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Hans Aramburo Urbano es un nombre que resuena en las denuncias de varias familias en Cali. Este sujeto es señalado de presuntamente haber detectado una debilidad en la legislación civil colombiana para apropiarse de propiedades ajenas y, posteriormente, explotarlas económicamente a través del arriendo. Séptimo Día conoció las acusaciones.Al parecer, este hombre estaría aprovechando el proceso declarativo de pertenencia (o prescripción adquisitiva de dominio), una figura legal diseñada para reconocer la propiedad a quienes han ejercido actos de dueños y señores por un tiempo determinado en Colombia.¿Quién es el señalado?Hans Aramburo, quien cuenta con nueve anotaciones judiciales por estafa, tres por hurto y una por invasión de tierras, es el eje central de al menos dos investigaciones en Cali que detallan cómo los propietarios o herederos de inmuebles se encuentran en vilo, enfrentando procesos judiciales que buscan arrebatarles sus bienes.El caso de la familia Prado, dueña de una casa en el barrio Versalles de Cali desde 1957, devela la táctica que este hombre estaría empleando. Después de que las últimas hermanas Prado Salcedo fallecieran - la última en un hogar de paso en 2022-, la casa en la que vivían quedó sola temporalmente. Mauricio Núñez Prado, sobrino de las dueñas, se ausentó por unos meses y a su regreso encontró trabajadores remodelando la propiedad.Mauricio relató en Séptimo Día que interpuso una denuncia por invasión ante la Fiscalía, pero la ley colombiana no le permitió desalojar a los presuntos invasores por la fuerza. Meses después, descubrió un aviso de demanda de pertenencia. El demandante era Dyron Andrés Serna, quien supuestamente había adquirido los derechos de posesión de Hans Aramburo.Según la información que encontró Mauricio en la demanda: “dice que Hans le vende la propiedad a Dyron y que Hans la había obtenido por posesión, por haber vivido ahí 10 años, desde el 2023”. Este argumento contrasta con la realidad, ya que, según los certificados de funeraria, las dueñas reales vivieron allí hasta 2017 y 2022. La abogada de la familia, Janette Gómez Rojas, sostiene que la información presentada por el presunto invasor “carece veracidad”.Tras tomar posesión del inmueble, Dyron Andrés, el presunto comprador, lo habría explotado económicamente, arrendando tanto la casa como el local comercial. Al ser contactado, el hombre afirmó que estaba en un proceso legal y señaló a su presunto vendedor: “Ya toca es digamos que el juez de sentencia y al que deberían de buscar es el que me vendió a mí, no a mí, que soy el comprador”.En el segundo caso de Cali, el presunto actuar de Aramburo se dio de forma rápida. Hernando García Plaza, heredero de una casa en el barrio Colón, estaba a cargo de la propiedad de su padre, Víctor García Bolaños, quien falleció en 2024. Él relata que visitaba la casa periódicamente, e incluso había dejado un aviso de “no se vende, no se alquila, no se deja estafar”, pero todo cambió en mayo de 2024, cuando se ausentó por 15 días.A su regreso, en junio de 2024, encontró la casa invadida. En una de sus visitas, Hernando y su esposa encontraron una ferretería en el local y el dueño les dio la tarjeta de Hans Aramburo.Hernando García, que lucha por recuperar su herencia, manifestó su frustración: “Para mí es un ladrón, porque me está quitando la pertenencia que me dejó mi padre”. La familia García encontró que Aramburo había interpuesto “un montón de demandas”, aunque, hasta el momento, la mayoría han sido inadmitidas o rechazadas en primera instancia.Séptimo Día intentó contactar a Hans Aramburo Urbano en su presunta oficina en Cali, así como por vía telefónica, pero no se obtuvo respuesta.En Bogotá, inquilinos reclaman propiedades de arrendadoresLos casos en Cali no son aislados. En Bogotá, familias que arrendaron sus propiedades también enfrentan demandas de pertenencia interpuestas por sus inquilinos, quienes buscarían quedarse con el bien tras años de ocupación.Héctor Rubiano Torres, de 76 años, agricultor de Boyacá, compró su casa en Bogotá en 1984. En 2009, la arrendó a Armando Alaguna y su pareja, María Leonid de Lozano. En 2017, las hijas de Rubiano se mudaron al tercer piso de la casa y la relación con los arrendatarios se deterioró.Según Lizeth Rubiano, una de las hijas de Rubiano, en 2022 su padre recibió rumores de que los inquilinos estaban diciendo que la casa era de ellos. Luego, los inquilinos dejaron de pagar el arriendo y, a pesar de las solicitudes, se negaron a desocupar.“Mi papito habló con ellos para que me desalojen la casa. Cuando yo fui y acompañé a mi papá, le dijeron que no le iban a dar la casa y que iban a vender lo que sea con tal de tener la casa de mi papá”, relató Lizeth en Séptimo Día.María Leonid de Lozano interpuso en marzo de 2025 un proceso declarativo de pertenencia por prescripción extraordinaria. Su abogado señala que ella manifiesta “que ella lleva 30 años al frente del bien inmueble, donde ejerce ánimo de dueña y señora del mismo”.Al ser confrontado, Armando Alaguna cuestionó la validez del contrato de arrendamiento que él mismo había firmado: “No sé. Vea están demandados con los contratos porque los contratos son chimbos” y reconoció que no compró la casa. Sin embargo, justificó su intención de iniciar el proceso legal: “Ah, bueno, porque es que yo ya llevo mucho tiempo acá”. Por su parte, María Leonid de Lozano se negó a responder preguntas.También en Bogotá, Dora Alicia Bórquez, de 68 años, enfrenta un proceso. Es propietaria de una casa y un lote en Ciudad Bolívar que su padre adquirió en 1980. En 2009, un conocido arrendó el lote a Gilberto Rodríguez, quien montó un parqueadero, pero luego dejó de pagar el arriendo y, tras su fallecimiento, su pareja, Gloria Marlén Urrego, interpuso una demanda de pertenencia.Al ser consultada sobre la legitimidad de su reclamo, Gloria Marlén Urrego afirmó que vive allí desde el 16 de diciembre de 2009 y alegó que su acción es una “contrademanda” porque Dora la había demandado por arriendos.El proceso de pertenencia requiere que el demandante demuestre posesión durante 10 años y actos de dominio (como pago de impuestos, mantenimiento y mejoras). Sin embargo, los denunciantes temen que los señalados estén manipulando pruebas o inventando historias para quedarse con propiedades de forma supuestamente ilícita.Todos los casos mencionados están siendo analizados por distintos jueces de la República, quienes tendrán que fallar en derecho para decidir el desenlace de estos pleitos.

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