Una investigación del The New York Times destapó una ruta que seguiría el oro ilegal en Colombia desde una mina de oro ilegal en Caucasia, Antioquia, controlada por el Clan del Golfo, hasta llegar a la Casa de la Moneda de Estados Unidos para ser vendido como oro estadounidense. El hallazgo no solo cuestiona la trazabilidad del oro, sino que puso en evidencia que la mina de oro La Mandinga está operando dentro de un batallón militar.
El recorrido inicia justamente en Caucasia, lugar de investigación de este trabajo periodístico. Allí, la minería es abiertamente ilegal: uso de mercurio, deforestación, pagos extorsivos al grupo criminal y condiciones laborales precarias. La ley más importante es la que impone el Clan: nadie mina sin permiso de ellos y todos tienen que pagar por ese “derecho”. Al mes, un motorizado recoge 400 dólares (un aproximado de 450.000 pesos colombianos) por cada grupo de cinco personas.
La Mandinga fue el hallazgo inesperado en este trabajo realizado por el diario, pues los trabajos de la mina se extendieron hasta el Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional. Antes del hallazgo, los uniformados pensaban que estas operaciones ilícitas se desarrollaban en un lote vecino al predio donde está ubicada la base. Pero los trabajadores sobrepasaron los límites y ya se encontraban trabajando dentro del predio, a más de 100 metros de unas piscinas privadas. El coronel Daniel Echeverry, comandante de la base, negaba que esto ocurriera, hasta que lo vio con sus propios ojos.
¿Cómo pasan los filtros de legalidad?
El primer “truco” ocurre rápido. El oro extraído —mezclado con mercurio y obtenido fuera de la ley— se vende en compraventas locales de Caucasia, un pueblo que vive la fiebre del oro ilegal. En estos puntos, el metal se funde y se registra en sistemas oficiales como si proviniera de pequeños mineros autorizados (los llamados barequeros). Con ese simple registro contable, el oro adquiere una apariencia de legalidad. Los comerciantes también deben pagar cerca de 450.000 pesos al Clan del Golfo.
“Casi cualquiera puede obtener una licencia, siempre que explote en zonas autorizadas y utilice solo herramientas manuales y sin mercurio“, expone el artículo. El diario señala que las autoridades nacionales rara vez analizan los orígenes del oro para determinar la legalidad del mismo. Solo preguntan por la documentación que, por supuesto, sí está. Con ese papeleo en vigencia, los comerciantes venden el mineral a una empresa exportadora que es propiedad del gobierno y lo venden a refinerías en Estados Unidos.
La mezcla para lavar el origen: brillante y estadounidense
Allí ocurre el segundo proceso clave: la mezcla. En refinerías como las ubicadas en Texas, el oro colombiano se funde junto con metal de múltiples orígenes: minas legales, joyería reciclada e incluso otras fuentes internacionales. El resultado es un lingote homogéneo cuya procedencia original se vuelve prácticamente imposible de rastrear.
Bajo la lógica de la industria, ese oro mezclado pasa a considerarse “oro estadounidense” por el simple hecho de haber sido refinado en territorio de EE. UU.
La llegada a la Casa de la Moneda
El paso final es la compra por parte de proveedores de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Según la investigación, durante décadas esta entidad no ha verificado con rigor el origen del oro que adquiere, pese a que la ley exige que las monedas se fabriquen con metal extraído en el país.
Aunque inicialmente funcionarios aseguraron que todo el oro era estadounidense, luego matizaron la afirmación: “principalmente” proviene de EE. UU. Auditorías internas ya habían advertido problemas. Durante años, la institución ni siquiera preguntó a sus proveedores por el origen del metal. Y cuando lo hizo, aceptó esquemas como la “compensación”: comprar oro extranjero bajo la promesa de que en algún momento se adquirirá una cantidad equivalente de oro nacional. Ese mecanismo no está contemplado claramente en la legislación.
El caso ilustra un problema mayor: el debilitamiento de las salvaguardas en la industria del oro. Con precios que rondan los 5.000 dólares por onza, el incentivo económico es enorme. Esto ha facilitado que actores ilegales —desde carteles hasta grupos armados en otras regiones del mundo— se financien con este mineral.
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El oro, que muchos inversionistas compran como refugio frente a la incertidumbre, termina alimentando dinámicas de violencia, delincuencia y daño ambiental. En Colombia, por ejemplo, la minería ilegal ha contaminado ríos con mercurio y ha fortalecido el poder territorial de organizaciones criminales.
Un problema que sigue abierto
Tras las revelaciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció revisiones a las prácticas de compra de oro. Sin embargo, no ha cortado el suministro extranjero, argumentando que sería imposible satisfacer la demanda.
Mientras tanto, la Casa de la Moneda sigue sin publicar una política clara y transparente de trazabilidad. Y el sistema, tal como está hoy, permite que el oro pase —casi sin obstáculos— de una mina ilegal en Antioquia a una moneda oficial que se vende como símbolo de pureza y origen estadounidense.
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Paula Rozo
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