Ministerio de Defensa se pronuncia sobre demanda a Miguel Uribe que radicó uno de sus sindicatos

El Ministerio de Defensa se pronunció este viernes sobre la demanda que la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el sindicato Sinsergen, ambas con representación en el sector Defensa, presentaron ante el Consejo de Estado para solicitar la pérdida de investidura del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá. Sinsergen, explica esa cartera, es una "organización que agrupa a servidores públicos civiles del sector". Sin embargo, señaló que "sus declaraciones o acciones no representan ni comprometen, en ningún caso, la posición institucional de esta cartera".

La acción judicial que radicaron esos dos sindicatos alega que Uribe Turbay, quien es precandidato presidencial del partidoCentro Democrático, incurrió en actos de campaña anticipada. Según el documento, el senador habría participado en eventos proselitistas el 7 de junio en Bogotá, cuando aún no estaba habilitado legalmente para promover su candidatura a otro cargo de elección popular. Y acusa al congresista, quien hoy se debate entre la vida y la muerte, de haber usado su cargo como senador para obtener ventajas políticas indebidas, infringiendo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En particular, lo señalan por haber pronunciado discursos, realizado reuniones y difundido en redes sociales su aspiración a otro cargo, lo cual –según los demandantes– violó los principios de imparcialidad y equidad electoral.

Al respecto, el Ministerio de Defensa afirmó que "Colombia atraviesa un momento en el que el respeto mutuo y la unidad nacional son más necesarias que nunca" y que si bien reitera su "compromiso indeclinable con la Constitución, la ley, la separación y autonomía de los poderes públicos, así como con el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas", como institución debe "evitar y rechazar cualquier forma de revictimización". "Como institución del Estado, tenemos el deber de proteger a todos los colombianos, así como de evitar y rechazar cualquier forma de revictimización, especialmente contra quienes han sido blanco de la violencia. Nadie que haya sufrido un atentado debe ser señalado ni instrumentalizado con fines personales, políticos o judiciales", se lee en el comunicado, que se dividió en ocho puntos.

Defensa también anotó que "la democracia y la paz se construyen con firmeza, pero también con verdad y con solidaridad hacia las víctimas" y que, en ese sentido, rechaza "toda forma de violencia que promueva el sufrimiento o el odio, físico o psicológico, venga de donde venga". Y fue enfático en que "ninguna corriente social o política, jamás será justificada". "Nuestra misión es proteger a todos los colombianos por igual. Y lo hacemos con la Constitución en la mano, con sentido de humanidad, y con la certeza de que solo unidos podremos derrotar a quienes pretenden sembrar el miedo y dividirnos", agregó el Ministerio, que concluye el comunicado así: "Colombia necesita instituciones fuertes, pero también profundamente humanas".

La demanda generó indignación en las filas del Centro Democrático, así como de otros sectores de la sociedad, que ven en esa acción judicial una maniobra "infame y oportunista". "Resulta inaceptable que, mientras lucha por su vida tras un intento de magnicidio, sectores radicales pretendan arrebatarle su investidura mediante una acción jurídicamente temeraria, moralmente reprochable y políticamente perversa", afirmó el partido político en un comunicado en días pasados.

La Asociación Nacional de Servidores Públicos Civiles No Uniformados al Servicio del Ministerio de Defensa (ASERVIDEM), otro sindicato del sector Defensa, se sumó a esas voces de rechazo, al considerar que esta acción judicial se radicó "en el momento menos oportuno". "Presentar una demanda contra una persona que se encuentra en cuidados intensivos, luchando por su vida, constituye un acto de profunda insensibilidad humana que va en contra de los principios básicos de solidaridad y respeto por la dignidad humana", afirmaron en un comunicado.

Y es que en la demanda se hace referencia al ataque que sufrió Uribe Turbay durante el mitin, al que asistió como figura política, y menciona que "por dicho acto ilícito realizado expuso su vida, la cual cobró que fuese atacado con un arma por parte de un menor de edad con fines de lastimarlo o asesinarlo". No obstante, los demandantes, representados por el líder sindical Carlos Alberto Sánchez Grass, quien figura en el documento, aclararon que ese hecho no puede usarse como atenuante ni excusa legal: "El riesgo surgió como consecuencia directa de una conducta prohibida".

El miércoles, en el que hasta ahora es el parte médico oficial más reciente, se informó que Miguel Uribe Turbay ha experimentado una mejoría y su estado crítico se ha reducido. El senador y precandidato "ha recibido de forma permanente, y específicamente en las últimas 72 horas los cuidados médicos y quirúrgicos, entre ellos traqueostomía y gastrostomía, pertinentes a la desescalada de su estado crítico, entrando en una nueva fase subaguda al superar 16 días de evolución del incidente", señaló la Fundación Santa Fe, donde permanece en cuidados intensivos.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL