Abelardo de la Espriella oficializó este viernes el cierre de todos los procesos de diálogo y de sometimiento impulsados bajo la política de 'paz total' de su antecesor, el expresidente Gustavo Petro (2022-2026), que seguían vigentes al momento de su llegada al poder. La medida, que materializa uno de los principales compromisos de campaña del mandatario, marca un giro profundo en la estrategia de seguridad y paz del Estado. Con ella quedan suspendidos procesos que, en algunos casos, habían avanzado hasta etapas de concentración de combatientes y entrega de armas.
"Se acabó la falsa paz", escribió en X De la Espriella. Y agregó: "En mi Gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad".
La decisión pone fin a las mesas de diálogo instaladas con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). También clausura los espacios de conversación sociojurídica abiertos con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia), Quibdó (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca).
Uno de los casos más representativos de este cambio de rumbo es el de los Comandos de Frontera, organización integrada en la CNEB. Durante el Gobierno Petro, este grupo participó en un proceso de desarme que permitió la concentración de 99 de sus integrantes, en junio pasado, en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) ubicada en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, en la frontera con Ecuador.
La ZUT había sido creada con el propósito de facilitar la transición de los combatientes hacia la vida civil, bajo mecanismos de monitoreo y acompañamiento institucional. Sin embargo, el Gobierno de De la Espriella ordenó su cierre mediante la Resolución 389 de 2026 y fijó el 30 de septiembre como fecha límite para su desmonte.
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Lo ocurrido en Putumayo refleja las implicaciones prácticas del nuevo enfoque gubernamental. Según la evaluación de la actual administración, los procesos de diálogo y los mecanismos heredados de la política de 'paz total' "no produjeron avances suficientes" en materia de paz, desarme ni sometimiento a la Justicia.
Además de revocar los espacios de negociación, el Ejecutivo defendió que cualquier integrante de grupos armados que demuestre una voluntad real de abandonar las armas deberá hacerlo a través de los mecanismos ordinarios de la Justicia. Por el contrario, quienes persistan en acciones violentas contra la población "serán enfrentados por la fuerza pública".
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Impugnar la "paz total"
Desde su campaña presidencial, De la Espriella planteó una ruptura con la estrategia de su antecesor frente a guerrillas, organizaciones narcotraficantes y demás estructuras armadas ilegales. Ya en la Presidencia, ha insistido en la necesidad de enfrentar estos fenómenos con mayor contundencia, cuestionando tanto el fondo como la forma de la denominada política de 'paz total'.
Durante su primer mes de Gobierno, el mandatario ha defendido la aplicación de una política de "mano de hierro" contra estas organizaciones y ha sostenido que deben ser combatidas con toda la fuerza "de las armas y de las leyes de la República".
La administración actual también ha puesto el foco en los recursos invertidos durante el Gobierno anterior. Según cifras oficiales, los distintos procesos de diálogo implicaron un despliegue institucional y económico cercano a los 7.000 millones de pesos (alrededor de 2,2 millones de dólares), destinados al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores, "sin contar los gastos asociados a seguridad, viáticos, zonas de ubicación y otros costos".
Con estas decisiones, el Gobierno de De la Espriella consolida un cambio de paradigma frente a la estrategia impulsada por Petro. En lugar de mantener negociaciones colectivas con grupos armados, apuesta por un esquema basado en el sometimiento individual a la justicia y en el fortalecimiento de la presión militar contra las organizaciones que continúen operando al margen de la ley.
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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE