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Juanita Goebertus aseguró: “Vamos a hacer todo a nuestro alcance para que no prosperen”, y criticó al presidente por “poner en riesgo la separación de poderes”.
El pronunciamiento de la representante a la Cámara por Alianza Verde ocurre como respuesta a la alocución presidencial del pasado domingo. Este es un derecho adquirido en el estatuto de oposición.
En nombre de Colombia Humana, Lista de la Decencia, MAIS, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde, Goebertus aseguró que las objeciones a la ley estatutaria de la JEP “ponen en grave riesgo la separación de poderes, atentan contra la construcción de paz y buscan distraer a la ciudadanía de una agenda política nacional que realmente nos una”.
Además, abordó punto por punto las objeciones:
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1. “La Corte Constitucional ya ha señalado que las FARC deberán entregar de manera colectiva bienes para la reparación. Y que cualquier beneficio penal estará condicionado a su contribución individual a la reparación de las víctimas”.
2. “La corte ya ha señalado que, en casos excepcionales, la JEP puede ajustar los listados de guerrilleros reconocidos por la oficina del alto comisionado para la paz porque la decisión del Gobierno de acreditar o no, no puede comprometer las decisiones de la justicia sobre su competencia en cada caso”.
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3. “La corte ya aclaró que la Fiscalía puede continuar investigando y recolectando pruebas hasta 3 meses antes de la Resolución de Conclusiones que produzca la JEP, para evitar choques de trenes contantes entre ambas, al tiempo que se avanza en el esclarecimiento de la verdad”.
4. “La corte ya señaló que en contextos de justicia transicional es fundamental concentrarse en investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Lo contrario es pretender el colapso de la JEP, para que no se sepa la verdad sobre los crímenes que tuvieron lugar en el conflicto armado”.
5. “La corte ya advirtió que sí procede la extradición frente a delitos cometidos después del 1 de diciembre de 2016 y que le corresponde a la JEP tener acceso al material probatorio necesario para establecer si tales hechos tuvieron lugar”.
6. “La corte ya señaló que los agentes del Estado y militares que estén contando la verdad ante la JEP no podrán ser extraditados”.
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Goebertus insistió en que “la decisión del presidente genera gran incertidumbre jurídica entre excombatientes y desestabiliza los territorios en los que el proceso de construcción de paz es aún muy frágil”.
Finalmente, los partidos de oposición convocaron a una gran movilización nacional el próximo 18 de marzo. “Salgamos juntos, sin importar ideologías, a las calles y caminos de todo el país, no solo a exigirle al Gobierno que cumpla lo acordado, sino sobre todo para que cada persona exprese su compromiso con acciones concretas para avanzar en la construcción de paz”, puntualizó.
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