Keralty informó este 8 de septiembre que la Corte Constitucional les ha restituido la operación a EPS Sanitas, señalando que -de esta manera- se pone fin a una intervención que se extendió por diecisiete meses y que describieron como "ilegal, arbitraria y profundamente injusta". La compañía, además, denunció una "estrategia deliberada para desmantelar un sistema de salud que ha servido eficientemente a millones de colombianos".
Keralty, a pesar de agradecer la "valentía e integridad de la justicia colombiana" por reafirmar el Estado de Derecho, declaró que este no es un día de celebración, sino de "duelo por el sufrimiento infligido, de indignación por el daño causado y de compromiso inquebrantable para reconstruir lo destruido". La empresa enfatizó que la intervención no fue un error administrativo, sino un "ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos".
El legado de esta intervención, según Keralty, incluyó "pacientes abandonados, escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas y un sistema de salud erosionado hasta sus cimientos", consecuencias de una supuesta "transformación" improvisada y carente de humanidad.
En el comunicado acusaron al Gobierno de una "actitud irresponsable y antihumana" al intentar "ahogar el modelo de salud", generando una "tragedia de dolor silencioso y, en muchos casos, consecuencias irreparables".
Keralty emitió una serie de exigencias al Gobierno Nacional:
- Cumplimiento inmediato, incondicional e integral del fallo de la Corte Constitucional, considerándolo un imperativo legal y moral.
- Reparación efectiva e inmediata del daño incalculable causado a su red de atención, equipos profesionales y, sobre todo, a los millones de usuarios afectados.
- Cumplimiento inmediato con los pagos adeudados y garantía de estabilidad financiera para las EPS, asegurando la continuidad y calidad del servicio de salud.
- Cese definitivo de las campañas de desinformación que buscan sembrar división, miedo y desconfianza.
- Establecimiento de garantías institucionales robustas y vinculantes para que una arbitrariedad de esta magnitud no se repita en Colombia, protegiendo el derecho fundamental a la salud.
La compañía también dejó claro que, aunque no busca venganza, sí exige justicia. Afirmaron que "quienes orquestaron, ejecutaron o respaldaron con su silencio esta estrategia destructiva deben rendir cuentas" y que el daño causado "no puede quedar en la impunidad".
Insistieron que el daño causado por la intervención ilegal y la actuación irresponsable del Gobierno es "devastador" y que "reparar este desastre tomará tiempo y esfuerzo titánico". Por ello, hicieron un llamado "urgente a su comprensión, colaboración y valentía", enfatizando que el desafío solo será superado con el "compromiso colectivo de todos".
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Keralty se comprometió a trabajar para restablecer cada servicio y sanar cada herida. Joseba Grajales Jiménez, presidente de Keralty, concluyó el manifiesto afirmando que la causa de Keralty "trasciende lo empresarial; es una causa humana, una lucha por un sistema de salud que dignifique a cada persona, basado en la justicia, la evidencia científica y la compasión genuina".
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