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En un caso que ha conmocionado al municipio de Piedecuesta, Santander, familiares de pacientes con discapacidad cognitiva han denunciado graves abusos en la IPS Elogios. Las impactantes imágenes y testimonios revelarían un trato incorrecto que ha llevado a las autoridades a intervenir. La investigación de Séptimo Día expone las desgarradoras historias de las víctimas y la lucha de sus familias por justicia.Mónica Patricia Camacho, madre de Javier Mauricio Franco Camacho, uno de los pacientes afectados, compartió su dolorosa experiencia. "Me dio mucha tristeza. Nunca me imaginé que fuera ser así maltratado y todo el tiempo, porque fue todo el tiempo que lo estuvieron maltratando a él", relató Mónica. Según ella, su hijo era inmovilizado desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente.Javier Mauricio, de 32 años, ha requerido cuidados especiales desde su nacimiento en Bucaramanga. "Contenta, pues porque era el varoncito, pero no me imaginaba que él venía con esa complicación. Ya traía su problema cognitivo", añadió su madre. Por eso desde pequeño Javier requirió de cuidados especiales y era llevado a colegios especiales donde le brindaban educación y tratamientos diferentes a los de otros niños.A pesar de los esfuerzos por brindarle una educación y tratamiento adecuados, la condición de Javier no mejoraba. Y así pasaron varios años: "Él se portaba agresivo, partía las matas, era dañar todo, entonces a mí me entraba la angustia de pensar que yo estaba sola aquí con él y que no podía hacer más nada", relató Mónica.La promesa de la IPS ElogiosEn 2012, Mónica conoció la IPS Elogios a través de Salud Total. La entidad, representada legalmente por Amparo Durán, prometía avances significativos en el tratamiento de Javier. "Que él iba a avanzar, que él iba a superarse, pues que con el tiempo a estar bien", afirmó Mónica. Además, le aseguraron que las terapias y métodos de contención serían seguros y sin lastimar a los pacientes.Sin embargo, la realidad fue muy diferente, según cuenta. "A veces lo veía bien, a veces lo veía delgado y yo le preguntaba a él y me decía, 'me castigan a veces porque yo me como tal cosa o porque hago tal daño'", contó Mónica. La situación empeoró hasta que, el 21 de diciembre de 2024, una persona anónima contactó a Mónica con una advertencia alarmante."Una persona empezó a escribirme, a decirme 'señora, usted tiene que sacar a su hijo de Elogios porque él no está siendo maltratado, sino torturado. Usted no tiene idea de todas las cosas que están haciendo con él'", afirmó Mónica. La misma persona anónima le envió unas fotografías donde Javier Mauricio está sentado en una silla, al parecer de madera, envuelto con cinta y amarrado. También, según su mamá, en un acto que para ella no hace parte de procedimientos correctos.Las imágenes que recibió Mónica mostraban a Javier Mauricio en condiciones deplorables. "Eso ya es una tortura. Eso ya no es un castigo. Yo creo que no duraba un día, yo creo que él duraba ahí más de dos, tres días porque en las fotos se ve la espalda supremamente maltratada, quemada", relató. Ante estas evidencias, de inmediato Mónica decidió retirar a su hijo de esta institución de inmediato.Para mediados de marzo de 2025, Séptimo Día habló con Javier Mauricio en su casa en Bucaramanga donde permanece. "¿Te dolían los brazos? Ahí duraba yo como 24 horas. ¿Y esto, Javier, es como un castigo? Todo el día, hasta mediodía. Javier, ¿a usted le gustaría volver a elogios? No. ¿Por qué? Porque me maltratan. ¿Por qué lo sacaron de allá? ¿Qué más le hacían? Hidroterapia con agua de hielo, en la noche y al mediodía y en la tarde, la doctora Amparo Durán Mosquera me daba cachetadas", contó.Javier Mauricio se refiere a Amparo Durán, la representante legal y directora de Elogios. "¿Usted cree que la dueña de este lugar sabía lo que estaba ocurriendo allí? Claro, porque ella era la que daba la orden de que ellos tenían que ser castigados una semana. Todo lo que decía ella, los auxiliares, los enfermeros, los médicos hacían caso. ¿Y cómo sabemos que ella sabía? Porque allá hay cámaras", afirmó la madre.La denuncia y la investigaciónEl 24 de diciembre de 2024, Mónica interpuso una denuncia en la Fiscalía por tortura contra Elogios y su representante legal, Amparo Durán. La persona anónima que contactó a Mónica también compartió videos y fotos de otros pacientes.Uno de ellos es un impactante video donde se ve a un paciente siendo sometido por tres supuestos enfermeros del lugar. En el video, una mujer de rojo al parecer introduce agua por la boca al paciente. La persona que contactó a esta madre también lo hizo con familiares de otros pacientes. Videos y fotografías dejarían en evidencia que las presuntas agresiones eran sistemáticas con varios pacientes de la IPS.La Fiscalía ha recibido varias denuncias formales contra Elogios, su directora y algunos funcionarios. La Policía de Bucaramanga, en coordinación con la Fiscalía, llevó a cabo una investigación que resultó en la captura de siete personas, incluyendo a Amparo Durán, por el presunto delito de tortura agravada.El general Henry Yesid Bello, comandante de la policía de Bucaramanga, declaró: "La investigación evidenció que en este centro se practicaban tratos crueles, degradantes y castigos físicos a los pacientes como inmovilizaciones indebidas y uso de agua a presión. Las denuncias fueron realizadas por familiares y extrabajadores".Sin embargo, en la audiencia de legalización de las capturas, el juez determinó que había errores en los procedimientos, por lo cual las declaró ilegales y las siete personas quedaron en libertad. A pesar de esto, el proceso en su contra continúa y serán las autoridades quienes determinen si cometieron algún delito.La lucha por justiciaPara los padres que contaron sus historias hubo un grave abuso contra sus seres queridos por parte de Elogios. La lucha por justicia continúa, y las familias esperan que las autoridades tomen las medidas necesarias para garantizar que estos hechos no queden impunes.Este caso ha generado una profunda indignación en la comunidad y ha puesto en el centro del debate la necesidad de una mayor supervisión y regulación de las instituciones que cuidan a personas con discapacidad cognitiva.

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