La pena y la millonaria multa que pidió Fiscalía para Álvaro Uribe, condenado en primera instancia

El expresidente Álvaro Uribe, "el hombre más poderoso del país", según la jueza que lo condenó este lunes en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, se convirtió en el primer exmandatario del país en llegar a esta instancia que se castiga con entre cuatro y ocho años de cárcel. El fallo condenatorio en el 'juicio del siglo' contra Uribe fue leído por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, en una audiencia de más de diez horas y que acaparó la atención del país en medios de comunicación y redes sociales. Según la jueza Heredia, las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio fueron lo suficientemente sólidas como para anunciar contra Uribe un "fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal".

La jueza Heredia no ordenó la captura del expresidente y optó por diferirla a una instancia posterior, teniendo en cuenta que, por el mínimo de las penas que tienen prevista los delitos por los que ha sido condenado, tendría el beneficio de prisión domiciliaria. Anticipó que para estos delitos la ley prevé una condena de "un monto superior a cuatro años e inferior a ocho", aunque consideró que el expresidente, de quien elogió al comienzo de la jornada su "gallardía y cordialidad", "se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión". La lectura de la sentencia, en todo caso, fue fijada para el próximo viernes 1º. de agosto.

Sin embargo, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena mayor, de nueve años, y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.458 millones de pesos colombianos. Orjuela señaló que "la pena para los dos delitos, soborno en la actuación penal y fraude procesal, va de 6 a 12 años, lo que es lo mismo de 72 meses a 126 meses. Fijado el ámbito punitivo correspondiente, tenemos que los cuartos medios tienen una movilidad entre 90 meses más un día hasta 126 meses", y agregó que "teniendo en cuenta los parámetros fijados en el inciso tercero del artículo 61, considera la Fiscalía que aquel balance de la justicia al momento de señalar la pena, pues parte de 90 más un día, 126 días, y como quiera que concurre una circunstancia de menor punibilidad y dos de mayor punibilidad, se considera que la pena aplicable para este caso frente a uno de los delitos es de 108 meses". Es decir, nueve años.

Por último, la fiscal manifestó: "Y como quiera que nos encontramos frente a dos delitos adicionales de soborno en la actuación penal y tres eventos de fraude procesal, ruego que se aplique el artículo 31 y se haga el aumento de la pena de prisión en otro tanto".

La defensa de Uribe apelará

Por lo pronto, el equipo de abogados del expresidente señaló: "La defensa discrepa jurídicamente de las valoraciones expresadas en el sentido del fallo por la juez, las cuales serán debatidas por los canales legales establecidos para ello. Esta no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes". Los defensores de Uribe, encabezados por Jaime Granados, agregaron en un comunicado "que el fallo será apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, como lo permite la ley. Y, de ser necesario, se acudirá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia", lo que indica que la resolución definitiva del caso puede prolongarse incluso años.

Además de los dos delitos por los cuales fue condenado, Uribe fue absuelto de un tercero, de soborno simple, todos como parte de un proceso que él mismo inició en 2012 cuando demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista de Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus supuestos vínculos con los paramilitares. Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló, que recibió la demanda, decidió no investigar a Cepeda y sí a Uribe por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.

En el proceso fue clave Diego Cadena, un abogado que se presenta como "abogánster", que también responde en juicio, por haber sido la persona que visitó a exparamilitares en varias cárceles para ofrecerles beneficios a cambio de que cambiaran sus testimonios sobre Uribe o involucraran a Cepeda en la supuesta compra de testigos. Pese a que la defensa argumentó que Cadena actuó por su cuenta, la jueza consideró probado que lo hizo instigado por Uribe, a quien señaló como "determinador".

"Diego Javier Cadena Ramírez (...) se dedicó a encadenar personas, acciones y delitos, forjando un entramado delictivo en donde cada eslabón tenía un propósito asignado. Eso sí, con una consigna inquebrantable, resguardar la identidad del verdadero instigador", señaló la jueza Heredia, quien definió a Uribe como "el hombre más poderoso del país", mientras que de Cadena dijo que "era un abogado en ascenso, con grandes aspiraciones profesionales" y con "carencias intelectuales" que vio en el acercamiento al expresidente "la expectativa de tener la oportunidad de escalar a una posición de poder y prestigio profesional".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
NOTICIAS CARACOL