cambiazo', afirma Bustamante, no se había registrado en el INPEC desde hace más de dos décadas. La principal investigada en el caso es la perito encargada de realizar la correspondiente reseña de identificación del recluso; la mujer habría validado como positiva la huella dactilar del falso prisionero, lo que impidió que se notificara la respectiva novedad. "Todo se dio porque nuestra perito en reseña de identificación, vimos en los videos, hizo el cotejo dactiloscópico y le dio positivo. (...) Le presumimos su inocencia y que no se prestó para tal fin", sostuvo el director.Todo comenzó cuando el hombre, hoy prófugo, recibió la visita de un supuesto tío, un pariente que simuló ser familiar suyo para ingresar como visitante. Sin embargo, tras reunirse con Mosquera y efectuar el intercambio, el visitante fingió no conocer al recluso que se escapó. "Él nos manifiesta, posterior a la novedad, que no tiene ningún parentesco con él. (...) Luego de que se dio la evasión el señor fue el que nos dijo que faltaba por salir, que era un visitante", añadió el director, enfatizando en que el presunto colaborador del delincuente ya se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes y podría responder por el delito de favorecimiento de fuga.Modo de escape inédito en décadasBustamante, quien dirige una prisión con más de 8.000 privados de la libertad, explicó a Noticias Caracol que esta modalidad no se presentaba hace más de dos décadas y que pudo llevarse a cabo por la similitud existente entre los dactilogramas del reo y el visitante. "Hace dos años hubo una fuga en La Picota, pero hace más de dos décadas no se daba una fuga bajo esta estrategia", agregó.Al respecto, Bustamante señaló que se requiere una nueva inversión en tecnología para la cárcel, pues la implementación de dispositivos de reconocimiento biométrico, por ejemplo, sería clave para evitar que sucesos de este tipo ocurran.JULIÁN CAMILO SANDOVALNOTICIAS CARACOL DIGITALJSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO
Quienes escuchan a Saúl Zárate creen que están ante una gran injusticia de la ley colombiana. Este hombre de 64 años lleva 17 privado de la libertad por un crimen que él y todo un pueblo aseguran que no cometió. Gracias a un trabajo de la Fundación Acción Interna, de Johana Bahamón, su caso podría ser revisado próximamente por la Corte Suprema de Justicia. El campesino fue condenado a 47 años de prisión en la cárcel La Picota por una masacre en la que asesinaron a cuatro personas. Lo llamativo del caso es que Saúl no estaba en el lugar de los hechos en ese momento y tiene a todo un pueblo de testigo. A pesar de eso fue condenado y ha pasado 17 años tras las rejas, esperando que alguien lo escuche."Esta situación no se la deseo ni a mi peor enemigo, porque esto es un cementerio pequeño. En los cementerios fallece la persona y la visitan por ahí los primeros meses, así pasa acá, una persona es privada de la libertad y los primeros meses tiene uno atención, después se van olvidando", señaló Zárate en diálogo con Los Informantes.Saúl habla con tranquilidad y con profundo agradecimiento porque, después de 17 años, por fin su historia se está escuchando. Primero por Johana Bahamón y su Fundación Acción Interna, que se han apropiado de su caso, y ahora por los medios. Tampoco ha perdido la fe en Dios, a quien eventualmente le hace algunos reclamos por la injusticia que vive. “Yo le digo a mi Dios, 'pero si usted es el testigo presencial de que yo no fui. Está como demorado, ¿qué pasa, cuál es la demora?’”.Los hechos por los que fue condenado Saúl ZárateSaúl recuerda con muchos detalles ese fatídico 16 de agosto del 2007, lleva 17 años recordándolo y contándolo para demostrar su inocencia. Es específico con las horas, los lugares y las personas con las que estuvo.