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En los últimos años, varias naciones caribeñas —Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves (St. Kitts & Nevis) y Santa Lucía— han implementado los denominados Programas de Ciudadanía por Inversión (CBI), permitiendo a extranjeros obtener la ciudadanía y un pasaporte a cambio de una inversión significativa, habitualmente en bienes raíces o mediante donaciones al gobierno.
Estas pequeñas islas, con economías basadas principalmente en el turismo y con poblaciones reducidas, usan estos programas para diversificar ingresos, atraer inversión extranjera directa y financiar proyectos nacionales. Por ejemplo, en Dominica, el programa ha llegado a aportar más del 20 % del PIB y fue clave en la recuperación tras el Huracán María.
El sistema es relativamente simple, aunque requiere cumplir ciertos requisitos legales y financieros. Los solicitantes pueden optar por una de dos vías principales:
Ambas opciones requieren el pago adicional de tarifas gubernamentales, honorarios legales y un proceso de debida diligencia exhaustiva, que puede incluir verificación de antecedentes penales, fuentes de ingresos y reputación internacional. Así funciona en cada isla:
Antigua y Barbuda:
Dominica:
Granada:
San Cristóbal y Nieves:
Santa Lucía:
Además de la ciudadanía, el pasaporte de estos países ofrece:
El fenómeno de compra de vivienda en esos países está creciendo. En Antigua, según Nadia Dyson, propietaria de Luxury Locations, las agencias inmobiliarias no están alcanzando a cumplir con la demanda,. "Hasta el 70% de los compradores buscan la nacionalidad, y la gran mayoría son estadounidenses. El año pasado por estas fechas, todos eran compradores de estilo de vida y unos pocos CBI. Ahora todos dicen 'quiero una casa con ciudadanía'. Nunca habíamos vendido tanto", señaló a la BBC.
Los interesados suelen ser empresarios, personas de alto poder adquisitivo o ciudadanos de países con restricciones de viaje, inestabilidad política o conflictos económicos, que buscan una alternativa segura para su familia y su patrimonio.
Aunque legales, estos programas no están exentos de críticas. Algunos organismos internacionales han advertido que el esquema podría facilitar la evasión fiscal, el lavado de dinero o el tráfico de influencias si no hay un control riguroso.
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Por esta razón, los gobiernos involucrados han reforzado los controles de seguridad y transparencia, incorporando auditorías independientes y alianzas con firmas internacionales de investigación para evitar que criminales o personas políticamente expuestas accedan al sistema.
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL