Procuraduría destituyó alcaldes en Chocó y Sucre

Dentro de la decisión disciplinaria de primera instancia se ordenó prorrogar la suspensión provisional por tres meses impuesta al señor Ledezma Copete.

En la investigación se estableció que el señor Ledezma Copete se inscribió y ejerció como alcalde del municipio de Tadó para el periodo 2008-2011 estando inhabilitado para ello por cuanto dentro del año inmediatamente anterior suscribió un contrato de prestación de servicios con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - FIP en el departamento del Chocó, cargo que desempeñó hasta el 30 de junio de 2007.

Al respecto, el Ministerio Público reiteró que "quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio (.)".

La Procuraduría Regional del Chocó indicó que contra esta determinación disciplinaria procede el recurso de apelación.

Destituido alcalde de San Antonio de Palmito (Sucre)

Igualmente, el Ministerio Público sancionó a Luz Milena Conde Tamara, tesorera del citado municipio para la época de los hechos, con suspensión de 10 meses en el ejercicio del cargo.

El proceso disciplinario adelantado mediante audiencia pública señala que durante la vigencia fiscal de 2008, el disciplinado autorizó indebidamente el pago de 50 subsidios educativos a estudiantes del nivel superior por un valor que supera los 22 millones de pesos, imputados al rubro de educación y financiados con recursos del SGP pese a que "tales recursos tienen destinación específica, ya que están destinados para atender la prioridad en el servicio de educación para los estudiantes de etapa preescolar, primaria, secundaria y media".

La suma señalada fue cancelada por la señora Luz Milena Conde, como tesorera del municipio de San Antonio de Palmito (Sucre), incurriendo de igual manera en falta disciplinaria.

Para el Ministerio Público es claro que estos pagos ordenados y efectuados no se ajustaban a las normas que reglamentan el manejo de los recursos públicos. En este caso concreto se favoreció a una población estudiantil distinta a la concebida en la Ley.

Contra esta decisión de primera instancia proferida por la Procuraduría Provincial de Sincelejo procede el recurso de apelación.

Bogotá