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Tras décadas de espera, la universidad pública y sus estudiantes lograron un avance histórico en materia presupuestaria luego de que la Cámara de Representantes aprobara una reforma a la Ley 30, a través de la cual se busca garantizar mayores recursos a las entidades de educación superior estatales. El ajuste a esta norma se realizó específicamente en los artículos 86 y 87, los cuales definen la metodología con la que se calcula el presupuesto anual para dichas instituciones.
Bajo este nuevo panorama, se espera que la reforma asegure un incremento anual en los fondos destinados a las universidades públicas, lo que se traducirá en mejoras para el sostenimiento, la manutención y la continuidad de otros proyectos gubernamentales, como la gratuidad en las matrículas o la ampliación general de la cobertura educativa. Con esto, además, se pretende ir cerrando la brecha de desfinanciación que, tal como lo explicó el ministro de Educación a Noticias Caracol, se había profundizado durante los últimos 30 años.
"Esta es una discusión que hemos tenido con el movimiento universitario. (...) Este proyecto de ley, cuando lo radicamos en el Congreso, tuvo la firma de decenas de congresistas de todo el espectro político y, año y medio después, ya podemos decirles a los estudiantes que ya es ley de la República la reforma a los artículos 86 y 87, que pretende cerrar la brecha de desfinanciación que se ha abierto en los últimos 30 años", dijo el ministro Daniel Rojas.
El funcionario dio a conocer que este aval marca un acontecimiento trascendental que se gestó en respuesta a la frustrada reforma integral del sistema educativo de Colombia, la cual fue impulsada por el Gobierno Nacional pero no recibió luz verde en su momento. Además de incluir a los centros universitarios de todo el país, afirma Rojas, con esta decisión también se verán beneficiadas otras 32 instituciones técnicas y tecnológicas del territorio nacional.
"Este proyecto de ley involucra a 32 instituciones técnicas y tecnológicas que estaban por fuera de la ley 30, por fuera de los esquemas de financiación, y que hoy van a tener recursos a la base presupuestal, para que ya no crezcan indexados al IPC sino a un índice que es ya mucho más cercano a lo que cuesta una canasta educativa", agregó el funcionario Rojas.
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¿Cuándo podrán iniciar estos cambios?
Aunque dicha reforma ya fue aprobada, esta deberá esperar la respectiva sanción presidencial para convertirse formalmente en ley. Sin embargo, mientras eso ocurre, el ministro de Educación ha dejado claro que la voluntad política del Ejecutivo mantendrá su intención de priorizar el presupuesto para este sector, como, según él, lo ha hecho durante los últimos años.
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"Sin haber aprobado la ley, por simple voluntad política de este Gobierno, el presupuesto para las universidades públicas se ha multiplicado muy por encima del IPC, estamos hablando del IPC más 25 puntos. (...) Esto ahora es ley y tiene, además, un aval fiscal del Ministerio de Hacienda que, proyectando el marco fiscal a mediano plazo del sector educación, permite que existan los recursos para que este salto cualitativo, sustancial en la financiación de la educación superior, pueda mantenerse", dijo.
Con esta modificación a la Ley 30, afirma el ministro, un incremento a la inversión en el sector educativo colombiano que aporte a la reducción de los déficits financieros ya no dependerá de la voluntad de ningún gobernante, sino que, por el contrario, se convertirá en una obligación legal con la que cada administración deberá cumplir.
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO