Este 26 de febrero se conoció que Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o El Costeño, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por su responsabilidad en el magnicidio del ex senador y ex precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, de Bogotá.
Según detalló el ente judicial, Arteaga es señalado de articular el plan y definir los roles que tendría cada uno de los implicados en el atentado en contra del político. “ Para esto presuntamente coordinó diversas reuniones el 4 de junio de 2025 y en otras fechas posteriores, en la localidad de Bosa y diferentes puntos de la ciudad”, indicó la Fiscalía con base en el acervo probatorio acumulado en el proceso.
En la acusación se precisa que ‘El Costeño’ también estuvo involucrado en las vigilancias que se le hacía a Turbay, así como en el reconocimiento previo que hizo al área donde ocurrieron los hechos en la tarde del sábado 7 de junio, cuando el senador estaba llevando a cabo una reunión pequeña con los habitantes del sector. De igual forma, la Fiscalía detalló que Arteaga habría sido el encargado de entregarle el arma a alias Tianz, el menor de edad que disparó en el evento, y de seguir de cerca toda la ejecución del plan criminal.
¿Qué sigue en el proceso de ‘Chipi’?
Con la acusación formal, Elder Arteaga Hernández tendrá que responder en juicio oral por los delitos de:
- Homicidio agravado.
- Concierto para delinquir agravado.
- Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.
- Uso de menores para la comisión de delitos.
- Ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
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Cabe recordar que la justicia colombiana tiene a nueve personas en su poder que han sido vinculadas por el ente acusador al magnicidio de Turbay. Katherine Martínez, alias Gabriela, ya fue sentenciada a 21 años de prisión, después de suscribir un preacuerdo en el que aceptó su responsabilidad en el crimen. La mujer fue condenada por los delitos homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. De hecho, la investigación demostró que ’Gabriela’ fue contactada por ‘Chipi’ para recoger la pistola que posteriormente cegaría la vida del otrora congresista.
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Por su parte, el menor de edad que disparó el arma homicida recibió sanción en los términos del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SPA).
María Paula Rodríguez Rozo
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