El Cementerio Central de Palmira, en el Valle del Cauca, se ha convertido en el escenario de uno de los ejercicios de reconciliación más inéditos en Colombia. Con la ayuda del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un grupo de exintegrantes de las FARC, firmantes del acuerdo de paz y otro de exmiembros del Ejército de Colombia, que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se han unido para excavar, recuperar cadáveres y construir infraestructuras de memoria en un sector históricamente olvidado. Los Informantes conoció su historia.Durante un año, estos antiguos enemigos, han trabajado hombro a hombro, compartiendo no solo herramientas de construcción, sino también historias y alimentos, en un esfuerzo conjunto que parecía un encuentro improbable.Un ejercicio de reconciliación inédito en ColombiaEl sector intervenido del cementerio, conocido informalmente como el cementerio El Olvido, había permanecido por décadas como una fosa común en la parte de atrás del camposanto. Allí fueron enterrados centenares de cuerpos sin identificar, sin seguir ningún tipo de protocolo ni individualización.La transformación de este espacio comenzó con una meta clara: dignificar los cuerpos y sanar las heridas de la guerra. Inicialmente, el proyecto se enfocó en asegurar el predio para que la delincuencia común no lo siguieran profanando.“Ese encerramiento lo comenzamos a construir en el mes de septiembre, pero a la par, nosotros estábamos ayudando la Unidad de Búsqueda de Medicina Legal a la prospección y recuperación de los cuerpos”, señaló Diego Bareño, mayor (r).En total, 23 comparecientes de la fuerza pública, incluyendo oficiales, suboficiales y soldados, trabajaron en el sitio, junto a exguerrilleros, cambiando el camuflado y los fusiles por carretillas, palas y picas. El mayor retirado del Ejército, Diego Alberto Bareño, director de la fundación Comité de Reconciliación y compareciente ante la JEP, enfatiza en la importancia de este trabajo para la sanación. Bareño, quien duró 26 años en la institución y fue oficial de infantería en varias unidades especiales, es el coprotagonista de este ejercicio junto a Maribel Ferreira, excombatiente de las FARC.Maribel, oriunda de Mitú, tiene 43 años y formó parte de las FARC desde los 12 años, llegando a ser enfermera de combate. La guerra le dejó profundas cicatrices físicas, pues fue herida cuatro veces. Ella relata el impacto personal de la colaboración: "Yo llevo una felicidad y a mí esto me sirvió mucho para olvidar muchas cosas. El tiempo de guerra, uno combatiendo con ellos y ahora con ellos acá diferente", dijo en Los Informantes.La construcción de la paz y de osariosEl trabajo no se limitó a la excavación. Después de recuperar los cuerpos sepultados en el contorno, llegando a bajar hasta 2,20 metros, el equipo procedió a construir columnas para levantar repositorios. La segunda etapa consistió en la construcción de estos "repositorios de memoria", conocidos comúnmente como osarios.El objetivo es que en estos osarios se alberguen los cuerpos recuperados a medida que sean identificados. Bareño enfatizó el significado del nombre: "normalmente son conocidos como osarios, pero nosotros los llamamos repositores de memoria porque es dignificar los cuerpos que se encuentran allí en tierra, llevarlos a este lugar", señaló.El proceso fue transformador, borrando la enemistad que alguna vez los separó. Maribel recordó las dificultades iniciales que tuvieron: "Al comienzo como es natural hubo tensiones, difícil, yo decía '¿Cómo era el encuentro con la fuerza pública si fuimos enemigos?'". Pero la convivencia diaria forjó un nuevo vínculo. "Y yo aprendí a conocerlos a ellos y a distinguirlos, ya no era su enemigo, no, ya no eran mis enemigos", contó.En este laboratorio de paz, la camaradería surgió en medio del arduo trabajo: "compartimos todo, refrigerio, compartimos almuerzos, sentamos en una sola mesa, comemos", relató Maribel. Bareño confirmó que la integración fue total: "siempre estuvimos fue juntos, integrados y éramos 10 y llegaban ocho almuerzos, entre todos nos compartíamos del almuerzo, una botella de agua, un vaso de agua, todo se compartía".Así funciona este ejercicio de reconciliaciónLa obra adelantada en Palmira por excombatientes de la guerrilla y del Ejército de Colombia es definida por la JEP como un TOAR (Trabajos, Obras y Actividades de contenido Restaurador y Reparador). Si bien muchas de las sanciones impuestas por la JEP serán TOARs que deben realizarse a lo largo del país, el proyecto de Palmira se distingue por ser voluntario y anticipado."Creo que poder hacer un TOAR anticipado es la demostración de la voluntad de firmantes, de comparecientes de familiares, pero también de la institucionalidad", señaló Marta Burbano, líder de madres buscadoras.Maribel Ferreira, quien hace parte de Reencuentros, una corporación de excombatientes de las FARC dedicada a la búsqueda de desaparecidos es un ejemplo de la profunda motivación personal que impulsa esta labor, pues ella busca los restos de su propia pareja, fallecido en combate con el Ejército. Ella confía: "Ojalá que esté acá, que puedan encontrarlo", afirmó.El trabajo conjunto, sin embargo, no estuvo exento de retos, lidiando incluso con el vandalismo y el robo. Ante el hurto de materiales, la reacción fue de resiliencia: "agachamos la cabeza, vimos, levantamos porque dijimos: 'ellos no nos pueden arruinar'".El encuentro con las madres buscadorasEl proyecto de Palmira no solo se centró en la construcción física, sino también en el encuentro emocional con las víctimas. La guerra ha dejado una cifra estremecedora de desaparecidos en Colombia: alrededor de 132.877 personas. El Valle del Cauca es particularmente afectado, con 9.000.Cuando la obra de los osarios avanzaba, un grupo de madres buscadoras visitó el lugar para reunirse con los antiguos combatientes y sumarse a la recuperación del camposanto. Marta Burbano, líder de este grupo de madres buscadoras, relata la tensión inicial: "cuando yo entré con las víctimas, todos ellos agacharon la cara, yo creo que era un reconocimiento de la responsabilidad que habían tenido en todo ese dolor que las víctimas estaban sintiendo". Sin embargo, la labor compartida está transformando las relaciones: "hoy cuando uno viene al cementerio y por lo menos se pueden saludar implica que ese compartir aquí en lo cotidiano, ese hacer una apuesta común, va transformando las mentes y los corazones", señaló.Graciela Solís, de 63 años, es una de estas madres. Su hijo, Andrés Felipe Peñaranda Solís, desapareció hace más de cuatro años en Puerto Merizalde de Buenaventura, una zona bajo control de grupos armados. Para Graciela, la búsqueda es una obligación para conocer la verdad: "alguien tiene que pararse y buscar porque si no buscamos, entonces, ¿cuándo vamos a darnos cuenta de qué pasó con nuestros hijos o nuestros familiares desaparecidos?", afirmó.La búsqueda no es exclusiva de la población civil; también hay familiares de miembros de las FARC y de la fuerza pública buscando a sus seres queridos. Por su parte, las víctimas cultivaron un jardín y levantaron un pequeño memorial, mientras que los excombatientes construyeron el oratorio y un mural a la entrada.Hace pocas semanas se realizó la entrega oficial de la obra. Maribel y el mayor Bareño, fueron los encargados de dirigir unas palabras. Maribel destaca el aprendizaje: "Esto me enseñó que la reparación inicia a la disposición de trabajar con respeto y reconocer al otro como digno de cuidado".Hasta el momento, la Unidad de Búsqueda ha logrado recuperar 99 cuerpos allí, los cuales esperan ser identificados por Medicina Legal. Se estima que en esta sección intervenida pueden existir alrededor de 600 cadáveres más que requieren ser individualizados e identificados.Pese a los riesgos que enfrentan en su seguridad, los protagonistas insisten en que la paz ha valido la pena. El delegado del PNUD, al acompañar la entrega, resaltó la magnitud del logro, definiéndolo como una transformación individual y colectiva, una "posibilidad del ser humano de transformarse, de convertirse en otra cosa. Y yo creo que lo que hemos visto en este proceso es eso, es una transformación individual y colectiva", dijo.El trabajo de exhumación continuará bajo el liderazgo de los forenses de la UBPD. Los constructores de la paz en Palmira confían en que este piloto se replique demostrando que la reconciliación es posible. La primera muestra de dignificación ya ocurrió: el mismo día de la entrega, se realizó el primer funeral de los restos de una persona plenamente identificada.
Hans Aramburo Urbano es un nombre que resuena en las denuncias de varias familias en Cali. Este sujeto es señalado de presuntamente haber detectado una debilidad en la legislación civil colombiana para apropiarse de propiedades ajenas y, posteriormente, explotarlas económicamente a través del arriendo. Séptimo Día conoció las acusaciones.Al parecer, este hombre estaría aprovechando el proceso declarativo de pertenencia (o prescripción adquisitiva de dominio), una figura legal diseñada para reconocer la propiedad a quienes han ejercido actos de dueños y señores por un tiempo determinado en Colombia.¿Quién es el señalado?Hans Aramburo, quien cuenta con nueve anotaciones judiciales por estafa, tres por hurto y una por invasión de tierras, es el eje central de al menos dos investigaciones en Cali que detallan cómo los propietarios o herederos de inmuebles se encuentran en vilo, enfrentando procesos judiciales que buscan arrebatarles sus bienes.El caso de la familia Prado, dueña de una casa en el barrio Versalles de Cali desde 1957, devela la táctica que este hombre estaría empleando. Después de que las últimas hermanas Prado Salcedo fallecieran - la última en un hogar de paso en 2022-, la casa en la que vivían quedó sola temporalmente. Mauricio Núñez Prado, sobrino de las dueñas, se ausentó por unos meses y a su regreso encontró trabajadores remodelando la propiedad.Mauricio relató en Séptimo Día que interpuso una denuncia por invasión ante la Fiscalía, pero la ley colombiana no le permitió desalojar a los presuntos invasores por la fuerza. Meses después, descubrió un aviso de demanda de pertenencia. El demandante era Dyron Andrés Serna, quien supuestamente había adquirido los derechos de posesión de Hans Aramburo.Según la información que encontró Mauricio en la demanda: “dice que Hans le vende la propiedad a Dyron y que Hans la había obtenido por posesión, por haber vivido ahí 10 años, desde el 2023”. Este argumento contrasta con la realidad, ya que, según los certificados de funeraria, las dueñas reales vivieron allí hasta 2017 y 2022. La abogada de la familia, Janette Gómez Rojas, sostiene que la información presentada por el presunto invasor “carece veracidad”.Tras tomar posesión del inmueble, Dyron Andrés, el presunto comprador, lo habría explotado económicamente, arrendando tanto la casa como el local comercial. Al ser contactado, el hombre afirmó que estaba en un proceso legal y señaló a su presunto vendedor: “Ya toca es digamos que el juez de sentencia y al que deberían de buscar es el que me vendió a mí, no a mí, que soy el comprador”.En el segundo caso de Cali, el presunto actuar de Aramburo se dio de forma rápida. Hernando García Plaza, heredero de una casa en el barrio Colón, estaba a cargo de la propiedad de su padre, Víctor García Bolaños, quien falleció en 2024. Él relata que visitaba la casa periódicamente, e incluso había dejado un aviso de “no se vende, no se alquila, no se deja estafar”, pero todo cambió en mayo de 2024, cuando se ausentó por 15 días.A su regreso, en junio de 2024, encontró la casa invadida. En una de sus visitas, Hernando y su esposa encontraron una ferretería en el local y el dueño les dio la tarjeta de Hans Aramburo.Hernando García, que lucha por recuperar su herencia, manifestó su frustración: “Para mí es un ladrón, porque me está quitando la pertenencia que me dejó mi padre”. La familia García encontró que Aramburo había interpuesto “un montón de demandas”, aunque, hasta el momento, la mayoría han sido inadmitidas o rechazadas en primera instancia.Séptimo Día intentó contactar a Hans Aramburo Urbano en su presunta oficina en Cali, así como por vía telefónica, pero no se obtuvo respuesta.En Bogotá, inquilinos reclaman propiedades de arrendadoresLos casos en Cali no son aislados. En Bogotá, familias que arrendaron sus propiedades también enfrentan demandas de pertenencia interpuestas por sus inquilinos, quienes buscarían quedarse con el bien tras años de ocupación.Héctor Rubiano Torres, de 76 años, agricultor de Boyacá, compró su casa en Bogotá en 1984. En 2009, la arrendó a Armando Alaguna y su pareja, María Leonid de Lozano. En 2017, las hijas de Rubiano se mudaron al tercer piso de la casa y la relación con los arrendatarios se deterioró.Según Lizeth Rubiano, una de las hijas de Rubiano, en 2022 su padre recibió rumores de que los inquilinos estaban diciendo que la casa era de ellos. Luego, los inquilinos dejaron de pagar el arriendo y, a pesar de las solicitudes, se negaron a desocupar.“Mi papito habló con ellos para que me desalojen la casa. Cuando yo fui y acompañé a mi papá, le dijeron que no le iban a dar la casa y que iban a vender lo que sea con tal de tener la casa de mi papá”, relató Lizeth en Séptimo Día.María Leonid de Lozano interpuso en marzo de 2025 un proceso declarativo de pertenencia por prescripción extraordinaria. Su abogado señala que ella manifiesta “que ella lleva 30 años al frente del bien inmueble, donde ejerce ánimo de dueña y señora del mismo”.Al ser confrontado, Armando Alaguna cuestionó la validez del contrato de arrendamiento que él mismo había firmado: “No sé. Vea están demandados con los contratos porque los contratos son chimbos” y reconoció que no compró la casa. Sin embargo, justificó su intención de iniciar el proceso legal: “Ah, bueno, porque es que yo ya llevo mucho tiempo acá”. Por su parte, María Leonid de Lozano se negó a responder preguntas.También en Bogotá, Dora Alicia Bórquez, de 68 años, enfrenta un proceso. Es propietaria de una casa y un lote en Ciudad Bolívar que su padre adquirió en 1980. En 2009, un conocido arrendó el lote a Gilberto Rodríguez, quien montó un parqueadero, pero luego dejó de pagar el arriendo y, tras su fallecimiento, su pareja, Gloria Marlén Urrego, interpuso una demanda de pertenencia.Al ser consultada sobre la legitimidad de su reclamo, Gloria Marlén Urrego afirmó que vive allí desde el 16 de diciembre de 2009 y alegó que su acción es una “contrademanda” porque Dora la había demandado por arriendos.El proceso de pertenencia requiere que el demandante demuestre posesión durante 10 años y actos de dominio (como pago de impuestos, mantenimiento y mejoras). Sin embargo, los denunciantes temen que los señalados estén manipulando pruebas o inventando historias para quedarse con propiedades de forma supuestamente ilícita.Todos los casos mencionados están siendo analizados por distintos jueces de la República, quienes tendrán que fallar en derecho para decidir el desenlace de estos pleitos.
El programa Séptimo Día conoció casos que exponen una presunta mala utilización de la ley de pertenencia, una figura legal en Colombia que podría estar siendo usada por personas señaladas de intentar apropiarse de bienes inmuebles que no han comprado. Miles de colombianos que con esfuerzo han logrado adquirir sus casas o lotes, o que los heredaron, denuncian que personas en quienes confiaron—como inquilinos—hoy están a punto de despojarlos de sus propiedades.La figura del proceso de pertenencia (o prescripción adquisitiva de dominio) está contemplada en el Código Civil y busca reconocer como propietarios a quienes han poseído un bien como dueños y señores por un tiempo determinado y cumpliendo ciertos requisitos. Sin embargo, los propietarios afectados aseguran que los demandantes podrían estar manipulando pruebas o inventando historias para intentar quedarse con sus bienes. Séptimo Día buscó a los señalados en estos procesos para obtener su versión de los hechos.El drama de un arrendador en BogotáHéctor Rubiano Torres, un hombre de 76 años, agricultor de Turmequé, Boyacá, cuenta que compró su casa en el barrio Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá en 1984 y, teniendo en regla sus escrituras y certificado de libertad, en 2009 arrendó la propiedad a Armando Alaguna, quien se mudó con su pareja, María Leonid de Lozano, sin saber lo que vendría después. El contrato de arrendamiento se firmó en agosto de 2009. No obstante, para 2022, las hijas del propietario, Lizeth y Maribel Rubiano, comenzaron a escuchar rumores “de que ellos estaban diciendo que la casa era de ellos y que se querían quedar con la casa". Tras dejar de pagar el arriendo, en 2022, los presuntos inquilinos se negaron a entregar la casa.Para marzo de 2025, María Leonid interpuso una demanda de pertenencia por prescripción extraordinaria contra Héctor Rubiano, alegando que lleva 30 años al frente del inmueble ejerciendo “ánimo de dueña y señora del mismo”. Por ello, el propietario asegura que, en medio de su angustia, tuvo que vender su finca en Turmequé para pagar abogados que lo defendieran.El 10 de octubre de 2025, Séptimo Día buscó a la pareja señalada. Armando Alaguna fue cuestionado sobre el contrato de arrendamiento de 2009 y este aseguró que Héctor y su familia están “demandados con los contratos porque los contratos son chimbos”. Sin embargo, admitió que él no compró la casa.Asimismo, aseguró que no tiene remordimiento por lo que está sucediendo con la familia de su arrendador: “ese señor conmigo fue bien, pero las hijas son unas pecuecas”, dijo, y se refirió a presuntas calumnias en su contra.Posteriormente, la señalada, María Leonid de Lozano, apareció en el mismo sitio en el que su esposo estaba siendo cuestionado por Séptimo Día, pero evitó responder las preguntas.Actualmente, el proceso de restitución del inmueble que interpuso Rubiano está suspendido, a la espera de la decisión del juez sobre la demanda de pertenencia presentada por la presunta inquilina.Un lote heredado en Ciudad BolívarOtro de los casos que conoció Séptimo Día ocurre en el barrio El Paraíso, en Ciudad Bolívar, donde Dora Alicia Bórquez, de 68 años, tiene una disputa por una casa y un lote que heredó de su papá.En 2009, Dora, a través de un conocido, arrendó el lote a Gilberto Rodríguez para montar un negocio de recepción de chatarra. El contrato de arrendamiento figura con un valor de 150.000 pesos mensuales, pero a los pocos meses ella dejó de recibir ese dinero.Rodríguez falleció en marzo de 2024 y ella creyó que por fin recuperaría el lote, pero días después se enteró de que Gloria Marlén Urrego, pareja del difunto, había interpuesto un proceso de pertenencia por el lote.La abogada de Dora, Carolina Martín Delgado, explicó que Urrego debe demostrar una posesión tranquila e ininterrumpida por más de 10 años y asumir la carga económica y tributaria (servicios e impuestos), algo que no podría probar. Dora, en cambio, tiene las escrituras y los pagos de impuestos prediales al día desde 2000.Séptimo Día buscó a Gloria Marlén Urrego en el lote. Al ser cuestionada sobre por qué demandó la pertenencia de un terreno que no es suyo, aseguró haber llegado al lugar en 2009 y alegó que su acción es una “contrademanda” porque Dora la había demandado por arriendos. También mencionó que el contrato de arriendo que tiene la propietaria del inmueble no está firmado por su esposo. “Esa no es la firma de él”, afirma. Además de estos casos, el programa de Caracol Televisión también conoció dos más en Cali, en donde señalan a un hombre de tomar posesión irregular de inmuebles y luego arrendarlos. El sujeto mencionado es Hans Aramburo y, aunque Séptimo Día intentó contactarlo, no quiso responder por las acusaciones.
A diario, colombianos denuncian los problemas que tienen con el sistema de salud. A la falta de agendas de citas médicas generales o con especialistas se le suma también las largas esperas por medicamentos para el tratamiento de diversas enfermedades. Pacientes con diabetes, leucemia o afecciones cardíacas, entre otras, solo tienen la posibilidad de vivir si el medicamento que necesitan llega primero que la muerte y Los Informantes conoció casos dolorosos de quienes no lograron esperar más.En distintos casos, los pacientes y/o familiares señalan que se ven obligados a peregrinar por centros de salud, dispensarios, citas médicas, juzgados, tutelas, quejas y reclamos exigiendo un medicamento y en muchas ocasiones no hay nada que sirva.Maritza Martínez Capacho, una mujer residente en el barrio Rebolo de Barranquilla, grabó antes de fallecer un video en el jardín de su casa denunciando la falta de las medicinas que su tratamiento requería. Ella y su familia son el reflejo de un calvario que parece no tener fin.Maritza, ama de casa, madre de dos hijas y esposa de Efrén Andrade, fue diagnosticada con hipertensión pulmonar. Esta enfermedad se apoderaba de su cuerpo, dejándola "sin aire, sin ganas de comer" y, a veces, sin la capacidad de levantarse de la cama, por lo que en 2023 los médicos le recetaron tres medicinas vitales: treprostinilo, sildenafilo y macitentan. Según el testimonio de su esposo, mientras Maritza recibió el tratamiento, ella se encontraba estable, “caminaba, hacía sus quehaceres”. El medicamento, que era subcutáneo, le ayudó tanto que, cuenta, ella misma afirmaba: “Ya puedo caminar, ya no me ahogo a subir un dos, tres, cuatro, cinco escalones”. En ese momento, la familia sintió que la enfermedad se estaba doblegando y que el tratamiento estaba ganando.Sin embargo, en octubre del año pasado, esta estabilidad se derrumbó cuando dejaron de entregarle los medicamentos. Su esposo relata que la Nueva EPS argumentó que “ya no le puede entregar porque no hay una farmacia disponible” debido a que "ellos habían terminado el contrato con Audifarma". A partir de ese momento, la EPS comenzó a "dilatarnos, a decirnos que no hay dispensario, no hay farmacia, todavía no tenemos contrato”.Esta situación se prolongó por “11 meses sin medicamento”. Durante este tiempo, la agonía, el desconsuelo y el avance de la hipertensión se fueron tragando a Maritza y a su familia, que se sentía impotente y frustrada. La falta de la droga vital se convirtió en un acto que su esposo calificó como “lo más inhumano que pueda hacer un dispensario o una entidad.Ante la desesperación, la familia decidió acudir a la Defensoría del Pueblo en febrero, donde se redactó una tutela que salió favorable a Maritza Ramírez. Ella estaba alegre, pensando: “Ya me van a dar mi medicamento por fin”. Pero la medicina jamás llegó.Antes de que su cuerpo colapsara, Maritza Martínez grabó un video en el jardín de su casa, denunciando su situación: “He tenido una recaída por el no suministro de las medicinas para mi tratamiento”, dijo tajantemente.Murió por falta de medicamentosEl fallecimiento de Maritza ocurrió el día 4 y el medicamento, que llegó tarde, fue entregado el día 29. Según cuenta Efrén, el abogado de la Defensoría del Pueblo lo llamó a decirle “ya le entregaron el medicamento. Ya el juzgado me respondió de que sí le entregaron” y él tuvo que responder con un doloroso sarcasmo: “Claro que sí, doctor, ya lo entregaron. Pero mi señora falleció”.Mientras Maritza esperaba la aparición de la droga, fue una hamaca que tenía en su jardín la que se convirtió en un refugio terapéutico. Maritza les decía a sus familiares que allí podía "respirar un poquito mejor y eso la aliviaba”, aunque lo que necesitaba con urgencia eran los medicamentos.Esto “se debe llamar así: injusticia con un paciente y ojalá esto no suceda con más personas”, enfatizó Efrén, sentado en el comedor de su casa mientras sigue revisando la carpeta con toda la documentación de lo que tuvo que hacer buscando la medicación que se tardó fatalmente.Otro doloroso casoEsta tragedia no es un caso aislado. Los Informantes también conoció la historia de Dora Cecilia Piratova, residente en el barrio Fontibón de Bogotá, a quien llamaron el día de su funeral para informarle que el medicamento que tanto necesitaba ya estaba disponible, pero ya no lo necesitaban. Dora Cecilia había sido diagnosticada con leucemia, pero, según cuenta su hija, ya el proceso agudo había pasado y dependía de unos medicamentos especializados para mantenerse en buen estado. Todo el calvario empezó cuando le dijeron “ya no están entregando los medicamentos de la Nueva EPS acá, hay que ir al dispensario directamente”. Su hija pasó de ventanilla en ventanilla y poniendo PQRS o derechos de petición, pero nada funcionaba.Según relata Carolina, un día después de la muerte de su mamá, cuando ya se encontraban en el funeral, la llamaron para avisarle que el medicamento que tanto esperaban “ya está”. “Me derrumbé, dije cómo es posible, estoy velando a mi mamá, mi mamá está en la funeraria, ella murió y ustedes me dicen que me entregan el medicamento”, recordó entre lágrimas.Los casos de Maritza Martínez y Dora Cecilia Piratova son solo dos ejemplos en lo que algunos han llamado un "mar de lágrimas" debido a la falta de suministro de medicamentos, que para el sistema de salud parece ser un síntoma de una crisis financiera y administrativa de "grandes proporciones".