“Ese día se celebraba la feria en La Palma, que la celebran todos los meses de agosto. Yo estoy en la finca, me levantó a las 5:00 de la mañana, voy al potrero y saco un macho que tenía para la feria, salgo a la carretera y venían unos muchachos con un viaje de ganado. Eran Genaro Quijano, José Fabián Quijano (Lucas), Enrique Guzmán y don Armando Vega. Yo le digo a Lucas que me haga el favor de llevarme el macho mientras yo voy a la casa me baño y me cambio, les caigo en La Palma las 8:00 o 8:30 de la mañana". Recuerda que a lo largo del día hizo negocios en la feria, en la que estaba todo el pueblo, y se vio con amigos de toda la vida como "Arteodoro León, Enrique Guzmán, el doctor Bernardo Neira, don Alfonso Bolaños, don Alberto, estaban todos". En la tarde, detalla, se encontró con "don Amadeo Vega, la señora Blanca y la niña Valentina" en los toldos donde estaba buscando algo de comer y más tarde Alberto Bolaños lo buscó para venderle una yegua.“A eso de las 5:00 o 5:30 de la tarde viene don Alberto Bolaños y me dice: ‘Saulito, camine que le tengo un ejemplar allí’. Era una yegua, y yo se la compro. En ese momento estaban ocurriendo los hechos, estaban matando a esa gente por allá, porque en el proceso dice que entre las 5:00 o 6:00 de la tarde entraron los tipos a matarlos”.Efectivamente, lo que dice el expediente de la masacre es que ese 16 de agosto del 2007 varios hombres armados con armas de fuego llegaron a la Finca Mari, ubicada en la vereda Otumbe, jurisdicción del municipio de Caparrapí, Cundinamarca, y asesinaron a sangre fría a cuatro personas. "Yo no tengo nada que ver porque yo no podía estar en dos lugares al mismo tiempo y hay una distancia de tres horas desde el sitio de donde yo estaba".Los testimonios que lo respaldanLa historia de Saúl Zárate se escuchó por primera vez en el podcast Cárceles de la Fundación Acción Interna. Al escuchar ese capítulo, Johana Bahamón aseguró sentir "una conexión especial" con el campesino y decidió ayudarlo. "Yo sí creo en su inocencia, hemos hecho toda una investigación, hemos estado con su abogado, todo el equipo de la fundación, hemos ido al sitio de los hechos y confiamos en que es inocente y queremos que se haga justicia".Junto a Juan Pablo Uribe, el abogado de Saúl, el equipo de la Fundación ha realizado lo que hace 17 años no hicieron las autoridades: ir a La Palma y a Caparrapí para escuchar los testimonios de quienes estuvieron ese día con Saúl Zárate."Él tiene una coartada respaldada por un pueblo entero”, señaló el abogado que ha escuchado las voces de las personas mencionadas por Zárate en su relato quebrarse cuando les preguntan por el campesino, pues consideran que está viviendo una fatal injusticia. "Yo los escucho y ellos se quiebran”. Pero eso no es todo, Saúl no solo tiene a su favor los testimonios de las personas que aseguran haberlo visto todo el día en la feria de La Palma. Incluso familiares de las personas asesinadas en Caparrapí le han dicho al abogado: "A mi mamá me la mataron, pero Saúl no fue porque él y yo estábamos en la feria". De la misma forma, otro hombre privado de la libertad por la misma masacre le aseguró a la Fundación que Zárate no participó en el crimen. “Yo sé toda la verdad, yo lo puedo afirmar, eso es así”, les dijo.La búsqueda de justiciaLa pretensión del abogado Juan Pablo Uribe y la Fundación Acción Interna es apelar a la Corte Suprema de Justicia para que revise el caso. En diciembre el equipo presentará la solicitud de revisión y esperan tener buenos resultados.“Saúl desde el primer instante te da esa energía de esos valores del campo, la honradez, la bondad. Saúl no puede haber hecho eso, mira la edad que tiene Saúl, mira los años que le faltan, ese señor se va a morir en prisión, si no pasa nada ese señor se va a morir en prisión”, agregó el abogado.Por su parte, a pesar de los 17 años privado de la libertad, Saúl no pierde la esperanza y la acción de este equipo se ha convertido en esa pequeña luz que lo ilumina. “Ante la ley de Dios no pierdo la esperanza, con toda esta oportunidad que me están dando no la pierdo, yo tengo mi conciencia limpia, no pierdo las esperanzas porque yo no soy el del problema”.También ha aprovechado el tiempo, aunque no pudo ver crecer a sus tres hijos, en la cárcel La Picota ha buscado oportunidades.”Cuando yo caí en la cárcel tenía hasta tercero de primaria, pero con la ayuda de Dios y del Inpec aquí terminé mi bachillerato, he aprendido mucho, esto para mí ha sido una universidad. Aquí hay dos caminos, el bueno y el malo, aquí ve uno cosas feas, gente con costumbres que no deben ser, pero yo no, yo sigo el camino de Dios”.
