Tras el final de la actual legislatura en el Congreso, el Gobierno colombiano estaría pensando en una recomposición de las fuerzas políticas. El presidente Gustavo Petro lo advirtió antes de posesionarse como jefe de Estado. ¿Qué pasará con sus reformas más importantes?
El 19 de julio de 2022, como presidente electo, Gustavo Petro sentenció que la primera legislatura, con el viento a favor, era el momento para sacar adelante sus reformas más profundas.
“No creemos que se puedan aprobar proyectos de esta magnitud después del primer año. O lo hacemos en este, con el viento a favor, o después la historia nos mandará hacia otros lares”, dijo Petro en su momento.
Hoy, un año después, el balance deja solo dos reformas que mencionó como estructurales aprobadas: la tributaria y una parte de la agraria con la nueva jurisdicción y el campesinado como sujeto de derechos. Ese pronunciamiento fue en una reunión con el Partido Alianza Verde, que tiene varios integrantes distanciados del Gobierno, incluso pensando en la independencia a pesar de la cercanía que mantenían.
“Será una discusión bien interesante y ya lo veremos en la práctica cómo es, yo creo que hay que cuidar esa coalición de mayorías”, sostuvo el mandatario colombiano.
Cuando se instaló el Congreso el 20 de julio de 2022, había 78 congresistas en la coalición de gobierno y 14 de la oposición. Sin embargo, en las últimas horas, durante la plenaria que hundió el cannabis de uso recreativo, las cuentas fueron de 47 votos a favor y 43 en contra, incluyendo a toda la bancada de Cambio Radical, el Partido Conservador, algunos de la U, un liberal, uno de la Alianza Verde e incluso uno del Pacto Histórico.
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En la Cámara ocurrió algo similar. En julio, el oficialismo arrasaba, pero el pasado martes, 20 de junio de 2023, el código electoral se aprobó con 122 votos a favor y 0 en contra, con la salvedad que la bancada oficialista no estaba en el recinto.
“Pero lo complejo de todo esto es que nos están llevando a un clima de polarización y radicalismo que no van a permitir que nosotros avancemos en las reformas que requiere Colombia”, señaló Alexander López, presidente del Senado.
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El Gobierno espera llevar de nuevo sus proyectos el 20 de julio, hasta entonces se sabrá cómo quedaron las fuerzas en el Congreso y si el pronóstico que hizo el presidente fue acertado o no.
La ley de sometimiento
Uno de los grandes reveses para el Gobierno en el Congreso fue la ley de sometimiento. Pese a ser uno de los proyectos bandera, por ahora, la hoja de ruta para subyugar a organizaciones criminales está en el limbo.
Hoy el país no tiene instrumento jurídico para someter a los grupos criminales y así lo expresa el abogado de las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, quien además reconoce que el diálogo con el ejecutivo está estancado.
“Si lo que se pretende o se pretendía era para poder sentarse a dialogar con los grupos o a negociar con ellos, en la ley de sujeción no hay un marco jurídico claro, eso no existe”, sostuvo Ricardo Andrés Giraldo, apoderado de las AGC.
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Precisamente, a Human Rights Watch le preocupa el ritmo de las conversaciones entre el Gobierno y organizaciones criminales
“Nos preocupa el ritmo, porque en cada día que deja de haber un compromiso serio de dejar de cometer estos delitos son más víctimas, un drama humano adicional e, insisto, mayores responsabilidades internacionales para responder por estos crímenes”, sostuvo Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW.
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“La paz no es un asunto de generación espontánea, el comisionado de Paz y el Gobierno han abanderado el abordaje de este tema bajo un principio de buena fe, realmente la buena fe no es suficiente para la construcción de paz y construcción de seguridad”, argumentó César Andrés Restrepo, consultor en temas de seguridad.
A pesar del clima de escepticismo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, insiste en que las reformas serán rescatadas en la próxima legislatura.
“El Congreso sigue, el Gobierno sigue, entonces aquellos proyectos que son prioritarios para el gobierno del cambio los volveremos a radicar, aquellos que correspondan”, afirmó.
En medio de este escenario legal se recrudece la violencia en zonas como Buenaventura, donde se dispararon los homicidios a niveles del pasado. Mientras, en otros lugares aumentaron delitos como el reclutamiento, el secuestro, la masacre y las extorsiones.
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