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol obtuvo el video de la confesión que en febrero pasado le dio a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el excongresista Álvaro Ashton sobre la infiltración del paramilitarismo en la costa Atlántica. Ashton aceptó haber beneficiado a las autodefensas y salpicó a varios políticos, entre ellos un ministro en ejercicio y a un candidato presidencial.En una diligencia de más de 10 horas, el excongresista liberal le confesó a la JEP que fue un articulador político de las autodefensas y que colaboró con ellas para aprobar en el Congreso de la República los proyectos para favorecerlas. Además, detalló cómo esa organización criminal se adueñó de millonarios recursos de la salud y la educación en la costa Atlántica.En su testimonio destapo nombres de caciques políticos tradicionales y empresarios que apoyaron al bloque norte de las autodefensas en cabeza de su comandante Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Los encargados de hacer ese relacionamiento eran Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y Carlos Mario García, alias Gonzalo o el médico.Lea: Versión del exsenador Álvaro Ashton sobre cartel de la toga estuvo llena de increíbles perlas¿Qué dijo Álvaro Ashton ante la JEP?"Lo primero que hacen es relacionarse con las autoridades civiles, militares y con la clase dirigente. Comienza el proceso de penetración de ellos y cómo penetran, con la cercanía que van haciendo con la clase política y ahí nos metemos todos", dijo el excongresista en la diligencia.De acuerdo con Ashton, los aliados políticos del paramilitarismo, que según Salvatore Mancuso llegaron a representar el 35% del Congreso, ayudaron en dos frentes. El primero, en el trámite de la controvertida Ley de justicia y paz que buscaba desmovilizar a ese grupo concediéndole un carácter político bajo la figura de la sedición para evadir la cárcel. El Congreso lo aprobó, pero la Corte Constitucional lo tumbó.Ashton se refirió en particular a un joven parlamentario que en esa época defendió con uñas y dientes esa ley y que hoy es uno de los políticos más poderosos del Gobierno Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti. "Nosotros observábamos como en en desarrollo de de ese debate de la Ley 975, Armando Benedetti era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de la apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC, como el artículo que hablaba de la sedición", aseguró Ashton.El segundo frente en el que el poder legislativo se puso al servicio de las autodefensas se dio en la aprobación de partidas en el presupuesto nacional para financiar proyectos específicos en Barranquilla, a través de los cuales se desviaban recursos para financiar a las autodefensas. El testigo habló con nombres propios de congresistas que habrían apoyado esta estrategia. Fue ahí donde mencionó, entre otros, al senador conservador Efraín Cepeda."Canalizando recursos desde la Comisión Cuarta de Presupuesto, en donde yo era miembro con el senador Efraín Cepeda, el senador Mario Barón, el representante David Char, el representante Jorge Gerlein. Todos ellos, incluyendo a mí, apoyábamos y ayudábamos a quienes del presupuesto nacional sacaran las partidas para financiar los proyectos específicos que regresaba el frente José Pablo con la alcaldía de Barranquilla".La influencia de la masonería en la parapolíticaÁlvaro Ashton, protagonista de los escándalos de la parapolítica y el Cartel de la Toga, relató que a través de una logia masónica en el Atlántico el paramilitarismo tocó la cúpula del poder político en esa región. Dicha logia era liderada por el junto empresario David Name Terán, el patriarca de la poderosa familia Name. "¿Cómo entran a la logia? A través de David Name Terán, gran maestro de la Gran Logia Nacional de Colombia con sede en Barranquilla".De acuerdo con el excongresista, en la masonería un tema que se llama de entre escuadra y compás, para uno no contar nada. "Pero esta es mi obligación yo tengo más obligación con la institución Jurisdicción Especial para la Paz que con la institución masónica. Dentro de la fraternidad había que apoyar a los hermanos Edgar Ignacio Flores, al médico García Ávila, quienes eran los ejecutores de toda esta de este diseño. El uno en el frente militar y el otro en el frente político".Según Ashton, David Name Terán fue clave para articular los dineros que canalizaba realizaba el congreso para beneficiar al paramilitarismo en Barranquilla. "A través de consultores del desarrollo, diseñó todos los proyectos en coordinación con la alcaldía de Barranquilla. Siendo esto unos procesos de licitación públicas, pero con unos pliegos casi que organizados se readjudicaban a las mismas empresas que en este momento tenía la bendición del alcalde y de las AUC".José David Name Cardoso, sobrino de David Name Terán, también fue mencionado por Ashton como parte de los políticos que aún no han sido tocados por la justicia a pesar de sus presuntos nexos con las AUC. En esa estrategia de cooptación de las autodefensas, efectuadas hace dos décadas, se tomaron la alcaldía de Barranquilla de Guillermo Hoenigsberg, condenado años después por corrupción. Asimismo, se tomaron distintas empresas a través de las cuales financiaban al grupo ilegal entre las que se contaba la triple A de Barranquilla."Habían dos dos formas de asignar contratos a los contratistas que apoyaron a Hoenigsberg y que de alguna manera, de esos contratos asignados, una parte de los de las participaciones o coimas o comisiones iban dirigidas a la financiación de las AUC", aseguró Ashton. Noticias Caracol buscó a varios de los mencionados por el excongresista. Jaime Lombana, abogado del senador Efraín Cepeda, señaló que Ashton "fue acusado de manipular e ingresar niñas menores de edad al hotel del Prado de Barranquilla de manera descarada además de relaciones con el paramilitarismo. A una persona así ni la justicia, ni la opinión pública le pueden creer absolutamente nada".A su turno David Benavides, abogado del ministro Armando Benedetti, resaltó que su cliente ya fue investigado por parapolítica y que su caso fue archivado. También dijo que pedirá la exclusión de Ashton de la JEP "por mentiroso". En igual sentido se pronunció el senador José David Name Cardoso, quien insistió que la corte también cerró su expediente por parapolítica y que con su equipo jurídico denunciará el caso ante instancias judiciales. Asimismo, en diciembre de 2022, poco antes de morir, la Fiscalía archivó el proceso en favor de David Name Terán por parapolítica.UNIDAD INVESTIGATIVANOTICIAS CARACOL
Casi un año después de que empezara el juicio por el delito de acto sexual violento contra el representante a la Cámara Modesto Aguilera, uno de los más influyentes congresistas de Cambio Radical y muy cercano a la casa Char de Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación conceptuó esta semana que había pruebas suficientes para su condena. Su expediente fue revelado hace un año por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.Guisella del Carmen Mejía Viana, quien acusó al parlamentario de abusarla sexualmente a finales de 2020 en un hotel de Barranquilla, le contó a este noticiero que su primo Jonatan Torregrosa, muy amigo de Modesto Aguilera, la recogió en su casa para llevarla a una supuesta reunión política de jóvenes organizada por el congresista que se realizaría en el Hotel Vallclaire. De acuerdo con ella, subieron a una de las suites, pero una vez allí, su familiar la dejó sola con el dirigente político con la excusa de buscar al resto de jóvenes. Fue ahí cuando, afirma, el congresista se le tiró encima, la sujetó de los hombros, le besó el cuello y le tocó los senos.“Al momento de cerrar la puerta lo primero que hace es abalanzarse sobre mí y todo después, cuando yo le digo que me respetara, todo, no sé qué pasaba por su mente y lo que hizo fue sacar su miembro y masturbarse delante mío (...) Por mi mente pasaron muchas cosas, yo decía ‘Dios mío, si yo bajo, grito, si yo me voy, un hombre con tanto poder a la vuelta me manda matar, me manda hacer algo’”, relató.Durante la entrevista que le concedió a Noticias Caracol, la mujer dijo estar convencida de que su primo y el parlamentario se pusieron de acuerdo para tenderle una celada y abusarla sexualmente porque lo que buscaba su familiar era congraciarse con su jefe político, señaló.Para la Procuraduría, el relato de la víctima es veraz y existen elementos que lo corroboran:El procurador Henry Bustos agregó: “Existen razones que nos llevan a creer, señora magistrada, de que eso que dice Guisella no solamente fue sincero, es decir, no solamente está transmitiendo su creencia, su conocimiento, lo que ella percibió, sino que también resulta fiable”.Frederickt Barros, abogado de la víctima, pidió durante la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia la condena contra el parlamentario, señalando que su cliente “no tiene móvil alguno diferente a que se aplique justicia, diferente a que las niñas y mujeres jóvenes de escasos recursos, inclusive de estratos 5 y 6, se atrevan a denunciar cuando sean agredidas por parte de gente poderosa”.Además, dijo que se logró demostrar que el primo de la denunciante contrató a un investigador privado para tratar de acceder ilegalmente a las conversaciones privadas de la víctima, ya que “estaban desesperados por alterar el discurrir del proceso”. añadió: “Jonatan Torregrosa le pagó para para que instalaran un software malicioso en el teléfono de la víctima”.La versión de Modesto AguileraEl congresista afirmó categórico “soy inocente del delito que se me imputa y por el cual hoy estoy en juicio público”.Además, sostuvo que este caso fue construido por sus adversarios políticos que pretendían quedarse con su curul y, sin evidencia alguna, acusó a los medios de comunicación que han investigado su caso de estar fletados por esos supuestos conspiradores que no nombra.“Se hizo una mala propaganda en los medios de comunicación, donde se le pagaron a los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, para que sacaran las noticias y que pudiera yo renunciar a la curul, porque ese es el objetivo de ellos”, aseveró.El abogado de la parte civil le preguntó con insistencia al parlamentario los nombres de los periodistas a los que supuestamente sus conspiradores les pagaron dinero, pero sus respuestas fueron todavía más evasivas: “Le digo los medios, pero no, no retengo los periodistas, Caracol, Revista Cambio, La W, El Tiempo”.Su abogado José Luis Herrera insistió en que el proceso está repleto de inconsistencias, que los hechos denunciados son una vil patraña y que no se tuvieron en cuenta pruebas técnicas como la certificación del Hotel Vallclaire, de que no existen registros de que el congresista, Torregrosa o la víctima hubieran ingresado una noche de finales de 2020 allí.Además, para desacreditar el relato de la víctima, criticó que en sus denuncias no hubiera entregado detalles corporales del agresor, lo que para la familia de Guisella constituye una clara revictimización.“¿Cómo se explica que la supuesta víctima no pudiera dar detalles tan esperables como el que se le investiga al doctor Aguilera Vides, de que en apariencia se desnudaba, asaltaba sexualmente, se masturbaba y frente a tal hecho, la víctima no refiere ni un solo detalle corporal del supuesto agresor? No da descripciones de cicatrices, lunares, tipos de prenda, olores”, argumentó.La sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia hoy estudia el expediente y decidirá si condena o no al parlamentario Modesto Aguilera Vides, de 66 años.INFORME DE JUAN DAVID LAVERDE, NOTICIAS CARACOL
Esta semana en una audiencia judicial contra varios implicados por corrupción, la Fiscalía sacó a relucir el nombre de Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín y hoy precandidato presidencial Daniel Quintero. ¿La razón? Miguel Quintero aparece como presunto articulador de contratos irregulares de 2020 a 2022, entre los Bomberos de Itagüí y el área metropolitana del Valle de Aburrá, asociación de nueve municipios presidida por el acalde de Medellín. Los hechos habrían ocurrido durante la alcaldía de su hermano, Daniel Quintero, la denuncia que originó la investigación fue leída por el fiscal durante la audiencia judicial:"La información que le puede proporcionar se encuentra: los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada, este ultimo era el encargado de negociar con Cadavid las coimas, las cuales equivaldrían a 3.200 millones de pesos".Esta mención del ente investigador es apenas la punta del iceberg en una investigación penal que avanza en la Fiscalía Anticorrupción y que involucra a los mismos protagonistas, entre ellos Miguel Quintero. Noticias Caracol tuvo acceso a detalles claves de esta indagación que tiene entre otras piezas a un testigo que está negociando con la justicia y un chat grupal llamado "Amigos". Desde el 31 de enero de 2020 hasta marzo de 2021, los integrantes de este chat compartieron videos, audios, conversaciones y fotografías que dejan en evidencia la estrecha relación de Miguel Quintero con dos polémicos personajes: Álvaro Villada, un exdirectivo de la Gobernación de Luis Pérez que pasó a ocupar el cargo de subdirector financiero del área metropolitana del Valle de Aburrá en el 2020, y Sebastián Ortega, hijo del cuestionado cacique político del municipio de Bello William Ortega.El asunto no tendría nada de inusual de no ser porque este grupo de amigos, encabezado por Miguel Quintero, hablaba abiertamente de la injerencia que tenían en la contratación, las finanzas y los asuntos administrativos del área metropolitana del Valle de Aburrá, según lo afirmó el testigo ante la Fiscalía al explicar el contexto de este chat del 13 de febrero de 2020.Los chats del grupoÁlvaro Villada: "Buenos días mi amigos y Drs. Hoy nos reunimos todos 6pm donde peter. Confirmar".Sebastián Ortega: "Apareció Álvaro. Buenos días".Álvaro Villada: "Dr. Un abrazo inmenso, sabes que te amo. Tareas, tareas Que debemos hacer y debemos reunirnos por lo menos una vez a la semana, con informes".Sebastián Ortega: "Temas a tratar???".Álvaro Villada: "Todos los administrativos, jurídicos y financieros".Miguel Quintero: "Me parece".