Conseguir una práctica profesional suele convertirse en uno de los mayores retos para miles de universitarios cuando se acerca el final de la carrera. En ese contexto, Enel Colombia abrió una convocatoria con más de 120 vacantes para estudiantes que deban realizar sus prácticas durante el primer semestre de 2027, una oferta que tendrá como principal escenario a Bogotá y que ya fue divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.Las postulaciones estarán habilitadas hasta el próximo 3 de octubre de 2026 y están dirigidas a jóvenes que se encuentren en los últimos semestres de sus programas académicos y cuenten con autorización de su universidad para iniciar la etapa práctica. La compañía informó que la mayoría de las plazas estarán ubicadas en Bogotá, aunque también habrá oportunidades en Atlántico, Huila y algunos municipios de Cundinamarca.Estas son las carreras que busca Enel para sus prácticas profesionalesUno de los aspectos que más llama la atención de esta convocatoria es que no está dirigida exclusivamente a estudiantes de ingeniería. Según la información oficial, pueden participar alumnos de carreras como:Administración de Empresas.Ingeniería Industrial.Ingeniería Eléctrica.Ingeniería Electrónica.Ingeniería de Sistemas.Ingeniería Mecánica.Economía.Finanzas.Contaduría.Comunicación Social.Psicología.Derecho.Ciencias Ambientales.Estadística.Análisis de Datos.Desarrollo de Software.Otras áreas afines.La convocatoria incluye oportunidades en equipos corporativos, comerciales, digitales, jurídicos, ambientales y técnicos, por lo que abarca perfiles muy diferentes dentro de la organización. Para aplicar, los estudiantes deben encontrarse en los últimos semestres de sus estudios, contar con el aval de la universidad y estar matriculados para el periodo académico 2027-1. Además, la compañía indicó que el proceso no contempla restricciones por edad.¿Qué ofrecen las vacantes para estudiantes en Bogotá?Las prácticas tendrán una duración inicial de seis meses mediante un acuerdo entre el estudiante, la institución educativa y la empresa. En determinados casos, el periodo podrá extenderse por otros seis meses si continúan las condiciones académicas requeridas. De acuerdo con la información difundida por la empresa y la Alcaldía, los practicantes recibirán remuneración durante el tiempo de vinculación y podrán acceder a algunos beneficios asociados a la modalidad de trabajo y bienestar laboral. Entre las condiciones anunciadas se encuentran:Modalidad híbrida para algunos cargos administrativos.Bono de conectividad para quienes desarrollen actividades bajo ese esquema.Jornada reducida los viernes en determinadas áreas administrativas.Programas de formación y acompañamiento profesional.Acceso a beneficios y bonos de experiencias.Espacios de trabajo compartido y zonas de bienestar en la sede administrativa de Bogotá.La compañía indicó además que vincula cada año cerca de 300 estudiantes mediante sus programas de práctica, que funcionan como una de las principales puertas de entrada para jóvenes profesionales que buscan adquirir experiencia laboral antes de graduarse. Los estudiantes interesados tendrán plazo hasta el 3 de octubre de 2026 para presentar su candidatura a la convocatoria correspondiente al primer semestre de 2027.La apertura de estas vacantes coincide con la búsqueda de oportunidades laborales por parte de miles de universitarios que, además de cumplir un requisito de grado, intentan sumar experiencia profesional antes de terminar sus estudios. En Bogotá, este tipo de convocatorias suele registrar una alta participación debido a que muchas carreras exigen la práctica empresarial como parte de su plan académico.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El miércoles 16 de septiembre se confirmó el hallazgo sin vida de las cinco personas que iban a bordo de la avioneta Cessna T206 de matrícula HK4985, que despegó del aeropuerto del municipio de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, y tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 de la mañana del domingo 13, sobre una zona boscosa entre los departamentos de Chocó y Risaralda, donde fueron hallados los restos de la aeronave. Las víctimas fatales de la tragedia fueron identificadas como: Sandy García, enfermera jefe; Perla Constanza Álvarez, médica; María Constanza Guzmán, médica; Julissa Figueredo, radióloga, y Mehmet Cankaya, experimentado capitán y piloto de la aeronave. (Lea también: Enfermera que murió en avión accidentado en Chocó envió fotos y videos a su mamá antes del siniestro)¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAAdriana Revelo, esposa del piloto, se pronunció luego de que se informara sobre el fallecimiento de Cankaya y las otras ocupantes del aparato, expresando “nuestra profunda solidaridad con las familias de las demás personas que se encontraban en la aeronave. Compartimos el dolor que deja esta pérdida y les enviamos nuestro respeto, cercanía y fortaleza en un momento tan difícil para todos. Como familia, estamos profundamente afectadas por lo sucedido”.“Nuestra prioridad en este momento es acompañarnos”Adriana y Mehmet tenían tres hijas, de 18, 9 y 7 años, y se habían casado hace cerca de 10 años. Esta madre de familia reveló a Noticias Caracol, antes de confirmarse la muerte de su esposo, que las niñas más pequeñas no sabían sobre la desaparición de su padre: “Ellas piensan que el papá está de viaje”.Ahora, con la partida del piloto, las cuatro enfrentan una nueva realidad y Adriana, a través de su comunicado, manifestó su agradecimiento “de corazón (por) todas las muestras de cariño, solidaridad, oraciones, mensajes y llamadas que hemos recibido”. Sin embargo, dijo que “como familia, estamos profundamente afectadas por lo sucedido. Nuestra prioridad en este momento es acompañarnos, proteger emocionalmente a nuestras hijas y transitar este duelo en la intimidad de nuestro hogar y de nuestra familia”, por lo que “en este momento no nos encontramos en condiciones de atender llamadas, responder mensajes, conceder entrevistas ni ampliar información. El silencio o la falta de respuesta no deben interpretarse como falta de agradecimiento, sino como una necesidad de recogimiento, tiempo y espacio familiar”.“Agradecemos de corazón cada manifestación de afecto, cada oración y cada gesto de solidaridad. En este momento necesitamos tiempo, respeto y espacio para acompañarnos como familia y comenzar a asimilar esta pérdida”, añadió.El lugar donde cayó el aviónLa Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) reveló poco antes de confirmarse el fallecimiento de las cinco personas, que a la zona donde fueron hallados restos de la aeronave fue enviado "un equipo de rescatistas, de recuperación de personal", cuyos miembros "son expertos en búsqueda y rescate en combate". El comandante del Comando Aéreo de Combate Número 5, general Luis Miguel Díaz recalcó que debido a que "el ángulo de incidencia del terreno es muy alto, el helicóptero no puede aterrizar, no puede ni siquiera posar una rueda. Entonces fue necesario insertarlos con una grúa de rescate" desde el aire. Estos expertos, precisó, "están equipados con equipos contra el frío, van con abastecimientos para durar hasta tres días (...) en el área y también con equipos de comunicaciones".NOTICIAS CARACOL
El ente regulador de las telecomunicaciones de Venezuela comenzó a levantar este jueves las restricciones a diversos portales web y medios digitales tras años de censura, atendiendo a la petición del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática del Gobierno y en coincidencia con el inicio del segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición para abordar la libertad de expresión. "En cumplimiento de las instrucciones emanadas por la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informa a la colectividad nacional sobre el restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales", dijo el ente regulador en un comunicado publicado en su web."A partir de esta fecha, las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el territorio nacional han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos", continuó Conatel.Hasta el momento, la ONG VE Sin Filtro contabiliza unos diez medios digitales desbloqueados. VE Sin Filtro señaló que, según su "análisis preliminar", el levantamiento de las restricciones comenzó "de forma aparentemente simultánea" a la petición que hiciera el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a las 10:00 hora local del miércoles (02:00 GMT).La medida llega justo cuando el Gobierno de Venezuela y un grupo opositor comenzará este jueves el segundo ciclo de las negociaciones respaldadas por Estados Unidos para una transición, en el que se espera que aborden las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.Entre los portales webs desbloqueados hasta el momento se incluye el de la revista colombiana Semana, aunque