El plan del Gobierno nacional de aplicar la eutanasia a un grupo de hipopótamos, que son considerados especie exótica invasora, abrió un choque entre el respaldo de la comunidad científica, que advierte de su impacto ambiental, y el rechazo de organizaciones animalistas, que cuestionan la medida. El Ministerio de Ambiente anunció esta semana la eutanasia de al menos 80 ejemplares como parte de un plan de manejo para contener el crecimiento de esta especie introducida en el país por el narcotraficante Pablo Escobar en los años ochenta, cuyos descendientes se han multiplicado hasta alcanzar cerca de 200 individuos y que, según estimaciones, podrían llegar a ser 500 para 2030 si no se toman medidas ahora mismo.
El sacrificio de 80 ejemplares, que según el Gobierno se llevará a cabo el próximo semestre, supondrá un costo superior a los 7.000 millones de pesos y ha reavivado un debate en distintos sectores del país que no llegan a un consenso sobre si la eutanasia es necesaria o si deben priorizarse alternativas como la esterilización.
Cabe mencionar que expertos han alertado que los hipopótamos alteran los ecosistemas acuáticos al incrementar la carga de materia orgánica en ellos, lo que provoca una reducción del oxígeno disponible en el agua y afecta a peces y otras especies. De ahí que la comunidad científica haya alertado durante años el riesgo que implica la expansión de estos animales en territorio colombiano, en especial en el Magdalena Medio.
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A este debate se sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas un juez de Antioquia admitió para estudio una acción de tutela que busca frenar la medida de eutanasia que anunció el Ministerio de Ambiente. En el recurso se pide que, en lugar de este procedimiento, se opte por la esterilización de los animales o su traslado. Los demandantes señalan que los animales son seres sintientes y que estas decisiones deben ser tomadas bajo criterios éticos y legales. Lo que señalan es que la eutanasia sea el último recurso.
Cabe explicar que el hecho de que una tutela sea admitida para estudio no implica que ya haya sido ganada sino que iniciará el proceso formal de 10 días hábiles para decidir si se protegen los derechos fundamentales vulnerados. Es decir, en los próximos días se podría conocer una decisión en este caso.
El plan del Gobierno nacional establece dos modalidades: eutanasia química y física. La eutanasia química se realizará mediante el aislamiento de cada individuo a través de un proceso de ceba, sedación y administración de medicamento hasta su fallecimiento. Por otro lado, la eutanasia física se desarrollará en caso de que el procedimiento químico no se logre desarrollar por temas logísticos o de acceso al territorio donde están presentes los animales. "El protocolo de eutanasia determinó altos estándares sanitarios que garantizan el bienestar del animal en su disposición final, trazabilidad del proceso, bioseguridad y protección del recurso hídrico y de acuíferos", se lee en un comunicado del Ministerio de Ambiente.
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