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El Departamento de Estado de Estados Unidos arremetió este domingo contra el régimen de Venezuela por la muerte en prisión del exgobernador del estado Nueva Esparta Alfredo Díaz, considerado como preso político por la oposición tras ser procesado por "terrorismo" e "instigación al odio". "La muerte del prisionero político venezolano Alfredo Díaz, quien fue detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro, El Helicoide, es otro recordatorio de la vil naturaleza del régimen criminal de Maduro", indicó el Departamento de Estado en la cuenta en X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.
La declaración de Estados Unidos se produce en un momento de máxima tensión ante una posible acción de Washington contra Venezuela tras su despliegue militar cerca del país, en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, algo que Caracas ve como una "amenaza" que busca propiciar un cambio de Gobierno.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó en un primero momento que el exgobernador del estado Nueva Esparta murió producto de un infarto, como reportaron previamente varias ONG y partidos políticos. "Estaba siendo procesado, con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos humanos y su defensa jurídica", aseguró en un comunicado esa autoridad chavista. "El día sábado 06 diciembre de 2025, aproximadamente a las 06:33 horas, el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio (...) fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después".
No obstante, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia advirtieron este sábado que el fallecimiento de Díaz revela un "patrón sostenido de represión estatal" y denunciaron que ya son siete los presos políticos que han muerto en prisión luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024. Machado y González Urrutia subrayaron que su integridad y vida eran "responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado" en El Helicoide, como se conoce a la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y descartaron que su muerte sea "común".
Díaz, activista del partido opositor Acción Democrática y también exconcejal y exalcalde, fue detenido en noviembre de 2024, en un contexto de crisis política tras las presidenciales de ese año, en las que la mayor coalición opositora denunció como fraudulento el resultado que dio la reelección a Maduro. El político fallecido cuestionó la falta de publicación de los resultados desglosados de las presidenciales y denunció, días antes de su detención, la crisis eléctrica que vivió en noviembre el estado de Nueva Esparta, que el Gobierno atribuyó a ataques de la oposición.
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Díaz se encontraba detenido en la sede del servicio de inteligencia nacional (Sebin), un lugar descrito como un "centro de tortura" por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos. El abogado Gonzalo Himiob de la ONG Foro Penal, declaró a la AFP que Díaz "había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado". "Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público".
Díaz "llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija", indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal dedicada a defender a detenidos por razones políticas.
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Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, dijo Romero a la AFP. "La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar", agregó. Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL
*Con información de AFP y EFE