Álvaro Villada ejercía para este momento como el encargado de la subdirección de finanzas del área metropolitana del Valle de Aburrá, una entidad que manejaba más de medio billón de pesos de presupuesto. En los chats se evidencia cómo servía de enlace para tramitar lo que pedían Miguel Quintero y Sebastián Ortega, particulares externos a la entidad. De hecho, ese mismo día, el 13 de febrero le enviaron las siguientes hojas de vida:Miguel Quintero: (HOJA DE VIDA JENNIFER QUICENO)Álvaro Villada: "Okk.D1".Miguel Quintero: "Para planeación".Álvaro Villada: "Si, tiene estudios y experiencia".Sebastián Ortega: (HOJA DE VIDA CÉSAR AUGUSTO CHAVARRÍA) "Este también puede servir, Miguel, es de confianza".César Augusto Chavarría, cuya hoja de vida fue promovida por Sebastián Ortega en este chat, fue nombrado en Metroparques como jefe de la unidad logística. El nombre de Chavarría apareció junto al de Álvaro Villada entre los imputados por la Fiscalía por las irregularidades en los contratos que se firmaron entre Metroparques y el área administrativa del Valle de Aburrá. Ahora Chavarría trabaja en la Dian.La influencia de Miguel Quintero en la contratación era tan evidente, que en el siguiente chat reclamó por la demora en la contratación de una recomendada suya. Lo más grave es la respuesta que recibió de uno de sus amigos, quien le sugirió crear un comité de contratación paralelo con abogados contratistas.Miguel Quintero (7 p.m.): "Jaja Pregunta. Esta niña Elizabeth Quintero por qué no entró al Área. Pensé que ya estaba allá"Álvaro Villada: "Jaaasa. Eso aquí es muy demorado con la Jurica, hemos sacados unos procesos porque nos hemos parado al lado del abogado, pero aún así se lo demoran todo. Mire el tema de Andrea, apenas se firmó y eso que nosotros nos pusimos al pie".Miguel Quintero: "Por ejemplo con esta niña Elizabeth me di cuenta que no aprobaron el ingreso por otra persona".Álvaro Villada: "Hablale a JD. Que le de línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratista como lo habíamos propuesto" (Responde a un mensaje de Miguel Quintero que dice "Tienen parado todo").Miguel Quintero: "Uffffffff"Álvaro Villada: "Quién la paró, para tenerlo en el radar y mañana mismo yo me encargo".En este chat Villada le sugirió a Miguel Quintero hablar con "JD", quien según la investigación de la Fiscalía sería Juan David Palacio, entonces director del área metropolitana y jefe de Villada. Al día siguiente, Villada le confirmó a Miguel Quintero que ya destrabó el trámite de la hoja de vida de su recomendada.Álvaro Villada (7 a.m., 21 de febrero de 2020): (HOJA DE VIDA ELIZABETH QUINTERO SALAZAR)Audio: "Saludos, aquí está el tema de la doctora. Eso sale para hoy. Me lo tenían muy embolatado, me lo tenían engavetado por allá por la parte de jurídica".Miguel Quintero: "Esa es, porfa".Álvaro Villada: "Ya, listos".Miguel Quintero: "Llamenla".En esta otra conversación del 20 de febrero del 2020, Miguel Quintero incluso habló de tomar decisiones frente a la falta de celeridad en las contrataciones. Su llamado de atención se debió a las demoras en la contratación de una sobrina del exgobernador Luis Pérez. Ella terminó trabajando como contratista del área metropolitana.Álvaro Villada: "Ese el la sobrina, lo paro la secretaria general, allá lo tiene por el tema de asignación salarial".Miguel Quintero: "Sí, eso lo sé".Miguel Quintero: "Negro que costalado de anzuelos eso allá jajajjajaja Marica se me va a caer el pelo. Deberíamos reunirnos a tomar decisiones".Sebastián Ortega: "Ok".Álvaro Villada: "R".Las otras revelaciones del chat: el lujoso penthousePero estas no son las únicas revelaciones que contiene el chat en poder de la Fiscalía. En el grupo de chat de amigos de Miguel Quintero también quedó registrado un llamativo episodio en el que hacen referencia a un lujoso penthouse en El Poblado que sería utilizado para sus reuniones. Esta propiedad perteneció a la mafia y está en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El apartamento se puede observar en detalle en un video que el mismo Miguel Quintero graba y envía al chat grupal el 16 de mayo de 2020: "Hay que organizar esto. Hay como una gotera, guevón. Este es el último piso, ¿cierto? Entonces es por eso. Y administración tiene que encargarse de eso que es lo más hp. Se paga como 800 o 900".Según el testigo, en el recorrido que hizo Miguel Quintero por el apartamento estuvo acompañado de otra persona que sería Sebastián Ortega. Aunque no se les ve la cara se escuchan sus voces haciendo comentarios sobre el lugar. En uno de los apartes del video, Miguel Quintero grabó la terraza del segundo piso del apartamento, la cual está conectada con un amplio jacuzzi: "Esto es una casa. Increíble que llegue la maleza hasta acá guevón. Esto con un jardín bien chimba y alumbrado guevón", se le escucha decir.Segundos después, Miguel Quintero envió una nota de audio en la que asegura que el apartamento podría ser el reemplazo de otro al que se refieren como "el inmueble": "Ese apartamento me lo entregaron. Lo único que hay que hacer es pegarle una organizadita y pagar la administración mensualmente y los servicios. No sé si es posible que pueda ser el reemplazo del "Inmueble", queda en El Poblado, tiene 500 metros cuadrados".El primero en reaccionar en el chat fue Sebastián Ortega, que escribió: "Muy muy bacano. Que sea.el.nuevo inmueble. O ya no queremos inmueble?".Así continuó la conversación: Miguel Quintero (audio): "Cuando vamos a ir a verlo, ya tengo las llaves, ya me lo entregaron, mejor dicho, ese apartamento ya es mío, pongamolo así de esa manera".Sebastián Ortega: "Que HP apto".Miguel Quintero (audio): "Tiene como 500 metros cuadrados más o menos".Sebastián Ortega: "Una nota. Cuando mandamos los trabajadores. Muy bacano".Frente a la propuesta de Ortega, Miguel Quintero describió los arreglos que necesitaba el apartamento: "Hay que bregarle a pegarle una organizadita a una goterita que tiene de... ese apartamento tiene dos pisos, uno de los baños como que tiene una fuguita y está cayendo en la cocina entonces hay que mandar a organizar el dry wall de la cocina y creo que el dry wall de uno de los balcones, el balcón del segundo piso. Ese apartamento queda en el último piso, tiene puertas blindadas, es muy bonito guevón. Hay que meterle una platica, una organizadita para ponerlo decente", dice en un audio.Dos días después en el chat de amigos, Miguel Quintero envió esta fotografía en la que él aparecía en la zona del jacuzzi con Jorge Liévano, exgerente de Metroparques hoy imputado por la Fiscalía y sancionado en primera instancia a 9 años de inhabilidad por la Procuraduría. La foto iba acompañada del siguiente audio: "Esperando las amiguitas en el jacuzzi".Noticias Caracol logró localizar el apartamento del video de Miguel Quintero. Está ubicado en los últimos dos pisos de un edificio en el exclusivo sector de El Poblado. El inmueble fue incautado hace 25 años en el marco de la operación Nueva Generación en la que las autoridades capturaron a medio centenar de capos para su extradición. En el año 2012 se declaró la extinción de dominio del apartamento. El penthouse fue puesto en venta por la Central de Inversiones S.A., entidad a cargo de comercializar los bienes extintos a la mafia pero no ha sido vendido. Según el certificado de tradición, a finales del 2019 el predio fue entregado por la SAE a Uver Gildardo Muñoz como depositario. Este fue removido dos años después en noviembre del 2021.No hay claridad frente a qué hacía Miguel Quintero a mediados de 2020 con acceso a un apartamento de la SAE el cual afirmaba que se lo habían entregado. Algo que no aparece en ningún trámite formal. Noticias Caracol buscó a Miguel Quintero para preguntarle sobre los interrogantes que se desprenden de este chat con sus amigos y del apartamento, pero no obtuvimos respuesta. También buscamos al exalcalde y hoy precandidato presidencial Daniel Quintero pero tampoco contestó.¿Qué dijo Daniel Quintero?Según el exalcalde de Medellín, “a mi hermano lo han perseguido de todas las maneras por el solo hecho de ser mi hermano y para atacarme”.Asimismo, aseguró que “los chats ya fueron analizados, se demostró que están manipulados y que no muestran ninguna irregularidad. Por eso ni mi hermano ni yo hemos sido involucrados en ninguno de estos procesos. Lo único que hay acá es una guerra jurídica, mediática, de montajes, de refritos, porque estamos a 10 días de elecciones y saben que somos los únicos que podemos ganar estas elecciones y resetear la política corrupta”.Por otro lado, preguntó “cuándo van a empezar a investigar a Federico Gutiérrez por su alianza con la oficina de Envigado, demostrada ya; pero además, ¿cuándo lo van a empezar a investigar por el cartel de los lotes?”.Sin embargo, la veracidad de los chats ha sido corroborada por la Fiscalía y la extracción de los mismos hacen parte del expediente judicial que está en investigación. El precandidato omite pronunciarse sobre la injerencia que Miguel Quintero dice tener en la contratación pública cuando él ejercía como alcalde de Medellín. Tampoco menciona qué hacía su hermano en un apartamento de la SAE, como lo dio a conocer la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.UNIDAD INVESTIGATIVA NOTICIAS CARACOL
Noticias Caracol conoció los detalles del expediente que la justicia adelanta contra el congresista Néstor Leonardo Rico por presunta corrupción. Aunque Rico asegura ser inocente, existen testimonios que lo involucran con una organización dedicada a manipular fallos judiciales.Este medio conoció que se indaga un desayuno donde, presuntamente, se pactó alterar un expediente en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a cambio de una comisión cercana a los 13.000 millones de pesos. Este caso tiene al representante a la Cámara de Cambio Radical, Néstor Leonardo Rico Rico, próximo a un juicio ante la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia.La principal acusadora de Rico es la abogada Kelly Andrea Eslava, quien ya fue condenada por estos hechos y es la testigo estelar del proceso. Eslava declaró que asumió las consecuencias de sus decisiones, señalando que "cuando uno se mete con el toro lo mínimo es que le toquen los cachos".Según el testimonio de Eslava, el parlamentario Néstor Leonardo Rico gestionó ante el entonces magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista la manipulación de un expediente. Este documento buscaba una millonaria indemnización para un particular que afirmaba ser dueño de un predio en el humedal Jaboque. La génesis del caso se remonta a 2001, cuando el Consejo de Estado ordenó al distrito de Bogotá adquirir los terrenos necesarios para proteger dicho cuerpo de agua. Eslava afirmó que, si se busca modificar esta situación que "da náuseas", lo primero es asumir, y ella asume sus responsabilidades.Eslava indicó que, en 2012, Néstor Leonardo Rico, quien se desempeñaba como contralor de Cundinamarca, fue quien le propuso el negocio al magistrado Vargas Bautista. Dos años más tarde, en abril de 2014, el Tribunal de Cundinamarca, con ponencia de Vargas Bautista, condenó al Acueducto de Bogotá a pagar 64.215 millones de pesos a ese particular. Posteriormente, se supo que el particular jamás fue poseedor real del predio en disputa.El mismo fallo judicial ordenó que el 20 por ciento de ese dinero, es decir, 12.843 millones de pesos, fuera entregado a la abogada Eslava, quien representaba al particular. Este monto constituía la supuesta coima pactada, la cual sería repartida entre Eslava, el magistrado Vargas (con quien ella mantenía una relación amorosa) y el congresista Néstor Leonardo Rico.Eslava relató que Vargas le dijo: "Mira aquí va a salir un negocio" y que "en el negocio hay que llevar a Leonardo y vas tú". Ella señaló que Rico y Vargas siempre se llamaban por el nombre e incluso, en las reuniones, Leonardo Rico llamaba a Vargas "jefecito".Kelly Eslava narró a la justicia cómo comenzó su relación ilegal con el entonces magistrado Vargas Bautista. Hacia el 2007 llegó a su despacho para hacer la judicatura y, rápidamente, entablaron una relación sentimental. Tras renunciar en 2010 para litigar, sus procesos coincidencialmente se tramitaban en el despacho de Vargas. Según Eslava, Vargas manipulaba los expedientes e instruía a los demandantes a contratarla a ella para asegurar fallos favorables.El proceso del humedal Jaboque se habría concretado en el apartamento del congresista Rico, ubicado en el edificio Caicú, en Salitre. Para asegurar el soborno, se pactó la cesión del 20 por ciento de los derechos litigiosos a favor de Kelly Eslava. El negocio fue estructurado para que se trabajara una sesión de derechos litigiosos en favor de Rico, Vargas y Eslava, con Eslava como la cabeza visible, ya que Rico y Vargas no podían aparecer. Eslava justificaría su participación señalando que "le toca trabajar".Al ser consultada por la Corte, la testigo indicó que el interés de Néstor Leonardo Rico Rico se basaba en que él estaba "montado en un bus con una expectativa de participar del 20 por ciento" que quedaría en cabeza de Eslava. El negocio, en resumen, fue de Néstor Leonardo Rico Rico, quien se lo planteó a Vargas, conectándolo con el caso. Sin embargo, para obtener resultados, necesitaban una abogada de confianza, que era Eslava.A pesar de la manipulación del expediente, la coima de 12.843 millones de pesos jamás se desembolsó, pues el Consejo de Estado tumbó el fallo del magistrado Vargas Bautista. La Sala Civil de la Corte Suprema confirmó que el particular reclamante nunca fue el poseedor real del predio en el humedal Jaboque.La justicia concluyó que el objetivo del esquema era defraudar al Estado. La Fiscalía documentó este intento de desfalco a las finanzas públicas y en 2019 solicitó la detención de Kelly Eslava y otros particulares, incluyendo al exmagistrado Carlos Vargas. Como Rico ya era congresista en ese momento, su caso fue enviado por competencia a la Corte Suprema de Justicia.David Benavides, abogado del Acueducto de Bogotá, lamentó que se trate de un caso de corrupción que afecte la administración de justicia, aunque reconoció que la confesión de Kelly Eslava fue crucial para "armar el rompecabezas de esta red de corrupción".En junio pasado, la Fiscalía pidió la condena del exmagistrado Vargas Bautista ante la Corte Suprema. Las víctimas, la Fiscalía y la Procuraduría concluyeron que existía un entramado criminal dedicado a la venta de fallos judiciales. El fiscal Néstor Orlando Millán afirmó que se demostró que Vargas Bautista organizó una red delictiva con la abogada Kelly Andrea Eslava Montes, que operó entre 2012 y 2019, soportado por prueba documental y testimonial.