La Corte Constitucional suspendió provisionalmente este jueves el decreto de emergencia económica publicado por el Gobierno de Gustavo Petro el mes pasado, con el que el Ejecutivo buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para completar el presupuesto nacional de 2026. "La Corte suspende provisionalmente el Decreto 1390 de 2025 'Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional', mientras se profiere una decisión de fondo", señaló el alto tribunal en un comunicado.
En ese sentido, la Corte continuará estudiando si el decreto gubernamental es inconstitucional o no, pues el magistrado ponente, Carlos Camargo, considera que la iniciativa del ejecutivo puede causar "daños irreparables" al país.
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En el decreto 1390 de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el 22 de diciembre "el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia" de ese documento. Esto ocurrió luego de que el Congreso hundió dos semanas antes el proyecto de reforma tributaria con el que el Ejecutivo pretendía recaudar millones de pesos para completar el presupuesto nacional de 2026.
La reacción de Gustavo Petro
Luego de la decisión, el presidente Petro reaccionó y escribió en su cuenta de X: "Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia". El jefe de Estado afirmó que, "por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo".
También escribió que, "en el fondo, la sociedad colombiana decidirá quien pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación de frack del país, solo basta esperar".
El Ejecutivo señaló en diciembre que con esta declaratoria, con la que podía establecer nuevos tributos o modificar los existentes, buscaba enfrentar "la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos materiales y la prestación de unos servicios públicos esenciales" por una "situación fiscal que adquirió el carácter de grave".
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El 30 de diciembre pasado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó los impuestos decretados por el Gobierno en el marco de la emergencia económica para equilibrar la "situación financiera" del país. Ávila detalló entonces que los decretos con los nuevos tributos incluían un aumento del impuesto al patrimonio. Y explicó que en la actualidad este tributo se cobra a quienes tienen un patrimonio de 3.600 millones de pesos y oscila entre el 0,5 y 2 %.
"Hemos modificado esta tarifa del impuesto al patrimonio empezando en un nivel más bajo, una base menor, equivalente a 2.000 millones de pesos y con un incremento porcentual de hasta el 5 % para patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos", detalló el ministro.
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Igualmente, el Gobierno decretó el incremento del impuesto de renta para las "personas jurídicas del sector financiero", que hoy tiene "una sobretasa del 5 %" y que buscaba aumentar al 15 %. En cuanto al impuesto al valor agregado (IVA), el Gobierno lo incrementó para los licores (exceptuando la cerveza), que hoy está en el 5 % y con el decreto quedará en el 19 %.
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