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El proceso penal contra Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado de participar en el ataque que terminó con la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo el pasado 31 de octubre, avanzó esta semana con nuevas revelaciones sobre su estrategia jurídica. El hombre, de 27 años, continúa privado de la libertad luego de que el juez penal con función de control de garantías le impusiera una medida de aseguramiento en centro de reclusión. La decisión se tomó el 12 de noviembre, cuando la jueza 67 penal de garantías concluyó que había suficientes elementos para ordenar su detención mientras la Fiscalía adelanta la investigación por el homicidio del estudiante de 20 años.
Durante la diligencia de imputación previa, Suárez decidió no aceptar los cargos presentados por el ente acusador. Sin embargo, con el avance del expediente y la recolección de pruebas, su defensa empezó a analizar un cambio en la estrategia jurídica. De acuerdo con la información conocida por el canal CityTV, las partes sostuvieron una reunión para revisar las alternativas que tendría el procesado. Según ese medio, la defensa estaría evaluando la posibilidad de proponer un preacuerdo con la Fiscalía para acceder a beneficios punitivos, aunque hasta el momento no se ha tomado una determinación definitiva. El encuentro habría girado alrededor del material probatorio que compromete a Suárez y de las rutas procesales disponibles en esta etapa.
En esa reunión, según el reporte del canal local, se discutieron las evidencias con las que la Fiscalía acusa a Suárez de haber participado en la agresión que derivó en la muerte de Moreno. También se exploró la alternativa de un preacuerdo, aunque no hubo confirmación oficial de que esta vía vaya a ser utilizada por la defensa. Frente a esta posibilidad, el abogado de la familia de la víctima, Camilo Rincón, indicó al mismo medio que se espera que las decisiones se ajusten a la gravedad del caso. En diálogo con CityTV, afirmó: “De ser así, sencillamente lo único que esperaríamos es una sentencia acorde al tipo de delito imputado y una verdadera justicia restaurativa con una sentencia acorde y de manera proporcionada al tipo de delito”.
De igual forma, un pronunciamiento del abogado defensor Moisés Carreño dio cuenta de la posición jurídica del procesado. El jurista explicó, en declaraciones citadas por Blu Radio, que Suárez está dispuesto a considerar un preacuerdo como una posible herramienta para garantizar "verdad, justicia, reparación a las víctimas y compromiso de no repetición", ya que el mecanismo permite una visión “en el que las partes buscan un punto medio que satisfaga a todos sin convertir el proceso penal en un instrumento de venganza”.
Carreño aseguró que, según se citó en la emisora, su equipo concluye que los hechos corresponden a unas "lesiones personales agravadas". Para él, “la génesis de este caso, son unas lesiones personales que podemos considerar agravadas, que lamentablemente condujeron como resultado final a la muerte de una persona, que no era el objetivo de nuestro representado. Partiendo de esa base, podemos sacar la conclusión que no estamos de acuerdo con la postulación que hizo la Fiscalía de manera inicial en el caso de homicidio agravado”.
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Mientras tanto, la investigación avanza para esclarecer con exactitud lo sucedido entre la noche del 30 de octubre y la madrugada del 31, luego de que Jaime Esteban y su amigo salieran del bar Before Club. Las autoridades ya han recopilado videos, testimonios y reportes médicos que describen el trayecto de los jóvenes y la posterior agresión.
En la audiencia celebrada el 12 de noviembre, la jueza 67 municipal de garantías decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario al considerar que el procesado representaba un riesgo para la comunidad y que existían pruebas suficientes sobre su participación en los hechos. “La medida aquí procedente es la detención preventiva en establecimiento carcelario”, expresó la funcionaria, rechazando la solicitud de la defensa que pedía detención domiciliaria argumentando que Suárez era cabeza de familia.
La togada señaló que lo ocurrido con Jaime Esteban Moreno correspondió a “una agresión desmedida, se trató de una agresión colectiva, se trató de una agresión brutal, sin provocación ni riesgo real que lo justificara. El homicidio no se justifica bajo ningún punto de vista”. Para la jueza, los testimonios y las grabaciones permiten concluir que el joven fue perseguido, derribado y golpeado reiteradamente incluso después de haber aceptado los golpes, y añadió que caminaba con miedo por la calle antes de ser alcanzado.
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Durante su intervención, la funcionaria destacó que el imputado mostró “poco respeto por la vida, cuando se agrede inclementemente, cuando se ve a una persona agonizando en el piso y convulsionando, y así se devuelve a seguirle suministrando golpes, como lo dicen las pruebas, no lo digo yo”. La jueza también reiteró la declaración de la testigo Emperatriz Carreño, quien aseguró que Suárez “regresó y le dio dos patadas en la parte superior del cuerpo”.
Finalmente, la togada aclaró que la Fiscalía imputó a Suárez por homicidio con circunstancias de agravación y que la pena solicitada, si se le halla culpable, está entre 480 y 600 meses de prisión.
La Fiscalía presentó durante las diligencias judiciales los resultados de la investigación médica y forense que explican las causas del fallecimiento del estudiante de la Universidad de los Andes. Según relató la fiscal del caso, la agresión ocurrió en la calle 64 con carrera 14 después de que la víctima y su amigo salieron del establecimiento Before Club +. En ese trayecto, un hombre identificado como Juan Carlos Suárez, “quien para estos hechos se presentaba con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con un pantalón de color negro, fue quien propinó un puño en la espalda de la víctima”. El impacto lo derribó y, ya en el suelo, recibió “varias patadas en la cara y el cuerpo”.
Jaime Esteban fue llevado inicialmente al Hospital Chapinero con un cuadro crítico. Según la historia clínica, ingresó en “mal estado de salud con alto riesgo de complicaciones”. Luego fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde los médicos identificaron un hematoma subdural y múltiples contusiones. A las 6:33 p. m. del 31 de octubre sufrió un paro respiratorio y, quince minutos después, a las 6:48 p. m., se confirmó su deceso.
El dictamen de Medicina Legal determinó que la muerte fue consecuencia de un trauma contundente que comprometió órganos vitales y generó una incapacidad médico-legal de 55 días. Las autoridades también confirmaron que la gravedad de las lesiones obligó al traslado urgente entre centros médicos, pero los daños neurológicos y las fracturas fueron irreversibles. La Fiscalía sostiene que cuenta con testimonios y videos que vinculan directamente a Suárez con la agresión, lo que permitió su captura horas después del ataque.
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LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.