¿Qué ha respondido en congresista Néstor Leonardo Rico?Mientras la sala de primera instancia de la Corte se prepara para fallar sobre Vargas, también ajusta los tiempos para iniciar el juicio contra el congresista Néstor Leonardo Rico por los mismos hechos. Rico, en julio pasado, postuló su nombre para presidir la Cámara de Representantes, pero fue derrotado.Durante su indagatoria en noviembre de 2023, Rico se declaró inocente y calificó a Kelly Eslava de mentirosa. Aseguró que Eslava, al entrar en desgracia, busca a quién "en cochinar" y "ensuciar". Sobre el supuesto desayuno en su apartamento, Rico manifestó que Eslava tiene "bastante imaginación" porque la reunión "nunca existió". También afirmó no conocer a ninguno de los actores del caso. Rico señaló que el beneficio en el principio de oportunidad de Eslava la lleva a "pescar en río revuelto" y por eso su nombre aparece.El hoy parlamentario también aseguró que conoce al exmagistrado Vargas, pero negó ser su amigo o haber ido a su apartamento. No obstante, el magistrado de la Corte, César Reyes, le señaló que un informe de policía judicial en el expediente documentaba varias visitas de Vargas al domicilio del congresista registradas en el edificio. El parlamentario respondió lacónicamente: "No conozco ese informe, señor magistrado".A pesar de las explicaciones de Rico, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo acusó el 24 de octubre de 2024 por los delitos de cohecho y prevaricato. La Corte se refirió al desayuno reseñado en el expediente, indicando que tuvo lugar en el apartamento de Rico y su propósito era definir la vía legal para exigir al Distrito la adquisición del predio en el humedal Jaboque. Adicionalmente, el encuentro fue para acordar cómo se pagaría la coima por el resultado de la decisión amañada.El alto tribunal considera que las manifestaciones de Kelly Andrea Eslava son "veraces y creíbles" respecto a la materialidad de la conducta ilícita y la responsabilidad de Rico en el cohecho. Noticias Caracol intentó contactar a Rico para obtener su versión, pero no obtuvo respuesta.El exmagistrado Carlos Vargas Bautista también se declaró inocente ante la Corte. Él insistió en que nunca tuvo amistad con Rico y que solo lo conoció cuando este hacía campaña para ser ternado a la Contraloría de Cundinamarca. Vargas se quejó de los políticos, diciendo que una vez se van, uno queda como desconocido, y que el problema de ellos es el desagradecimiento.Hace 3 años, Kelly Andrea Eslava lamentó en una entrevista haberse dejado corromper. Expresó dolor por el "fraude tan berraco" en el que participó, el cual ha puesto en tela de juicio a la administración de justicia. Eslava reconoció que participó "del lado de los villanos".Más allá de la culpa de Eslava, por la que ya fue condenada, la justicia aún debe determinar si los señalados como sus cómplices—el exmagistrado Carlos Vargas y el congresista Néstor Leonardo Rico—son culpables o no. La Corte Suprema tiene la palabra.UNIDAD INVESTIGATIVANOTICIAS CARACOL
Noticias Caracol habló con el precandidato presidencial Camilo Romero, luego de que Pedro Rodríguez, ficha clave en el escándalo de corrupción de la UNGRD, hiciera acusaciones sobre presuntas irregularidades durante el tiempo en que fue gobernador de Nariño. (Vea aquí el informe de la Unidad Investigativa: Pedro Rodríguez, el ‘eslabón perdido’ en el caso de la UNGRD que prendió el ventilador sobre Mocoa)Se defendió de los cuestionamientos y señaló que dichas acusaciones, que lo tienen respondiendo en la Corte Suprema de Justicia en un juicio penal por un contrato de compra y venta de licores en Nariño que habría sido adjudicado de manera irregular durante su gobernación, son una retaliación política en su contra.Romero recalca que “el señor Pedro Rodríguez ya ha presentado una matriz de colaboración; queda absolutamente claro que no me mete en nada de la unidad, no tiene cómo. Tampoco lo ha hecho Olmedo, Sneyder, el propio pastuso, enemigo público mío”.De acuerdo con Camilo romero, el caso por el que hoy responde lleva varios años y es producto, según él, de una persecución política en su contra.“Llevan ocho años de un nefasto proceso inventado desde la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que se tomó la Fiscalía como un aparato criminal para perseguir opositores políticos. Desde esa época no han encontrado una sola prueba, en ocho años, el país no conoce una prueba en contra de Camilo Romero. Y ahora pretenden utilizar al señor Pedro Rodríguez, como un supuesto testigo mío, oído, sin una sola prueba, un testigo de oídas. Y lo más grave de todo es que ya revelamos con mi defensa un audio donde el señor dice que Camilo Romero, como es obvio, no tiene nada qué ver ni en la Unidad de Gestión de Riesgo ni en el caso de licores”, sostuvo.El audio al que se refiere el precandidato será presentado por su defensa en el juicio que adelanta la Corte Suprema. En este se escucha a Pedro Rodríguez afirmar que no ha recibido instrucciones de cometer acciones ilegales de parte de Camilo Romero: “Y eso nos podrán meter los procesos y yo estoy tranquilo tal cual como empezó el aguardiente, siempre estuve tranquilo, que a mí este me decía, tú me decías, ¿te acuerdas? Me decías: 'Pedro, te veo tranquilo'. ¿Le digo por qué? Porque es que podrá ser, podrá pararse en la cabeza Felipe, pero cuándo Pedro, cuándo Pedro incidió en algo. Tú no me has dado ninguna instrucción, puedes estar tranquilo, lo podré decir en cualquier parte. Yo te dije: 'Llámame como testigo' (...). Yo sí creo que es un tema político, que es una retaliación, yo estoy completamente seguro”.Romero dijo que “el país va a empezar a conocer lo que ha sido este proceso en mi contra. Un lawfare se conoce a nivel global, este tipo de actuaciones desde la justicia, y en algunas ocasiones con ayuda de los medios de comunicación para acabar liderazgos distintos”.“Es posible que intenten meter al señor Pedro Rodríguez como un testimonio en mi contra con dos cosas: la primera, no tiene una sola prueba; la segunda, el propio señor ya dio unas declaraciones diciendo que no tengo nada que ver, es decir, cambió de opinión. El fondo de todo es por qué, y lo otro: ¿la justicia se va a prestar para eso?”, añadió.¿Qué dijo Camilo Romero sobre hojas de vida enviadas a la UNGRD?En chats en poder de la Fiscalía quedó documentado también que la hoja de vida de Pedro Rodríguez llegó al entonces director de UNGRD, Olmedo López, gracias al precandidato presidencial. Sin embargo, a raíz del escándalo de corrupción, Rodríguez dejó de ser aliado de Romero para convertirse en el principal testigo en su contra.Sobre esta supuesta recomendación, el precandidato presidencial manifestó que “claro que está el chat en donde se omite la primera parte, que es el señor Olmedo pidiéndome a mí esas hojas de vida, y entonces yo le envío esas hojas de vida. La Fiscalía ha sido contundente, entregar una hoja de vida no es delito. Ni siquiera yo fui a buscarlo para pedirle, como cualquier ministro puede dar fe que no los he buscado para pedirles una hoja de vida. Es a mí a quien me las piden”.NOTICIAS CARACOL
El nombre de Pedro Rodríguez es desconocido para el país, pero desde la sombra tuvo un papel protagónico en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Fue asesor jurídico de esa entidad y mano derecha de Olmedo López en el supuesto pago de coimas con dineros que debían estar destinados a la atención de las poblaciones más vulnerables del país.En su negociación con la Fiscalía, este hombre destapa el supuesto direccionamiento de un contrato para la reconstrucción de Mocoa en el que habrían participado su exjefe y Alethia Arango, una exfuncionaria de la alcaldía de Medellín que después ocupó el cargo de subdirectora de Reducción de Riesgo en la UNGRD.Así de contundente lo explicó Sneyder Pinilla, uno de los testigos claves de este entramado de corrupción: "El doctor Pedro Rodríguez se convierte en el asesor top. Les cuento una anécdota: no pasaba nada para la firma del director, el doctor Olmedo, sin la revisión del doctor Pedro Rodríguez. Nada, absolutamente nada se movía en esa dirección sino era por él. Lo que sí sé es que todo el mundo le tenía pues miedo a Pedro porque Pedro no dejaba que nadie se acercara al director”.Desde la cárcel, Pedro Rodríguez inició una colaboración con la justicia y se comprometió a entregar información relevante en contra de 13 exfuncionarios y contratistas de la entidad. Noticias Caracol revela la matriz de colaboración de este exfuncionario.Irregularidades en la reconstrucción de viviendas en MocoaEn la matriz de colaboración conocida por Noticias Caracol, Pedro Rodríguez destapó un nuevo capítulo en el entramado de corrupción; esta vez, por la contratación para la reconstrucción de viviendas e infraestructura en Mocoa, una deuda con los damnificados que ningún gobierno ha podido saldar en ocho años y que ha tenido la lupa de todos los entes de control por líos de corrupción.Este gobierno tampoco fue la excepción, según se lee en documento de colaboración de Pedro Rodríguez en poder de la Fiscalía: "El proyecto de reconstrucción de Mocoa, destinado a la recuperación de la infraestructura y construcción de viviendas tras la avalancha de 2017, estuvo marcado por direccionamientos contractuales y sobrecostos".Por este caso, el exfuncionario se comprometió a ser testigo en contra de Olmedo López y de Alethia Arango, a quienes señala de haber allanado el camino para que se pudieran entregar a dedo millonarios contratos para la reconstrucción de la capital de Putumayo."Alethia Arango, en su calidad de responsable de los procesos contractuales en la UNGRD, desempeñó un rol determinante en la planeación, validación y ejecución de los contratos para las obras de mitigación y construcción de viviendas en Mocoa. Tenía la responsabilidad de estructurar los documentos técnicos y jurídicos de estos contratos siguiendo órdenes directas de Olmedo López", señala el documento.Alethia Arango fue nombrada por Olmedo López en la UNGRD tras haber ocupado tres cargos estratégicos en la Alcaldía de Medellín, durante la administración de Daniel Quintero. Una vez en la Unidad de Gestión del Riesgo, alcanzó a firmar contratos por medio billón de pesos que pidieron ser investigados por Carlos Carrillo cuando recién llegó a la dirección de la entidad. De hecho, tras la radicación del escrito de acusación que hizo esta semana la Fiscalía en contra del hoy precandidato presidencial Daniel Quintero y otros exfuncionarios de su administración por un sonado caso de corrupción en Medellín, Carlos Carrillo trinó lo siguiente: "También en ese selecto grupo está Alethia Carolina Arango, nada más y nada menos que la subdirectora de Reducción de Olmedo López, la misma que le dio a dedo 100 mil millones en contratos a consorcios con participación de Kaliza Arquitectos SAS".Según Pedro Rodríguez, tanto ella como Olmedo López modificaron varios convenios interadministrativos que tenían como propósito la ejecución de las obras de Mocoa, de modo que se permitiera la contratación a dedo de empresarios ya acordados. "La financiación provino de convenios interadministrativos que fueron reformulados en la UNGRD con el argumento de agilizar la ejecución del proyecto y permitir contrataciones directas", señaló.Una vez se hizo esta modificación, dice el documento, Olmedo López le habría dado instrucciones a Alethia Arango para direccionar un contrato para la construcción de casi mil viviendas en el predio Sauces 2 al contratista Ramón España Gutiérrez, un desconocido arquitecto costeño con empresas de construcción en Itagüí, Antioquia.La matriz de colaboración dice textualmente que Rodríguez se compromete a ser testigo de:Las declaraciones de la supuesta mano derecha de Olmedo López podrían ser la cuota inicial para destapar la verdadera participación de políticos de Itagüí en el entramado de corrupción de la UNGRD.Noticias Caracol encontró que, entre 2023 y 2024, Ramón España visitó 13 veces la UNGRD para tener reuniones con altos funcionarios, entre ellos, Olmedo López, Sneyder Pinilla y la propia Alethia Arango. En tres de estas visitas estuvo acompañado de Andrés Camilo González Giraldo, hermano de Daniel Esteban González Giraldo, hoy concejal de Itagüí y primo del senador conservador Carlos Andrés Trujillo, uno de los barones electorales de Antioquia.En su colaboración con la justicia, Pedro Rodríguez declarará en contra de este contratista, de quien aseguró que no solo asistió a reuniones en Bogotá, también en Mocoa, en donde se discutieron los detalles del trámite contractual para las obras Sauces 2 y Sauces 5."Ramon España justificó su presencia en Mocoa bajo el argumento de verificar el terreno para la ejecución de las obras. En ese contexto, se organizó una cena con contratistas en la que se discutió su participación en el proyecto y se confirmaron los compromisos asumidos con Olmedo López", indicó el texto.Según Rodríguez, funcionarios de la UNGRD manifestaron sus dudas por la falta de idoneidad del contratista, pero a pesar de las advertencias, le fue designada la obra."La contratación de RAMÓN ESPAÑA seguía un patrón de favorecimiento dentro de la UNGRD, en el que recursos públicos eran canalizados a contratistas previamente definidos por la dirección. La selección de ESPAÑA fue decisión directamente respaldada por OLMEDO DE JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ y su rol en la reconstrucción de Mocoa se alineó con un esquema recurrente de direccionamientos de proyectos de alto valor dentro de la entidad", se lee.Rodríguez le aseguró a la justicia que quien estuvo a cargo de la viabilización jurídica de los negocios, la administración de los convenios y la asignación de los recursos de Mocoa fue el abogado Iván Alfredo Alfaro Gómez, un conocido contratista de la UNGRD que salió de la entidad en medio de cuestionamientos por haber sido abogado de Laura Ojeda, la pareja de Nicolás Petro. Además, se le señaló por buscar un contrato con la unidad por 100 millones de pesos mensuales para una de las firmas con las que estaba relacionado."Su presencia fue clave en la distribución de recursos para la reconstrucción de Mocoa, su rol consistía en coordinar y viabilizar la ejecución de contratos en el esquema que favorecía a contratistas previamente seleccionados. Este direccionamiento seguía un patrón en el cual se buscaba facilitar la contratación de proveedores específicos, asegurando beneficios económicos para la alta dirección de la UNGRD a través de sobrecostos y acuerdos internos", señala la matriz de colaboración.Noticias Caracol buscó a la exfuncionaria Alethia Arango para conocer su versión sobre estas acusaciones, pero no hubo respuesta.