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La Procuraduría General de la Nación ordenó abrir otro proceso contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, esta vez por una queja que interpuso el expresidente Álvaro Uribe.
El Ministerio Público ya abrió recientemente una investigación a Montealegre por presunta participación en política, por una entrevista que ofreció a la revista Semana en la que dio su opinión sobre varios “precandidatos presidenciales en términos políticos ‘presuntamente’ transgrediendo las prohibiciones que en materia disciplinaria tienen los servidores públicos”, señaló el ente disciplinario.
En ella mencionó a Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella, entre otros precandidatos presidenciales.
Por esta investigación, el ministro de Justicia anunció que interpondría una denuncia penal contra el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach.
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Según Eduardo Montealegre, “el señor Eljach probablemente ha cometido un delito de prevaricato. Prevaricato porque hace varios años yo investigué a Gregorio Eljach por un acto de corrupción que cometió en coordinación con el abogado de la mafia, Abelardo de La Espriella. Precisamente, mi entrevista hacía relación a las posibilidades políticas del abogado de la mafia como candidato presidencial. Ahora, los dos, Eljach y el abogado de la mafia, construyen una tenaza para amordazarme, para callarme. Por estas razones formularé denuncia penal por prevaricato contra el señor Eljach”.
Según informó la Procuraduría, se ordenó “la apertura de una indagación previa contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, por su presunta intromisión indebida en la administración de justicia, vulneración de la autonomía judicial y afectación de garantías fundamentales en el proceso legal seguido en su contra”.
Lo anterior, tras recibir una queja de Álvaro Uribe, quien señaló que Montealegre, reconocido como víctima dentro del proceso que se sigue contra el expresidente, “mientras ejerce como Ministro de Justicia, ha promovido mensajes de odio y ha difundido información falsa o inexacta de forma masiva en el crucial momento en que se define la segunda instancia de mi proceso”.
El líder del Centro Democrático afirmó que el exfiscal ha usado “WhatsApp para difundir de manera masiva a múltiples destinatarios una cadena de mensajes en los que: me calificó como ‘criminal de guerra’, extendió acusaciones a profesores, académicos, periodistas y exfuncionarios, atribuyéndoles supuesta participación en una estrategia de deslegitimación de la condena de primera instancia, empleó expresiones como ‘cínicos’ y ‘penalista contratado por el criminal de guerra’”, lo que “son ataques personales y políticos”.
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“Este proceder de parte del Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia configura hostigamiento público incompatible con los principios que rigen el ejercicio de su función y la dignidad del cargo que ostenta en servicio de todos los colombianos”, expresó Uribe.
“La actuación disciplinaria que inició la Sala de Instrucción busca determinar la ocurrencia o no de la conducta por parte del ministro, para lo que decretó la práctica de pruebas”, indicó por su parte la Procuraduría.
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