En la más reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir investigación contra la exrepresentante Gloria Arizabaleta se dan detalles de cómo supuestamente se configuró un entramado a cambio de dinero y favores políticos. La exparlamentaria habría amenazado al presidente Gustavo Petro con ordenar su suspensión antes de publicar el polémico auto por el cual fue apartada de su rol legislativo. El expediente de 46 páginas del alto tribunal recolectó las pruebas por las que se abrió el proceso a la otrora presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por la posible comisión de los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto. (Lea también: Esto dicen expertos y congresistas sobre la resolución que pide suspender al presidente Petro)
Tras decidir abrir investigación formal, la sala de instrucción de la Corte Suprema citó a indagatoria el miércoles 2 de septiembre a la excongresista del Pacto Histórico. Alejandro Carranza, abogado del jefe de Estado, señaló a Noticias Caracol que radicarán "la demanda de Constitución en parte civil y vamos a mostrarle al honorable magistrado todo lo que han venido haciendo, cómo buscan afectar a la víctima, cómo atacan al denunciante, cómo tergiversan filtrando la información para solicitarle que adopte medidas, entre ellas, obviamente, la medida de aseguramiento".
Las presuntas amenazas de Gloria Arizabaleta contra Petro
En el auto de la Corte Suprema se lee: "Gloria Elena Arizabaleta Corral, en primer lugar, habría realizado solicitudes o exigencias al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego; en este último caso, de manera indirecta a través de su abogado, Pedro Alejandro Carranza Cepeda. En ambas situaciones, las solicitudes o exigencias presentadas tendrían un vínculo con la adopción de decisiones y el curso de actuaciones contra el presidente de la República en el seno de la Comisión de Investigación y Acusaciones".
El documento señala que tras la elección de Arizabaleta como presidenta de la Comisión de Acusaciones, en 2025, se reunió en cuatro ocasiones con el defensor del jefe de Estado, a quien le pedía hacer de vehículo o puente para acercarla al gobierno. Las peticiones de la excongresista, dice el texto del alto tribunal, estaban encaminadas a cerrar los procesos contra el presidente antes del cambio de gobierno.
Con el ministro de Hacienda se reunió el 5 de febrero y, según el testimonio del funcionario, lo que ella buscaba eran "millones y un acuerdo corrupto a cambio de votos favorables en la Comisión de Acusaciones", petición en la que habría insistido el 13 de mayo, cuando coincidieron en una sesión en el Congreso.
Una de las reuniones entre Carranza y Arizabaleta fue en la Casa de Nariño, también en febrero, con la directora del Dapre, Nhora Mondragón, quien aseguró que la exparlamentaria del Pacto Histórico le había pedido nombrar a una persona en un cargo directivo de la Fiduprevisora, haciendo alusión a un acuerdo político. La funcionaria manifestó que le recibió la hoja de vida, pero que finalmente se designó a otra persona.
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El auto contiene también chats entre el abogado defensor del presidente y la excongresista, en el que Gloria Arizabaleta le entregó el borrador de una decisión que se preparaba en la comisión sobre un proceso contra Petro. Hablaron, además, de un proceso de compulsa de copias contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez, en donde Carranza se ofrecía a realizarle el documento. El abogado afirma que la congresista le insistió en todos los encuentros que le sirviera como puente con el gobierno, expresando su molestia por la poca respuesta por parte del ministro de Hacienda.
Fue en la última reunión, del 8 de junio, cuando Arizabaleta le habría comentado la intención de suspender al presidente si no negociaban: "El testigo Carranza Cepeda aseguró que Arizabaleta Corral, durante la reunión, (…) recordó que en el pasado ella radicó un salvamento de voto en dicha actuación, con el sentido de solicitar que el presidente fuera llevado a juicio: ‘Usted ya sabe; usted tiene que hablar o tienen que buscar los votos (...) busquen los votos; si ustedes no arreglan, nosotros lo llevamos a juicio’".
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Dos días después, el 10 de junio, se conoció el polémico auto que ordenaba suspender al jefe de Estado. Por ese documento, sin validez jurídica según expertos, la representante fue suspendida provisionalmente por la Procuraduría General de la Nación, que le abrió investigación por el aparente abusivo ejercicio de funciones parlamentarias, pues la decisión de suspender al presidente requiere todo un proceso que inicia en la Comisión de Acusaciones y termina en el Senado. Fue entonces que el presidente Petro la denunció, acusándola de extorsionista.
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