Las razones del choque entre Gustavo Petro y Laura Sarabia

La relación entre el presidente Gustavo Petro y una de sus aliadas más cercanas, la actual embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, atraviesa un momento de alta tensión tras una serie de señalamientos públicos relacionados con el manejo del sistema de salud.

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El conflicto se originó tras unas declaraciones del mandatario, en las que aseguró que Sarabia fue quien presentó ante la Superintendencia de Salud las hojas de vida de los interventores que presuntamente participaron en el desvío de recursos de la salud. Según el presidente Petro, él fue "engañado" y los interventores designados se habrían dedicado a realizar negocios irregulares, lo que retrasó la reforma de salud durante meses.

“Por política no se mete ni un solo interventor. Escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y se tiró como un año la intervención y la reforma de la salud. Y esos interventores fueron fue hacer business (negocios)”, dijo Petro.

La respuesta de Sarabia: "Mi gestión fue trazable"

Ante estos señalamientos, la diplomática respondió de manera contundente a través de sus redes sociales y una carta formal, negando tajantemente su participación en dichos nombramientos. "No participé en la designación de interventores en salud como lo he dicho desde hace más de un año", afirmó Sarabia, añadiendo que su gestión está debidamente documentada en chats y que tanto el presidente como el Ministro de Salud tienen conocimiento de ello.

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La disputa ha escalado al terreno judicial. La defensa de la embajadora ha reiterado a la Fiscalía General de la Nación la solicitud de recolectar pruebas que certifiquen los procesos de nombramiento en el sector salud. Uno de los puntos clave es la petición a que el propio presidente Gustavo Petro rinda una declaración bajo juramento.

El objetivo de esta diligencia es que el mandatario aclare quién le suministró la información que Sarabia califica como falsa respecto a la designación de los interventores. Estas pruebas buscan ser incorporadas a una denuncia previa presentada por la funcionaria por el presunto delito de violencia política.

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