La Fiscalía General de la Nación confirmó este miércoles 6 de agosto la condena a cinco años de prisión contra César Andrés Rivera Méndez, un hombre que fue procesado por drogar y robar a personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ en Bogotá, a quienes contactaba a través de aplicaciones de citas. El acusado reconoció su responsabilidad en los delitos de hurto calificado y agravado, y transferencia no consentida de activos.
Según el comunicado oficial del ente acusador, Rivera Méndez utilizaba plataformas virtuales para entablar conversaciones con sus víctimas, ganarse su confianza y luego concretar encuentros presenciales en sus viviendas. “Luego de entablar conversaciones y generar confianza, acordaba encuentros presenciales en las viviendas de las víctimas donde les ofrecía bebidas alcohólicas que previamente habían sido adulteradas con medicamentos de uso veterinario para que perdieran el conocimiento. En ese momento aprovechaba para sustraer objetos de valor y realizar compras y transferencias de dinero desde las cuentas bancarias de los afectados”, detalló la Fiscalía en su más reciente boletín.
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Las autoridades informaron que, siguiendo este mismo patrón, Rivera Méndez cometió al menos cinco robos en inmuebles ubicados en la localidad de Chapinero, al oriente de Bogotá. El monto total del dinero y los bienes sustraídos supera los 80 millones de pesos.
Amenazó a fiscal en plena audiencia: la millonaria multa que se le impuso
Durante las audiencias concentradas, la conducta del acusado fue especialmente agresiva. De acuerdo con el ente judicial, “Rivera Méndez adoptó una actitud hostil y agresiva: realizó gestos intimidantes hacia la fiscal del caso y agredió físicamente a varios uniformados de la Policía Nacional que lo custodiaban”. Por esta razón, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se adelantaba el proceso judicial en su contra.
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El juez de conocimiento que llevó el caso también impuso una sanción económica contra el sentenciado. Rivera Méndez deberá pagar una multa equivalente a 107.5 salarios mínimos legales vigentes, lo que representa aproximadamente 250 millones de pesos.
La investigación fue liderada por una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá, quien logró establecer cómo el sentenciado actuaba con premeditación para identificar a sus potenciales víctimas dentro de la comunidad diversa. En el expediente, se incluyó el testimonio de una de las personas afectadas por Rivera Méndez hace cinco años, quien relató que el hombre insistió durante varios días en tener un encuentro presencial
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En los encuentros acordados, Rivera ofrecía bebidas alcohólicas a sus víctimas, sin informarles que habían sido alteradas con anestésicos o sedantes de uso veterinario, lo que les generaba pérdida de conciencia o disminución de la voluntad. En ese estado, el agresor sustraía objetos de valor como celulares, computadores, relojes, tarjetas bancarias y documentos personales, además de realizar transferencias no autorizadas y compras.
El comunicado oficial enfatizó: “El sentenciado utilizaba aplicaciones de citas para contactar a sus víctimas y hurtarles los objetos de valor y realizar transferencias desde sus cuentas bancarias”. Por ahora, las autoridades han documentado cinco casos en total. Sin embargo, la Fiscalía advirtió que la investigación sigue abierta, ya que no se descarta la existencia de más personas afectadas por este mismo modus operandi.
El patrón de conducta repetido en los casos registrados dejó en evidencia una estrategia delictiva que afectó especialmente a miembros de la comunidad LGBTIQ+, quienes fueron blanco de engaños mediante herramientas digitales, a través de las cuales conocía sus gustos e intereses, con el fin de obtener su confianza y que aceptasen sus encuentros presenciales en las viviendas.
Durante la etapa de juicio, el acusado aceptó los cargos que se le imputaban, lo cual permitió una pronta sentencia condenatoria. “César Andrés Rivera Méndez fue condenado por un juez de conocimiento tras aceptar su responsabilidad por los delitos de hurto calificado y agravado y transferencia no consentida de activos”, señaló el documento. Mientras tanto, el sentenciado permanecerá recluido en un establecimiento de reclusión hasta cumplir la totalidad de su pena, como medida para evitar nuevos hechos delictivos y obstrucciones al proceso judicial en curso.
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LAURA NATHALIA QUINTERO.
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