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Una figura legal diseñada para regular la posesión de bienes en Colombia, el proceso de pertenencia, está siendo, según denuncias, utilizada de manera inescrupulosa para que personas busquen adueñarse de propiedades que no compraron. Séptimo Día conoció el caso de Héctor Rubiano Torres, un hombre de 76 años, propietario de una casa en el norte de Bogotá, quien alquiló su inmueble y hoy está envuelto en una batalla legal contra sus inquilinos que pretenden quedarse con la vivienda.La figura de la demanda de pertenencia permite a quienes demuestran haber poseído un bien como "dueños y señores" por un tiempo determinado, reclamar su titularidad. No obstante, la familia Rubiano asegura que esta vía está siendo mal utilizada por quienes arriendan y luego, valiéndose de la ley, buscan apropiarse de bienes ajenos.El esfuerzo de una vidaHéctor Rubiano Torres es un hombre campesino, originario de Turmequé, Boyacá, que ha trabajado como agricultor toda su vida. "Es que yo he sido camellador desde joven", relató en Séptimo Día. En 1984, con el dinero de la venta de unas tierras y sus ahorros, compró una casa de dos pisos ubicada en el barrio Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá. El costo de la propiedad fue de 2.300.000 pesos.Según Héctor, desde la compra, realizó el papeleo necesario y, como consta en la escritura y el certificado de tradición, la casa quedó a su nombre. "Tengo mis escrituras, certificado de libertad. Yo soy el dueño y tengo testigos a quien se la compré y fue trabajo de todo el esfuerzo de mi vida”, aseguró.Debido a que seguía viviendo en su finca en Turmequé, Héctor puso la casa en arriendo. Tras varios inquilinos a lo largo de los años, en 2009 llegó un hombre identificado como Armando Alaguna.El inicio de una pesadillaHéctor Rubiano afirmó que Armando lo contactó para que él le arrendara la vivienda. El contrato de arrendamiento se firmó el 31 de agosto de 2009, con un valor de $800 mil. El arrendatario era Armando Alaguna, quien se fue a vivir a la casa en arriendo junto a su pareja, María Leonilde Lozano, y sus dos hijos.Inicialmente, según el relato de Héctor, la relación era cordial y los pagos del arriendo se realizaban puntualmente y en efectivo. Con el paso del tiempo, el contrato se renovaba automáticamente cada año. Por consideración, Héctor no subió el valor del alquiler, que para 2016 seguía siendo los $800 mil.En 2017, las hijas de Héctor, Liseth y Maribel Rubiano, se mudaron a un apartamento que su padre acondicionó en el tercer piso de la casa en Bogotá para que estudiaran la universidad. Héctor vio esto como una manera de mantener la posesión: "Qué mejor para mí que estaban mis hijas representando ahí la posesión", dijo.Liseth Rubiano, la hija menor, relató que al principio la convivencia con los inquilinos era buena: "Al principio muy respetuosos, muy tiernos, o sea, eso nos invitaban hasta los asados que hacían". Para 2019, incluso ellas recibían los pagos del arriendo en efectivo.Una disputa legal y el despojo de su viviendaPara comienzos de 2022, las hermanas Rubiano, que ya habían terminado sus estudios, seguían viviendo en el tercer piso. Fue entonces cuando comenzaron a circular rumores alarmantes. "Mi papá le llegaban rumores de que ellos estaban diciendo que la casa era de ellos y que ellos se querían quedar con la casa", contó Liseth.Héctor, asustado, habló con sus inquilinos, quienes le dijeron: "No tranquilo don Héctor, que cuando usted nos pida nosotros le vamos a dar". Sin embargo, ese mismo año 2022, los inquilinos dejaron de pagar el arriendo.A pesar de las múltiples solicitudes de su padre, los inquilinos no entregaron la casa. Cuando Liseth acompañó a su padre para pedir el desalojo, ellos respondieron que no le iban a dar la casa y que "iban a vender lo que sea con tal de tener la casa de mi papá".El punto más crítico para las hijas ocurrió el 7 de mayo de 2022, cuando la cerradura de su vivienda fue cambiada. Cuando gritaron para que les abrieran, María Leonilde sacó la cabeza y les preguntó: "¿Ustedes quiénes son?". Desde ese momento, Liseth y Maribel no pudieron volver a ingresar.Ante el subarriendo de un local comercial sin autorización y las remodelaciones realizadas, Héctor Rubiano instauró a comienzos de 2023 una demanda de restitución de inmueble contra Armando Alaguna.Pero el problema escaló en marzo de 2025, cuando, tras la notificación de la demanda de Héctor, María Leonilde Lozano interpuso un proceso declarativo de pertenencia de inmueble por prescripción extraordinaria, con el que busca quedarse con la propiedad del señor Rubiano.“¿Qué manifiesta ella? Que ella lleva 30 años al frente del bien inmueble, donde ejerce ánimo de dueña y señora del mismo”, afirmó Mario Leonel Colmenares, abogado que representa a Héctor Rubiano en el proceso.Esta figura está contemplada en el Código Civil colombiano y está creada para que las personas que se sientan con el derecho de reclamar un bien como suyo, porque lo han poseído como dueños y señores durante un tiempo determinado, puedan solicitar que se les reconozca como propietarios siempre y cuando cumplan con varios requisitos.Para la prescripción extraordinaria, el demandante debe demostrar posesión durante 10 años y demostrar actos de dominio como dueño y señor, como pago de impuestos, mantenimiento y mejoras. No obstante, será un juez civil quien admita la demanda y luego de analizar los documentos, pruebas y testigos, falle en derecho a favor de una de las partes.La versión de los inquilinosEl 10 de octubre de 2025, Séptimo Día buscó a Armando Alaguna y María Leonilde. Al ser cuestionado sobre por qué su esposa interpuso la demanda de pertenencia contra el dueño, se mostraron evasivos. Cuando se le preguntó si había firmado el contrato de arrendamiento en 2009, respondió: "No sé. Esos son contratos. Están demandados con los contratos porque los contratos son chimbos".Armando negó haber comprado la casa y al ser confrontado sobre si le daba remordimiento quitarle la casa a la familia, respondió: "A mí no me da remordimiento. Le digo una cosa, ese señor conmigo fue bien, pero las hijas son unas pecuecas”.Cuando apareció María Leonilde Lozano, también se negó a responder. “Ese proceso lo lleva el abogado...Que el tiempo lo diga”, dijo Armando Alaguna.Lucha por justiciaActualmente, el proceso de restitución de inmueble que interpuso Héctor Rubiano se encuentra suspendido mientras se resuelve la demanda de pertenencia de María Leonilde. Un juez de la República tendrá que decidir.Héctor Rubiano, el dueño, se encuentra en una situación crítica. Para poder pagar los abogados que lo defienden en la demanda de pertenencia, tuvo que vender la finca en Turmequé donde vivía y deberá entregarla en diciembre. Por ahora, no tiene certeza de dónde va a vivir.“Que por favor se pongan la mano en el corazón y que no se aproveche de mi papá”, pidió Liseth Rubiano, al resumir el dolor de una familia y su clamor para que la justicia le devuelva a su padre la vivienda que consiguió con tanto esfuerzo.La familia solo espera que la justicia investigue "bien al fondo para que se vea la verdad" en este caso de arrendamiento que escaló a disputa por una propiedad en Bogotá.

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