según el registro de la ONG unos tres todavía están bloqueados en algunas operadoras."De mantenerse esta medida, sería, junto con el desbloqueo de X, el primer retroceso importante de la censura en internet en Venezuela. Pero sigue siendo insuficiente, exigimos el cese de todos los bloqueos, incluyendo: medios, ONG, iniciativas políticas, plataformas de comunicación, VPN", pidió VE Sin Filtro.En Venezuela, unos 200 dominios de internet, la mayoría relacionados con noticias, estaban bloqueados hasta el miércoles, según esa ONG. Según el breve comunicado del Programa de Convivencia y Paz, creado por Rodríguez el pasado enero, la petición se hizo después de realizar un proceso de consultas con distintos sectores de los medios para "favorecer un ambiente de mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo".Conatel reafirmó en su mensaje de hoy "su compromiso con la regulación del espectro radioeléctrico y la supervisión de las telecomunicaciones, velando permanentemente por el acceso seguro, ordenado y adecuado a los servicios de información y comunicación para todo el pueblo venezolano".EFE
Una de las relaciones más estables y mediáticas del entretenimiento latino llegó a su fin. La modelo argentina Valentina Ferrer confirmó el 16 de septiembre de 2026 que su historia de amor con el cantante colombiano J Balvin terminó después de varios años juntos y un hijo en común. La noticia puso fin a semanas de especulaciones en redes sociales, donde los seguidores de la pareja venían señalando posibles indicios de distanciamiento.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATALa confirmación llegó a través de un mensaje publicado por Ferrer en sus historias de Instagram. En el comunicado, la modelo explicó que ambos decidieron seguir caminos distintos, aunque dejó claro que la decisión fue tomada de manera amistosa y pensando en el bienestar de su familia: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió la argentina. También señaló que se trata de una decisión tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”.Hasta el momento, J Balvin, cuyo nombre real es José Álvaro Osorio Balvin, no ha emitido un pronunciamiento público sobre la ruptura ni ha explicado las razones detrás del final de la relación. La ahora expareja se convirtió durante años en una de las más seguidas de la industria musical latina. Su historia comenzó en 2017 durante el rodaje del videoclip de la canción Sigo Extrañándote, donde Ferrer participó como protagonista. Tiempo después iniciaron una relación sentimental que se consolidó lejos de los escándalos y con escasas apariciones públicas relacionadas con polémicas.En junio de 2021 nació Río, el único hijo de la pareja, quien ha sido mencionado por ambos como la prioridad principal durante esta nueva etapa familiar. En su mensaje, Ferrer insistió en que continuarán acompañando a su hijo con amor y responsabilidad pese a la separación.El anuncio no tomó completamente por sorpresa a los seguidores de la pareja. Durante las últimas semanas, varios usuarios notaron una menor interacción entre ambos en redes sociales y una ausencia de fotografías juntos, algo que contrastaba con la dinámica que habían mantenido en años anteriores. Además, algunas publicaciones de la modelo argentina fueron interpretadas por internautas como posibles señales de una crisis sentimental.Entre los contenidos que despertaron comentarios estuvieron videos publicados por Ferrer en TikTok y algunas canciones incluidas en sus publicaciones, las cuales fueron relacionadas por seguidores con mensajes de desamor. Sin embargo, ni ella ni el cantante confirmaron en ese momento que atravesaran problemas en la relación.Los rumores sobre Melanie PavolaTras conocerse la ruptura, volvió a cobrar fuerza una versión que circulaba desde semanas atrás y que involucra a la modelo e influencer mexicana Melanie Pavola. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de que dicha situación esté relacionada con la separación anunciada por Valentina Ferrer y J Balvin. Los rumores surgieron después de que Pavola asegurara públicamente haber tenido un acercamiento con el artista colombiano años atrás. Según declaraciones atribuidas a la influencer por distintos medios, el presunto episodio habría ocurrido en Nueva York cuando Ferrer se encontraba embarazada de su hijo.Desde que esas afirmaciones se hicieron públicas, numerosos usuarios en redes sociales comenzaron a relacionarlas con el supuesto distanciamiento entre la pareja. No obstante, ninguna de las partes involucradas ha confirmado que exista una conexión entre esos hechos y la ruptura anunciada esta semana. De hecho, en el comunicado compartido por Ferrer no se menciona ninguna infidelidad, terceros involucrados ni conflictos específicos. La modelo se limitó a informar que ambos tomaron la decisión de separarse y pidió respeto por la privacidad de la familia durante este proceso.Tampoco J Balvin se ha pronunciado sobre las versiones que circulan en internet ni sobre las declaraciones atribuidas a Pavola. Por esa razón, cualquier vínculo entre esos rumores y el final de la relación permanece en el terreno de la especulación.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
Un grupo de cerca de 20 inmigrantes latinoamericanos, entre ellos un colombiano, permanece varado en un hotel a pocos pasos del océano Atlántico en Monrovia, la capital de Liberia, tras ser deportados por el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Este vuelo que trasladó a los deportados a Liberia —un país de la costa occidental de África cercano a Sierra Leona y cuya capital rinde honor al presidente estadounidense James Monroe— despegó en agosto desde Luisiana. En el último año, el gobierno de Donald Trump ha enviado 31 vuelos con deportados hacia 12 naciones africanas. Entre los afectados hay ciudadanos de Venezuela, Colombia, Honduras y Guatemala, quienes vivían y trabajaban en estados como Massachusetts, Texas y Luisiana antes de ser expulsados. CBS News obtuvo la lista con los nombres de todos los pasajeros de aquel vuelo de agosto y constató que la gran mayoría no tiene antecedentes penales, más allá de infracciones a las leyes de inmigración de Estados Unidos.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATANinguno de los inmigrantes dio autorización a ICE para ser trasladado a Liberia. De hecho, uno de los colombianos deportados confesó: “Sinceramente nunca había oído hablar de Liberia". Una situación similar vive Paola Ferreira Dos Santos, una joven brasileña de 21 años y la única mujer entre los deportados latinoamericanos del grupo. Sobre el momento de su arribo, relató: "Fui la primera en bajar del avión y me dijeron 'Bienvenida a Liberia'". Aunque anhela reencontrarse con su padre en Estados Unidos, sus abogados le han advertido que regresar es prácticamente imposible. Por su parte, el hondureño Elvis Rodríguez Ventura desea volver a Estados Unidos para reunirse con su esposa y sus cuatro hijos, dos de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Al describir su situación, expresó: "Estoy preocupado, me siento lejos al otro lado del mundo". Ante este panorama, tanto él como el resto de sus compañeros manifestaron sentirse apátridas y "hombres sin país".El caso de Arín García Yépez: deportado con medida de protección activaEn el grupo también se encuentra el colombiano Arín García Yépez, quien vivía en Dallas, Texas, y trabajaba en construcción tras llevar 15 meses en Estados Unidos. García explicó que buscaba "el derecho de trabajar libremente, de poder comunicar con mi familia, poder estar, desarrollarme libremente en Estados Unidos". A pesar de asegurar haber cumplido con todos los requerimientos legales y de no registrar antecedentes ni infracciones de tránsito, fue detenido. Además, contaba con una medida de protección aprobada por un juez de inmigración que suspendía su expulsión por existir riesgo de persecución o tortura en su país de origen. Pese a esta protección, el 20 de agosto fue subido a un avión en Luisiana sin previo aviso: "En ningún momento fui comunicado en ningún momento pues sabía ni ni siquiera para dónde venía".Actualmente, los deportados permanecen en un hotel con la advertencia del gobierno local de no alejarse debido a riesgos de seguridad, siendo recomendable desplazarse únicamente acompañados por autoridades. Carecen de documentos para trabajar, ninguno planea quedarse en Liberia y enfrentan presiones para tomar decisiones que no son seguras. De igual forma, se encuentran imposibilitados de retornar a Estados Unidos o de volver a sus países de origen por temor y riesgos activos.En medio de este limbo, Arín García hizo una petición a la administración Trump para “que respetara yo creo que el debido proceso respetar probablemente los derechos”. Sin embargo, a 7.600 kilómetros de distancia de Washington, su voz desde África se escucha demasiado débil.NOTICIAS CARACOL