¿Por qué Pedro Rodríguez salpica al precandidato Camilo Romero?El exfuncionario incluyó a su antiguo jefe en las supuestas irregularidades de un millonario contrato en la época en que fue gobernador de Nariño. Testigos claves del caso lo señalaron de ser el jefe político de varios funcionarios de la entidad enredados en el esquema de corrupción, pero su cuota más visible fue el exasesor jurídico Pedro Rodríguez, como lo señaló en su momento Sneyder Pinilla: “Yo lo que sé es que Pedro es cuota del embajador de Colombia en Argentina, el doctor Camilo Romero, y yo lo que también sé es que el doctor Olmedo López acompañó en varias campañas al doctor Camilo Romero cuando fue candidato al Senado”.La cercanía entre Romero y Rodríguez no ha sido un secreto, pues este último fue el jefe de la oficina jurídica de la Gobernación de Nariño, entre 2016 y 2019.En chats en poder de la Fiscalía quedó documentado también que la hoja de vida de Rodríguez llegó al entonces director de UNGRD gracias al hoy precandidato presidencial. Sin embargo, a raíz del escándalo de corrupción, Rodríguez dejó de ser aliado de Romero para convertirse en el principal testigo en su contra.El exgobernador hoy hace campaña política, al mismo tiempo que se defiende ante la Corte Suprema de Justicia por un delicado expediente: se trata de un cuestionado contrato de compra y venta de licores en Nariño que habría sido adjudicado de manera irregular durante su gobernación.Pedro Rodríguez dice tener las claves para evidenciar cómo se habría torcido ese contrato para favorecer a unos particulares que hoy también rastrea la justicia. En su matriz de colaboración se comprometió a revelar los entretelones de ese negocio: "Relatará las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que, durante la campaña electoral a la gobernación del 2015, Camilo Romero recibió de Richard Portilla aportes económicos y en especie a cambio de asegurar y garantizar la adjudicación del contrato de compraventa de licores de Nariño".Richard Portilla, a quien se menciona en el documento, es un empresario pastuso que habría aportado a través de terceros a la campaña de Romero para la gobernación de 2015. Según el testigo, también hizo entregas de dinero en efectivo y en especie, tales como poner a disposición vehículos para la campaña y otras contribuciones logísticas.Portilla aparece junto a Pedro Bastidas, otro empresario pastuso, como dueño de la empresa Organización de Licores de Nariño (OLN SAS), constituida el 5 de noviembre de 2015, tan solo unas semanas antes de que le fuera adjudicado el millonario negocio del aguardiente Nariño.Según la investigación de la Fiscalía, que será confirmada por Rodríguez en los estrados de la corte, desde la gobernación de Romero se habría estructurado un esquema corrupto para garantizarle la adjudicación del contrato a la empresa OLN SAS. De hecho, la administración de Romero expidió entonces un decreto que le habría dado ventaja a esa firma.Pedro Rodríguez también acusó al entonces secretario de Hacienda de Nariño, Mario Fernando Benavides, quien presuntamente se prestó para publicar el decreto cuestionado, al parecer, acatando órdenes de Camilo Romero.Rodríguez también confirmó la participación de Andrés Arango Romero, un primo del exgobernador, a quien le habría sido delegada la coordinación de estos pactos ilícitos con los empresarios pastusos. “Actuó como enlace directo del Gobernador con Richard Portilla con el propósito de materializar el acuerdo pactado por estos en la campaña, esto es, la adjudicación del negocio jurídico”, indica la matriz.El exasesor jurídico de la UNGRD pidió “perdón a todos los que se sintieron defraudados. A quienes creyeron en mí y encontraron una decepción”, y firmó un preacuerdo y un principio de oportunidad con la Fiscalía, que hoy evalúa un juez de Bogotá.El pasado 16 de mayo fue condenado por falsedad de documento público por el contrato de los Licores de Nariño y recibió una pena de 4 años y 10 meses por concierto para delinquir y peculado por apropiación dentro del caso de la UNGRD.Camilo Romero se defiendeEl precandidato le dijo a Noticias Caracol que “el señor Pedro Rodríguez ya ha presentado una matriz de colaboración; queda absolutamente claro que no me mete en nada de la unidad, no tiene cómo. Tampoco lo ha hecho Olmedo, Sneyder, el propio pastuso, enemigo público mío”.Añadió que el caso por el que hoy responde en juicio en la Corte Suprema lleva varios años y es producto, según él, de una persecución política en su contra.“Llevan ocho años de un nefasto proceso inventado desde la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que se tomó la Fiscalía como un aparato criminal para perseguir opositores políticos. Desde esa época no han encontrado una sola prueba. En ocho años el país no conoce una prueba en contra de Camilo Romero, y ahora pretenden utilizar al señor Pedro Rodríguez como un supuesto testigo mío, oído, sin una sola prueba, un testigo de oídas. Y lo más grave de todo es que ya revelamos con mi defensa un audio donde el señor dice que Camilo Romero, como es obvio, no tiene nada que ver ni en la Unidad de Gestión de Riesgo ni en el caso de licores”, aseveró.El audio al que se refiere el precandidato será presentado por su defensa en el juicio que adelanta la corte. En este se escucha a Pedro Rodríguez:Según Camilo Romero, “el país va a empezar a conocer lo que ha sido este proceso en mi contra. (...)Es posible que intenten meter al señor Pedro Rodríguez como un testimonio en mi contra con dos cosas: la primera, no tiene una sola prueba; la segunda, el propio señor ya dio unas declaraciones diciendo que no tengo nada que ver, es decir, cambió de opinión. El fondo de todo es por qué, y lo otro: ¿la justicia se va a prestar para eso?”.Sobre la supuesta recomendación de Pedro Rodríguez a Olmedo López, el precandidato afirmó “que está el chat en donde se omite la primera parte, que es el señor Olmedo pidiéndome a mí esas hojas de vida, y entonces yo le envío esas hojas de vida. La Fiscalía ha sido contundente, entregar una hoja de vida no es delito. Ni siquiera yo fui a buscarlo para pedirle, como cualquier ministro puede dar fe, que no los he buscado para pedirles una hoja de vida. Es a mí a quien me las piden”.Este 25 de septiembre se conocerá la decisión de un juez sobre si avala o no el principio de oportunidad a Pedro Rodríguez.NOTICIAS CARACOL
Un reciente fallo por un falso positivo dejó al descubierto que algunos militares llegaron al extremo de agrupar a decenas de víctimas en una finca en donde los llevaban a trabajar durante semanas antes de sacarlos para asesinarlos. El caso se descubrió a comienzos de septiembre de 2025 a raíz de una sentencia del Consejo de Estado que condenó al Ejército Nacional a indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Rangel García, una de las más de 6.400 víctimas de asesinatos por parte de militares en una macabra práctica conocida en el país como falsos positivos."Mi coronel Borja era diferente. Mi coronel Borja desde el momento en que llegó, que yo me reuní con él, dijo: “Toca dar 1 o 2 bajas, toca darlas como sea”. Entonces, yo le dije: “Mi coronel ¿cómo así "como sea”?”. “Sí, mano, si toca conseguir las armas, toca buscar la gente, aquí hay mucha gente necesitada”, afirmó el mayor retirado Orlando Céspedes Escalona, compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).Después de terminar el bachillerato, Rangel trabajó en su natal Cartagena como vendedor de tintos para buscar su sustento y el de su madre. El 13 de septiembre de 2007 viajó a Sucre a laborar en una finca. En enero de 2008 su familia se enteró por las noticias que el joven de 22 años había muerto en un supuesto enfrentamiento con tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, comandada en ese entonces por el coronel Luis Fernando Borja."Antes no nos pedían resultados como muertos pero los hacíamos, no los reportábamos. Por eso yo decía en Tolú, viejo, que 6.042 es un número pequeño", afirmó en algún momento el coronel Luis Fernando Borja.Javier Villegas, el abogado encargado de la representación legal de la familia de Rangel, señala que "hoy la justicia reconoció que Víctor nunca perteneció a un grupo armado y le ordenó al Estado, al Ejército Nacional, indemnizar a la familia de la víctima y pedir disculpas públicas".Justamente en las declaraciones recolectadas durante años en el proceso de la investigación por el caso de Rangel se descubrió esa escabrosa práctica: la existencia de una especie de granja de almacenaje de víctimas para convertirlos en falsos positivos, un hecho hasta ahora desconocido para la opinión pública."Este caso reveló una práctica monstruoso de jóvenes que eran llevados a una finca, explotados en trabajos agrícolas y luego asesinados para ser presentados como resultados operacionales", afirmó el abogado Villegas.En versiones voluntarias ante la JEP, como una que tuvo lugar en julio de 2023, el mayor retirado Orlando Céspedes Escalona, subcomandante de la fuerza de tarea conjunta de Sucre, se refirió a la existencia del lugar y las prácticas que hacía allí su entonces jefe, el coronel Borja."Más adelante mi coronel, con el tiempo, reclutó como 15 personas y las metió en una finca a trabajar; y de esa finca… pues… yo nunca tuve conocimiento, solamente sé que él lo hizo, sacaba uno o de a dos e iba y daba esos resultados, hasta que básicamente llevó más de 57 bajas, creo", afirmó Céspedes. En esa misma versión dijo que la maquiavélica idea de acumular inocentes para ser asesinados surgió porque era muy difícil conseguir víctimas y había que tener una especie de stock para dar resultados constantes."Sí, mi coronel Borja tuvo como 10, de 10 a 15 aproximadamente, en una finca los tenían, a unos muchachos trabajando, yo nunca conocí la finca porque cuando yo dije: “No, yo hasta aquí participo, ya le corresponde a usted", entonces ya él empezó a maquinar porque cada vez era más difícil dar los resultados porque ya iba 20, después 30, después eran 40, después subió a 50, entonces ya no se conseguía gente para eso", relató Céspedes ante la JEP.Y añadió el testigo en relación con los oficiales del Ejército que conocieron de esa finca en la Costa Atlántica: "Yo sé que mi coronel Borja; mi coronel Peña, el comandante de la brigada; mi coronel Narváez, que era el 3, el jefe de operaciones de toda la brigada, pues… sí tenía… de una manera u otra, sí tenían conocimiento".La abogada de víctimas Sandra Villegas le preguntó: "Sí, cuando usted se refiere a que tenían conocimiento de lo que hacían, es a esa práctica de llevar, discúlpeme la palabra, de llevar personas y almacenarlas en una finca, para luego llevárselas y asesinarlas". Céspedes respondió: "Sí, pero eso creo que lo hizo mi coronel Borja".Borja, el oficial al que se refiere, es considerado uno de los mayores perpetradores de ejecuciones extrajudiciales. Ante la JEP reconoció su responsabilidad directa en más de 60 asesinatos de inocentes. Céspedes, quien fue su subalterno, también se acogió a la JEP, que lo investigó por decenas de asesinatos en Córdoba y Sucre. "De todas las operaciones que se realizaron con el coronel Borja fueron falsos positivos", afirmó Céspedes en otra comparecencia.Estos dos oficiales fueron condenados a mas de 40 años de prisión por sus crímenes pero se acogieron a la JEP y actualmente están en libertad.UNIDAD INVESTIGATIVA NOTICIAS CARACOL
