El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dedicó un eje central de su alocución presidencial de este 12 de octubre a la protesta social y la movilización ciudadana. De hecho, este miércoles en varias capitales del país se convocó una manifestación por parte de las centrales obreras y el sindicato de profesores.
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Su intervención combinó el reconocimiento explícito del derecho constitucional a manifestarse pacíficamente con una enérgica advertencia contra los bloqueos y los actos de violencia. También indicó que esta manifestación será un escenario para que se estrene el decreto de protesta social que acaba de ser firmado por el mandatario.
El mandatario aseguró que “ni un derecho menos para quien protesta en paz; ni un espacio más para quien destruye”. Según el jefe de Estado, administraciones anteriores permitieron equivocadamente que los bloqueos paralizaran el suministro de alimentos, medicinas y la movilidad, denominando erróneamente tales acciones como “derechos” cuando en realidad constituyen irresponsabilidades.
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De esta manera, el mandatario manifestó que se garantiza la marcha pacífica y se establece el diálogo como regla general, asegurando que la fuerza pública no intervendrá contra quienes se movilicen sin agredir. Sin embargo, hizo énfasis en que se prohíben categóricamente los bloqueos permanentes de vías, la toma de carriles de transporte masivo como TransMilenio, el uso de niños en marchas y la agresión o retención de ciudadanos.
“En mi Gobierno se protege la marcha pacífica, el diálogo es la regla. La fuerza pública no se mete con quien marcha sin agredir. Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de TransMilenio convertido en trinchera. Agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o usar a un niño en una protesta no es protesta, es un delito y se trata como tal”, dijo,
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Jornada de movilización nacional del 14 de octubre
De cara a la movilización nacional convocada para el miércoles 14 de octubre, el presidente De la Espriella se dirigió directamente tanto a los manifestantes como a la ciudadanía que no participará de las marchas. Reafirmó que el derecho a disentir y manifestarse pacíficamente es una garantía democrática fundamental que no depende de la afinidad con el gobierno de turno.
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Para coordinar la jornada, instruyó a las autoridades nacionales y territoriales a adoptar medidas de movilidad, prevención y atención de emergencias. De igual forma, ordenó a la fuerza pública actuar bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, con el objetivo primordial de proteger la vida y evitar brotes de violencia.
Sin embargo, fue enfático en señalar que la protesta no autoriza la destrucción de bienes, el bloqueo de ambulancias ni las amenazas a trabajadores. Aseguró que las autoridades judiciales actuarán con pruebas contra quienes cometan delitos, precisando que no se criminalizará la inconformidad legítima ni se culpará a la totalidad de los manifestantes por los desmanes de unos pocos.
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