España retira más de 53.000 alquileres ilegales de Airbnb y plataformas por crisis de vivienda

El Ministerio de Vivienda español ha ordenado la retirada de más de 53.000 alojamientos turísticos de plataformas digitales, incluyendo a operadores principales como Airbnb. Esta medida es una respuesta directa a la entrada en vigor de una nueva normativa que, desde el pasado 1 de julio, exige a todos los inmuebles dedicados al alquiler de corta duración contar con un número de registro nacional obligatorio. Aquellos alojamientos que no han podido cumplir con este requisito legal han quedado automáticamente fuera del marco de la ley y deben ser eliminados de las webs intermediarias.La magnitud del ajuste es significativa. De las 336.497 solicitudes de registro que el Gobierno recibió a través del registro habilitado, 264.998 correspondían a viviendas de uso turístico, lo que representa el 78,7% del total de peticiones. Tras el proceso de revisión, 53.876 anuncios fueron revocados, una cifra que equivale al 20,3% de los inmuebles inscritos en dicha categoría. Para Airbnb, uno de los operadores más grandes, esto implica que aproximadamente uno de cada diez anuncios activos en su plataforma se verá afectado por esta revocación.Contexto de la decisiónEsta acción gubernamental se da debido a una grave crisis de vivienda que atraviesa España. El objetivo principal es recuperar una parte de estos inmuebles para destinarlos al mercado de alquiler residencial, donde la oferta actual es notablemente inferior a la demanda.Según el Ministerio de Vivienda, la proliferación de pisos turísticos ilegales ha tenido un impacto directo en los precios y en la disponibilidad general de vivienda. Este fenómeno, especialmente acentuado en las zonas costeras y las grandes capitales del país, ha generado una presión social considerable y ha motivado reclamos por parte de diversos ayuntamientos. La entidad gubernamental ha insistido en que el registro obligatorio busca “preservar la función social de la vivienda” y combatir los alquileres ilegales que tienen el efecto de “expulsar a las familias de sus barrios y desdibujar las ciudades”.Mecanismos de control y respuesta de plataformasPara asegurar el cumplimiento de la nueva ley y combatir el fraude en los anuncios de corta estancia, el Gobierno puso en funcionamiento desde enero una Ventanilla Única Digital. Esta herramienta centraliza los datos entre el Ministerio de Vivienda, las plataformas de alquiler y los registradores de la propiedad, reforzando así el control sobre el mercado.Las compañías del sector están obligadas a retirar los anuncios que carezcan del registro requerido. El Ministerio enfatizó que, dado que muchos inmuebles pueden estar publicados simultáneamente en varias páginas, la exigencia aplica a todas las empresas que intermedian en la promoción de alquileres turísticos.Airbnb manifestó su disposición a cumplir con la normativa, asegurando que eliminará de su plataforma los alojamientos sin el número de registro exigido y que ya ha notificado a todos sus anfitriones sobre esta obligación. La compañía defendió su voluntad de colaborar con el Gobierno español y destacó que, desde enero, por lo menos 70.000 nuevos registros en su web ya cumplen con los requisitos legales. Además, Airbnb hizo un llamado a otras plataformas para que se sumen a este esfuerzo que ha denominado un “compromiso de transparencia” en el mercado de alquileres de corta duración.ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPONOTICIAS CARACOL

España retira más de 53.000 alquileres ilegales de Airbnb y plataformas por crisis de vivienda

Una nueva normativa de registro obligatorio ha forzado la eliminación de múltiples anuncios de corta estancia en el país, buscando aliviar la presión sobre el mercado residencial.

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