La llegada de la poderosa flota de buques militares de Estados Unidos, cerca a aguas de Venezuela, habría obligado a los narcotraficantes colombianos a crear nuevas rutas o fortalecer algunas ya establecidas para sacar la cocaína desde Colombia hacia el país norteamericano, y ahora especialmente hacia Dubái, capital de Emiratos Árabes Unidos. La Dijín y la DEA ya los tienen en la mira. Recientemente, las autoridades de Colombia, en colaboración con la agencia estadounidense FBI, lograron la interceptación de una embarcación en aguas de Puerto Rico que transportaba un cargamento de 6.400 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Según la Policía, la droga pertenecía al Clan del Golfo, con destino a Estados Unidos. La incautación se produjo tras una alerta emitida desde Colombia por la Dijín. La embarcación fue detenida en el mar Caribeño de Puerto Rico. Los traficantes utilizaban la 'Ruta del Caribe', una de las principales vías para sacar la droga desde el norte de Colombia. Dicha ruta, según le dijo un investigador de la Dijín a Noticias Caracol, "consiste en tomar los departamentos costeros en el norte de Colombia (como La Guajira) para poder sacar lanchas rápidas y llegar directamente alguna de las islas que se encuentran en Centroamérica, para tomarlas como punto de centro de acopio y, de ahí, hacer el reenvío hacia los Estados Unidos". Como resultado de las labores investigativas en esta ruta, se ha logrado la incautación de varias toneladas de droga, incluida una reciente de 1.7 toneladas de cocaína que salieron de La Guajira con destino a Puerto Rico.Las nuevas rutas que estarían tomando los narcotraficantesAnte los duros golpes de las autoridades en el mar y la presencia de buques militares de Estados Unidos, los carteles de la droga han empezado a buscar rutas alternas para el tráfico de cocaína. Según el investigador, una de ellas es la 'Ruta del Pacífico', donde las lanchas rápidas salen del sur del país, bajan por aguas internacionales para llegar a México o Centroamérica. "Otro modus operandi es surcando las costas del departamento del Chocó para llegar a Panamá y entregar a integrantes de la estructura con presencia en esos países de Centroamérica, y ahí hacer el surco para llegar a Estados Unidos", añadió el investigador. Se estima que el kilogramo de cocaína, que en Colombia se vende por alrededor de $1.500, puede alcanzar un valor de entre $20.000 y $25.000 en Estados Unidos.Otra ruta emergente es la 'Ruta de la Amazonía'. La droga sale del departamento del Cauca y es transportada por embarcaciones pesqueras a lo largo del río Amazonas hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. Una vez allí, se traslada en embarcaciones más pequeñas con destino a Europa y, en especial, a Dubái. Recientemente, se incautaron casi siete toneladas de cocaína en esta ruta, transportadas en un sumergible con destino a Europa. La Guardia Civil de España interceptó el buque, capturando a dos personas, una de nacionalidad colombiana y otra europea.La ruta de narcotráfico novedosa para las autoridadesEn la mira de las autoridades hay dos rutas más, pero una de ellas es novedosa, y sería la que ahora más estarían utilizando los traficantes para llevar la cocaína hasta Europa. Esa novedosa ruta, aseguran, tendría una trayectoria mucho más larga y con más días navegando. Sin embargo, explica el agente, les genera una enorme ganancia criminal. Según las investigaciones, los narcotraficantes, desde un punto central en el Caribe o Colombia, bajan por Chile y la Patagonia, y rodean el continente hasta un punto en la mitad del Océano Atlántico. Lo hacen en embarcaciones tipo pesquero, simulando una faena de pesca. "Les reciben a las estructuras criminales en la mitad del Atlántico e introducen la droga hacia Europa", añadió el investigador.Finalmente, el investigador explicó que el aumento del consumo de cocaína en Europa y Asia se debe, en parte, a la reducción del consumo en Estados Unidos a causa de la proliferación del fentanilo, el cual se ha convertido en una sustancia que afecta la salud pública en ese país. Esta situación ha llevado a los carteles colombianos a fortalecer y explorar nuevas rutas para llegar a otros mercados. En lo que va del año, las autoridades han incautado cerca de 15 toneladas de cocaína en las tres rutas principales, en su intento por ser transportadas a Estados Unidos y Europa.UNIDAD INVESTIGATIVA NOTICIAS CARACOL
El Proyecto de Regasificación Campo Guajira, considerado uno de los negocios de gas más importantes de Ecopetrol en las últimas décadas y valorado en cerca de 500 millones de dólares, se encuentra bajo la lupa de las autoridades por graves sospechas de un posible favorecimiento a la compañía GAXI. Este megaproyecto es una de las apuestas clave del Gobierno del presidente Gustavo Petro para enfrentar la crisis de desabastecimiento de gas que ha afectado al país durante años. La Fiscalía, a través de su Unidad Anticorrupción, ha iniciado una investigación a raíz de pruebas entregadas por varios testigos que sugieren que se habría buscado beneficiar a una empresa cuyo "dueño a la sombra" tendría una estrecha relación con Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol. Diversos funcionarios y exdirectivos de la estatal petrolera han sido citados a declarar en el marco de estas pesquisas. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol con algunos de esos testigos. El negocio en cuestión consiste en importar gas líquido y transformarlo en gaseoso mediante un barco regasificador (FSRU), el cual se ubicaría en los campos de Chuchupa y Ballena, en Manaure, La Guajira, para luego introducir el gas a los gasoductos nacionales.¿Qué se sabe de GAXI?La empresa bajo sospecha, GAXI, fue creada en 2019 con un capital inicial de 20 millones de pesos y, según los testimonios, no contaba con mayor experiencia en el sector. Su dueño hasta hace poco fue el coronel retirado de la Policía Juan Guillermo Mancera, quien se abrió camino en el mundo de los hidrocarburos tras ser jefe de seguridad de Pacific Rubiales. Mancera, de acuerdo con los testigos, entró al círculo de confianza de Ricardo Roa y su pareja Julián Caicedo cuando Roa asumió la dirección de Ecopetrol.Desde que el proyecto de regasificación comenzó a sonar a mediados de 2024, el nombre de Mancera con su empresa GAXI empezó a circular como posible beneficiario. Ante las crecientes suspicacias, en septiembre de 2024 se le recomendó a Mancera salir de GAXI. Días después, en la primera semana de noviembre de 2024, se registró ante la Cámara de Comercio de Bogotá la venta de su participación. Juan Alberto Galindo Restrepo adquirió 7.500.000 acciones, lo que representa el 75% de las acciones en circulación de GAXI.Documentos internos de Ecopetrol revelan una serie de pasos que habrían favorecido a GAXI. El 5 de noviembre de 2024 GAXI y Hocol, filial del Grupo Ecopetrol, firmaron un acuerdo de confidencialidad para avanzar en el proyecto. Este acuerdo fue avalado por el comité “RT1”, el más alto nivel en Ecopetrol para el desarrollo de nuevos negocios. Por otro lado, el 8 de enero de 2025 se firmó un memorando de entendimiento entre las partes.En la primera semana de marzo de 2025 directivos de GAXI, una firma mexicana (su posible socia) y del Grupo Ecopetrol visitaron las instalaciones de Chuchupa y Ballena en La Guajira para evaluar la viabilidad del negocio. En esta visita, Germán Mutis Obando, entonces desarrollador de negocios de Ecopetrol, habría firmado documentos presuntamente encaminados a favorecer a GAXI. El punto más álgido de la polémica es un correo del 28 de marzo de 2025 en el que Mutis envió a los directivos de GAXI una certificación asegurando que el Grupo Ecopetrol ya tenía un acuerdo con la compañía GAXI. Esta carta, según fuentes consultadas, es un "escándalo" porque transformó un acuerdo de confidencialidad no vinculante en un "acuerdo finiquitado". Esto, explican los expertos, daría a entender a cualquier inversionista que GAXI ya era socia de Ecopetrol, otorgándole una "ventaja competitiva enorme" para buscar financiación y socios estratégicos en el extranjero. De hecho, el Grupo FOX de México ya identificaba el proyecto como de GAXI en alianza con Hocol.Las denuncias del expresidente de HocolEl expresidente de Hocol Luis Enrique Rojas hizo pública una carta en la que afirmó que este proyecto "sí tendría dueño" y era el coronel retirado Juan Guillermo Mancera. Rojas denunció que, desde octubre de 2024, un alto directivo de Ecopetrol lo presionó para que asignara el proyecto de la regasificadora a la empresa de Mancera, GAXI, a lo cual él "nunca accedió". Además, Rojas aseguró que Mancera era un "poder a la sombra" en Hocol debido a su amistad con Ricardo Roa. Según la denuncia, Mancera, por orden de Roa, citaba a varios vicepresidentes y gerentes de Hocol para darles instrucciones, las cuales "no fueron acatadas nunca", siendo esta la razón principal de la posterior salida de Rojas. Estas graves acusaciones fueron hechas públicas por Rojas casi cuatro meses después de su salida de Hocol, un hecho que es cuestionado por quienes buscan restarle credibilidad a sus señalamientos.¿Qué responde Ecopetrol?En respuesta a las consultas de Noticias Caracol, la oficina de prensa de Ecopetrol afirmó que el responsable de cualquier proyecto de importación de gas es Ecopetrol, no Hocol, y que actualmente el proyecto está abierto a evaluación sin ubicación ni mecanismo de selección definidos. Ecopetrol reconoció la existencia del memorando de entendimiento firmado en enero de 2025 entre Hocol y GAXI, pero aseguró que es un "instrumento no vinculante y exploratorio" que "no genera ningún tipo de adjudicación".Por su parte, el presidente Gustavo Petro, tras la publicación de documentos que evidencian la alianza de GAXI con Hocol, pidió a Ecopetrol hacerse cargo directamente de esta operación y no a través de un intermediario privado.Consultados por Noticias Caracol, tanto el coronel (r) Mancera como el expresidente de Hocol Luis Enrique Rojas prefirieron no pronunciarse públicamente sobre el asunto. Mancera aseguró estar preparando su defensa y denuncias contra quienes lo señalan. Las estimaciones sugieren que el valor de las ventas anuales de gas de este proyecto oscilarían entre 500 y 600 millones de dólares. La investigación de la Fiscalía continúa para esclarecer las sospechas en torno a este crucial proyecto.NOTICIAS CARACOL
Noticias Caracol conoció varios videos en los cuales se ven a grupos de mercenarios colombianos combatiendo en Sudán tras ser reclutados por las Fuerzas de Apoyo Rápido (Far), una facción paramilitar que desde hace dos años está en una guerra civil contra el régimen militar que gobierna a ese país. Incluso, según los exmilitares que sobreviven a ese conflicto, al menos 20 muertos connacionales permanecen en neveras desde hace varios meses.Y es que el mercado de mercenarios en expansión está llevando a exmilitares colombianos a zonas de conflicto como Sudán, a menudo con promesas engañosas y sin la posibilidad de un retorno seguro. Según Dante Hincapié, un sargento retirado con experiencia en la industria de seguridad, muchos de estos hombres han sido "engañados" y se encuentran en una situación de alto riesgo. Una vez que llegan al extranjero, se ven obligados a seguir adelante para proteger sus propias vidas y las de sus familias en Colombia.Los exmilitares colombianos son una mano de obra muy solicitada en el mundo, reconocidos por su alta calidad y experiencia, detalló Hincapié. Sin embargo, para analistas como Juan Pappier, de Human Rights Watch, el problema radica en la falta de apoyo que reciben al retirarse del Ejército en Colombia, lo que los deja desempleados y buscando opciones laborales. Esta vulnerabilidad es aprovechada por empresas intermediarias que los reclutan para conflictos en el extranjero.El papel de un excoronel en el reclutamientoLos testimonios de Hincapié y otros exmilitares que prefirieron el anonimato señalan a un excoronel colombiano, Álvaro Quijano, y a su esposa, Claudia Olivares, como figuras clave en este negocio. Quijano, quien fue investigado por supuestos nexos con el Cartel del Norte del Valle, creó hace una década un negocio para enviar exmilitares a los Emiratos Árabes Unidos. Este emprendimiento, que comenzó como un servicio de seguridad, se ha convertido en una especie de "trata de personas", como lo describe un mercenario anónimo, con exmilitares que ahora terminan peleando en conflictos como el de Sudán.Las convocatorias para el reclutamiento, que antes se hacían en las oficinas de las empresas de Quijano y su esposa, ahora se llevan a cabo en habitaciones de hoteles y apartamentos de alquiler para evitar la atención.Las empresas vinculadas a Quijano y Olivares operan en conjunto con Global Security Services Group, una compañía con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Los contratos y pagos se triangulan a través de la empresa panameña Global Staffing, también ligada a Quijano, para borrar cualquier conexión con los Emiratos.El hecho de que Global Security Services Group tenga aval del gobierno de Emiratos Árabes ha llevado a que se les señale como patrocinadores de los mercenarios en Sudán. Aunque Emiratos Árabes Unidos ha negado estas acusaciones, analistas como Óscar Palma señalan el evidente interés económico y geoestratégico de este país en el oro de Sudán y el acceso a los puertos del mar Rojo.La dura realidad y la falta de garantías para los mercenariosCon la situación fuera de control, se ha empezado a reclutar a cualquier colombiano que acepte viajar, sin necesidad de ser exmilitar, con la promesa de salarios que oscilan entre los 1.500 y 3.000 dólares mensuales. Sin embargo, como advierte Dante Hincapié, estos hombres son llevados "de carnada" y a menudo no se les paga el salario prometido, lo que los deja sin recursos y en peligro.No hay cifras claras sobre cuántos mercenarios colombianos se encuentran en Sudán, con estimaciones que varían entre 300 y 2.000 hombres. Tampoco se sabe con certeza cuántos han muerto o han resultado heridos en el conflicto. Noticias Caracol intentó contactar a Álvaro Quijano y Claudia Olivares, así como a la empresa Global Security Services Group, pero no obtuvo respuesta.El mensaje del gobierno de Sudán: "Detener el reclutamiento"El primer ministro de Sudán, Kamel Idris, hizo esta semana un llamamiento en español al Gobierno, al pueblo de Colombia y a "todas las comunidades hispanohablantes" a que detengan el reclutamiento de mercenarios colombianos que combaten a favor de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), en el oeste del país.En un mensaje televisado, difundido en las últimas horas, Idris instó a que Colombia contribuya al "fin del asedio (por las FAR) de la ciudad de Al Fasher", capital de Darfur Norte y único bastión del Ejército sudanés en el oeste del país, "poniendo fin al reclutamiento de mercenarios colombianos"."El mundo hispanohablante ha brindado a la humanidades contribuciones extraordinarias desde el arte de Pablo Picasso hasta la poesía de Pablo Neruda, la narrativa de García Márquez y la literatura de Vargas Llosa", recordó el sudanés en el mensaje que leyó en español, pero publicó en árabe, francés y otros idiomas por escrito."Con este mismo espíritu de creatividad, solidaridad y compromiso con la paz hago un llamado al pueblo colombiano y a todas las comunidades de habla hispana a que se mantengan firmes con nosotros para lograr el fin del asedio a Al Fasher, y detener el reclutamiento y envío de mercenarios a nuestra tierra", sentenció.NOTICIAS CARACOL
