El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que interpondrá una demanda contra el Gobierno colombiano por lo que considera una "asfixia financiera" deliberada al sistema de salud, que considera que pone en riesgo la vida de millones de ciudadanos. "Hoy, como alcalde de Medellín y responsable de garantizar el acceso a la salud, he tomado la decisión de demandar al Gobierno Nacional", dijo Gutiérrez en su cuenta de X.
El alcalde acusó directamente al Gobierno y a la Superintendencia de intervenir las entidades promotoras de salud (EPS), encargadas de brindar ese servicio, para no garantizar recursos a las clínicas, hospitales o centros de salud que dan los servicios. "Su plan (el del Gobierno) es hacer una reforma destruyendo el sistema, lo están logrando y por eso los hago directamente responsables", dijo Gutiérrez.
Según el mandatario local, algunos hospitales de la ciudad están recibiendo apenas el 6 % de los pagos que deberían recibir mensualmente del Gobierno por servicios prestados. "Esa asfixia no es una casualidad: es una estrategia", agregó. Gutiérrez anunció que interpondrá la demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia porque "lo que está en juego no es un modelo, es la vida".
“Esta crisis se debe a las actuaciones de parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, así que los hago directamente responsables porque durante estos meses han intervenido EPS y no están pagando lo que corresponde a las IPS, que son las prestadoras de salud, tanto públicas como privadas. Hay entidades a las que solo le están cumpliendo con el 6 % de lo que corresponde a la factura de cada mes. Por ejemplo, el Hospital General, en abril facturó $18 mil millones por servicios prestados y tan solo le cancelaron $1.100 millones”, dijo el alcalde en una rueda de prensa.
Desde su llegada al poder, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado una reforma estructural del sistema de salud, que ha sido criticada por diversos sectores políticos y gremiales, y que actualmente se encuentra a la espera de ser debatida en la Comisión Séptima del Senado. En ese contexto, el Gobierno ha intervenido varias EPS con el argumento de que tienen problemas financieros y no están cumpliendo con sus compromisos de atención a los usuarios.
Sin embargo, ninguna de las empresas intervenidas ha mejorado su situación ni financiera ni de atención al público y, por el contrario, las asociaciones médicas denuncian que han empeorado porque el Gobierno les restringe los pagos que reciben por atender a la ciudadanía. Debido a esa situación, numerosos hospitales y clínicas han cerrado unidades en las que atienden diversas especialidades y denunciado que escasean las medicinas que deben entregar a los pacientes.
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL
*Con información de EFE
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