Cinco meses después de que Andrea Valdez denunciara la doble violación de la que fue víctima, presuntamente por dos dragoneantes del Inpec en la cárcel El Pedregal de Medellín en 2024, la Fiscalía ya tiene en su poder las evidencias para determinar las primeras responsabilidades.Según el informe, la violación ocasionó el embarazo de Valdez. El cotejo del ADN del bebé y el de los dos dragoneantes, Diego Stiven Castaño Sánchez y Cristian Camilo Alvarado Torres, arrojó una probabilidad del 99.9 por ciento de que Castaño es el padre del niño.En su relato a Noticias Caracol, Valdez señaló que los dragoneantes la violentaron y amenazaron en su celda en dos ocasiones, el 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2024, siempre al filo de la medianoche. Según la denuncia, el primer abuso habría sido cometido por Alvarado y, una semana después, fue Castaño, quien la embarazó.Valdez aseguró que los abusos fueron una forma de "escarmentarla" o "vengarse" por las denuncias que ella había hecho sobre el presunto negocio de la droga en el centro penitenciario. “Ni un psicópata ni un hombre que esté mal de la cabeza haría eso. Este tipo vuelve y me repite que tuviera el pico cerrado o sino me lo cerraban”, contó.Evidencias clave y declaracionesAndrea Valdez también contó, en diálogo con Noticias Caracol, que intentaron interrumpir su embarazo porque era la prueba más evidente de lo que le hicieron. La denuncia señaló que le pusieron un abortivo en su comida.Entre las evidencias presentadas por la Fiscalía se encuentra un video del circuito de seguridad del 5 de septiembre del 2024, día de la segunda violación, en el que se ve al dragoneante Castaño entrando al lugar donde estaba aislada Valdez a las 7:56 p.m. y saliendo a las 11:36 p.m., media hora después de que se apagaran misteriosamente las luces. Este hecho irregular coincide con el relato de la víctima.Paradójicamente, en la minuta de control de ese día, el dragoneante Castaño escribió que no observó "aparente novedad" en la celda.El entonces subdirector del penal, Carlos Arturo Yepes, quien fue retirado del Inpec, y el director, Pablo Yamid Ramírez Peña, también han sido interrogados. Yepes le habría dicho a Valdez que "a los sapos les pasaba eso, que era mejor tener la boca cerrada".Por su parte, Ramírez Peña declaró que era "inconcebible" que Valdez estuviera embarazada, ya que no tenía autorización para visitas íntimas. Los dragoneantes, al ser confrontados por el director, no negaron lo ocurrido, pero dijeron que "las cosas no pasaron como se dice en los medios de comunicación".Además, un informe de la Policía Judicial documentó que Valdez recibió una llamada intimidatoria a un teléfono comunitario, y la triangulación de la misma apunta a que la habría hecho otro guardián del Inpec.Daniel, el bebé de Andrea Valdez, tiene dos meses y medio de vida y permanece bajo su cuidado en el pabellón de gestantes de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, a donde fue trasladada a principios de 2025.NOTICIAS CARACOL
James Rodríguez se despidió del Club León por todo lo alto. Este sábado 8 de noviembre, disputó su último juego con la camiseta de 'la fiera' y brindó una magistral asistencia para el gol de Iván Moreno, que significó el 1-1 contra Puebla, por la fecha 17 de la Liga MX.Cuando transcurría el minuto 20, el equipo visitante cobró un tiro de esquina que no prosperó. El rebote cayó a los pies del cucuteño, quien controló, levantó la cabeza y, de volea, envió un pase preciso a Iván Moreno. Mano a mano con el arquero, no perdonó y marcó.Vea la asistencia de James Rodríguez, con León vs. Puebla, por la Liga MX
Independiente Santa Fe se jugará el todo por el todo en las últimas dos fechas de la Liga BetPlay II-2025, con el objetivo de asegurar un cupo en los cuadrangulares semifinales y defender el título conquistado en el primer semestre del año.Los dirigidos por Francisco López ocupan la décima posición con 25 puntos y están obligados a ganar para mantener viva la ilusión de pelear por la undécima estrella. Uno de los grandes protagonistas en esta campaña, al igual que en el título anterior, ha sido Hugo Rodallega, referente y líder del conjunto ‘cardenal’.¿Hugo Rodallega seguirá en Santa Fe?Uno de los grandes interrogantes de los últimos meses gira en torno a la continuidad del delantero vallecaucano, cuyo contrato finaliza en diciembre con el vigente campeón del fútbol colombiano.En una entrevista con 'Zona Libre de Humo', Rodallega se refirió a su situación contractual y dejó claro su deseo de seguir en el club bogotano.“Mi contrato finaliza ahora en diciembre. Muy seguramente vamos a firmar un año más con Santa Fe. Méndez es mi parcero”, afirmó el atacante de 40 años, quien mostró su intención de continuar vistiendo los colores del equipo capitalino.Acto seguido, ‘Hugol’ habló de su cariño por América de Cali, el club de sus amores, aunque reconoció que hoy su presente está en Santa Fe.“Mi corazón ahora está con Santa Fe. Seguiré siendo hincha de América de Cali, lo que fue, fue.”Y añadió: “Siempre va a quedar la espinita, pero en un supuesto caso de quedar libre y aparecen ofertas de Cali y América de Cali, seguramente escogeré al América" Por otro lado, Rodallega opinó sobre la situación que atraviesa el Deportivo Pereira, equipo que ha afrontado el tramo final del torneo con jugadores Sub-20 por las deudas con su plantilla profesional.“Lo de Pereira es una recocha, una sinvergüenzada, una irresponsabilidad de la gente que está encargada del manejo”, expresó el exjugador del Wigan de Inglaterra.También se refirió al momento crítico del Deportivo Cali: “Preocupante el tema del Cali. Es una institución que debería estar siempre peleando dentro de los ocho. Ojalá se mejore la situación y pueda volver a ser ese equipo competitivo.”Números de Hugo RodallegaEn lo que va de 2025, por todas las competiciones, Hugo Rodallega registra 21 goles y tres asistencias en 41 partidos con Independiente Santa Fe.¿Cuándo juega Santa Fe?Por la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2025, Santa Fe se enfrentará al Deportivo Cali este domingo 9 de noviembre en el estadio El Campín, a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana).
Las autoridades atribuyeron al frente 'Adonay Ardila Pinilla' del ELN el atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar en Tunja, en el departamento de Boyacá. La explosión de al menos 22 artefactos instalados en una volqueta dejó un saldo de cinco personas heridas, quienes ya fueron dados de alta, y daños en la infraestructura, pese al intento de intervención de las autoridades. Por fortuna, no se registraron muertes. Todo inició hacia las 5 a.m. de este sábado, cuando la volqueta fue dejada abandonada en medio de unas casas y tan solo a 200 metros de la unidad militar.El general William Rincón, nuevo director de la Policía Nacional, le confirmó a Noticias Caracol que se trató de un atentado terrorista no solamente contra la unidad militar sino también contra la gente. Rincón explicó que esos artefactos, los 24 tatucos que estaban cargados dentro de esta volqueta, tenían un temporizador. Cuando se le preguntó si el Ejército y la Policía controlaron el ataque, respondió que cuando lo estaban inspeccionando se acabó el tiempo del temporizador, contaban con una hora y fue entonces cuando ocurrió la explosión."Nuestros expertos explosivos llegan, conocen, verifican primero que todo qué es lo que contiene esta volqueta y observan con claridad que se trata de 24 cilindros o rampas de lanzamiento, con lo cual, nuevamente, coordinan con toda la comunidad para que, primero, disminuyamos cualquier tipo de riesgo o amenazas con las personas. Simultáneamente, ellos empiezan a observar el diseño arquitectónico de estas estructuras para tratar de determinar de qué se trata y cómo se puede desactivar", afirmó el general Rincón.Y agregó que: "Logran identificar que tienen unos temporizadores que están adaptados a una hora y que van también en forma secuencial. Después de que se activa uno, se siguen activando los otros. Cuando están en ese evento de desactivarlas, estos se activan, y empiezan a lanzar los explosivos, de los cuales salen los 24 y dos no detonan, es decir 22 detonados".Por otro lado, el Ejército explicó que Boyacá se encuentra en una zona denominada como triángulo ABC, en la que también están Arauca y Casanare, por lo que se va a fortalecer la seguridad en esa zona. "Vamos a emprender a partir de este momento una ofensiva mayor a la que estamos haciendo. La FUDRA 5, que es la unidad que hace operaciones ofensivas en la quinta división, se reforzará en este sector; batallones de despliegue rápido estarán haciendo operaciones en profundidad sobre sectores críticos como Suatá, El Espino, Socha y Chita y también enviaremos una unidad especial de inteligencia que nos permita monitorear y anticipar este tipo de acciones", dijo el general Emilio Cardozo, comandante del Ejército.El comandante de las fuerzas militares dijo que los responsables del atentado de este sábado son el ELN y su frente 'Adonay Ardila Pinilla'. Se trata, dijo, de alias Poeta, por quien ofrecen 500 millones de recompensa no solamente por él sino también por sus cómplices quienes permiten hacer estos ataques en terreno. Esa estructura tiene como cabecilla alias Poeta, cuyo nombre es Yusef Morales Betancur. La gobernación dará otros 100 millones por los demás cabecillas, como alias Eliecer y alias La gata, entre otros.NOTICIAS CARACOL
¿Qué pasará con James Rodríguez? Esa es la pregunta que millones de personas, amantes del fútbol y seguidores del colombiano, se hacen a estas alturas del año. Y es que su contrato finaliza con el Club León y, teniendo en cuenta que desde México afirman que no va a renovar, habrá que aguardar por cuál equipo fichará, pensando en el 2026, donde el objetivo es el Mundial con la Selección Colombia.Este sábado 8 de noviembre, disputó su último compromiso con la camiseta de la 'fiera', ya que quedaron eliminados del Apertura de la Liga MX, diciendo 'adiós' en la fase de 'todos conta todos'. Por eso, las miradas estaban puestas en el mediocampista colombiano, que fue titular, figura y aportó una asistencia, pero no alcanzó para hacerse la victoria. Al final, fue derrota 1-2 con Puebla, en el Nou Camp.Todo empezó de la peor manera. Alejandro Organista Orozco aprovechó una desconcentración de la defensa rival y abrió el marcador, al minuto 15, silenciando a los miles de aficionados del conjunto 'esmeralda'. Además, eso desató la molestia de James Rodríguez, que estaba haciendo todo lo posible para firmar una despedida con victoria, siendo pieza clave y el mejor socio de sus compañeros.Fue así como, en medio de tanta insistencia, el cucuteño encontró su recompensa. Cuando transcurría el minuto 20, la visita tuvo un tiro de esquina a favor, el cual no fue bien ejecutado. El rebote llegó a los pies del colombiano, quien, con una hermosa volea, asistió a Iván Moreno, que quedó solo, mano a mano con el arquero, Jesús Rodríguez, y no perdonó, inflando las redes para el 1-1 parcial.James Rodríguez fue el mejor del Club León, creando varias opciones de peligro, pero no supieron aprovecharlas y perdonaron. De hecho, el desespero de Puebla por intentar detener al '10', llevó a los futbolistas a cometerle repetidas infracciones. Prueba de ello es que, en una incursión en ataque, comandada por el 'cafetero', lo derribaron y hasta le sacaron uno de sus guayos.Como si fuera poco, llegó otro baldado de agua fría. Emiliano Gómez se inventó una buena jugada individual y, con poco ángulo, sacó un potente remate para sentenciar el 2-1 definitivo. Con el marcador sentenciado, el entrenador, Ignacio Ambriz, tomó la decisión de reemplazar a James Rodríguez, al minuto 85', para darle paso a Ángel Tadeo Estrada. Aplausos, ovación y agradecimiento para él.De esa manera, terminó el paso del colombiano por el Club León, donde alcanzó los cuartos de final en el primer semestre y quedó en el puesto 17, con 13 puntos, en la segunda parte del año. Además, en lo personal, brindó nueve asistencias y marcó cinco goles con esa camiseta. Por último, se ganó el cariño, respeto y respaldo de miles de hinchas de la 'fiera', quienes reconocieron su entrega y calidad.
La suerte vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre con una nueva edición de la Lotería del Cauca, uno de los sorteos más esperados de cada semana en Colombia. En esta ocasión, el evento entregará un premio mayor de 8.000 millones de pesos, además de múltiples premios secos y aproximaciones que aumentarán las posibilidades de ganar para miles de jugadores en todo el país.Como es habitual, el sorteo se realizará a las 11:00 de la noche, y odrá garantizar la transparencia mirando la transmisión de los resultados en tiempo real en directo por Canal 1, Telepacífico, o también por las plataformas digitales oficiales de la Lotería del Cauca en Facebook Live y YouTube Live, consolidando la confianza que esta lotería ha mantenido desde su fundación en 1982.Resultados EN VIVO del sorteo número 2584 de la Lotería del Cauca:Según la transmisión en vivo de la Lotería del Cauca, el ganador del premio mayor del sorteo del 7 de noviembre de 2025, que se convertirá en el nuevo millonario de la noche es:Número ganador: (por actualizar)Serie: (por actualizar)¿Cúal es el plan de premios y aproximaciones que ofrece la Lotería del Cauca?Además del premio mayor, la Lotería del Cauca entregará varios premios por aproximaciones y combinaciones parciales del número ganador.A continuación algunas de las categorías más destacadas:Última cifra del número mayor: $34.197.398Dos primeras cifras del número mayor: $28.915.680Dos últimas cifras del número mayor: $28.915.680Tres primeras cifras del número mayor: $65.060.244Tres últimas cifras del número mayor: $65.060.244Premio mayor en cualquier orden: $76.204.819Serie del mayor: $171.430.361Cabe recordar que todos los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención en la fuente del 20 %, según la normativa tributaria vigente. Para calcular el valor neto, la entidad dispone de un simulador en su sitio web oficial.¿Cómo participar en el próximo sorteo?Jugar la Lotería del Cauca es sencillo y está al alcance de todos, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie de tres dígitos. Además, los billetes pueden comprarse con su lotero autorizado de confianza o en línea, a través de la página web oficial de la Lotería del Cauca. Los interesados pueden adquirir una fracción por $4.000, o un billete completo por $16.000. En la modalidad virtual, el sistema permite elegir los números manualmente o usar la opción automática.Desde su creación, la Lotería del Cauca ha tenido como propósito principal la generación de recursos para la salud pública del suroccidente colombiano, por lo que cada sorteo no solo representa una oportunidad de ganar, sino también una contribución directa al bienestar de miles de ciudadanos de la región.HEIDY CARREÑO NOTICIAS CARACOL